El llamado “nuevo municipalismo” está revolucionando la concepción del estado y la democracia con distintas experiencias a nivel mundial, tanto en los países centrales como los periféricos. La vieja concepción del municipio como mero vehículo burocrático del estado nacional está cediendo paso al de un lugar clave para fomentar la democracia directa y la descentralización del poder. Uno de los ejes de este nuevo municipalismo en Argentina es el concepto de arraigo. En un país de las dimensiones del nuestro, fragmentado y desconectado, resulta imprescindible neutralizar esa máquina succionadora de migración interna que son las grandes urbes, suministrando a los pueblos y ciudades rurales las herramientas económicas, educativas, sanitarias, conectivas y jurídicas para que retengan a su propia población y generen oportunidades para una migración más transversal, como la que caracteriza, entre otros lugares, a Estados Unidos. En San Antonio de Areco, Francisco Paco Durañona puso en práctica esta propuesta de participación municipal con política de arraigo entre 2011 y 2019, una experiencia casi de laboratorio porque coexistió con dos proyectos nacionales antagónicos. Entre 2011 y 2015 el gobierno de Cristina Kirchner propició la inversión pública y el arraigo. En los cuatro años siguientes, el de Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, la timba financiera y un mercado desregulado que facilitaba la macrocefalia que ha caracterizado al país. El 10 de diciembre pasado, Durañona dejó su puesto de intendente y pasó a ocupar su banca de senador de la Provincia de Buenos Aires.

--Cuando hablamos de poder siempre se piensa en el Poder Ejecutivo a nivel nacional y su capacidad para resolver la situación económico-social de la población. El nuevo municipalismo que se ha desarrollado en las últimas décadas cuestiona esto y pone el acento en la acción a nivel local. Si lo llevamos a situaciones críticas como la que vive el país hoy, ¿qué poder real tiene el municipio para intervenir en el día a día? ¿Tiene protagonismo propio o es víctima pasiva del poder central y la magnitud de la crisis?

--El municipio tiene posibilidades de atender demandas de acceso a derechos tradicionales como alumbrado, barrido y limpieza, salud, educación, y también de ir más allá, pero la realidad es que en Argentina no está instalada la autonomía e independencia de los gobiernos locales a nivel institucional y jurídico. En esto hay un debate no resuelto. Un sector muy fuerte plantea que los gobiernos locales son meros administradores de recursos esenciales o como se dice muchas veces, el primer mostrador. ¿Qué es esto del primer mostrador? Un intendente en una mesa de entrada que recibe demandas que luego pasa a otras instancias encargadas de resolverlas. Pero hay otra visión, en la que participo, y que es parte de un movimiento internacional, que piensa que el municipio proporciona un modelo de democracia directa, de proximidad entre la ciudadanía y la autoridad que permite por lo tanto conocer la problemática concreta de los ciudadanos y resolverla más efectivamente. En Argentina hay una gran concentración de poder y serias limitaciones institucionales y jurídicas que nos dejan con escasas herramientas para intervenir. A pesar de eso, estas herramientas existen y permiten avanzar hacia una autonomía fiscal y un sistema jurídico moderno que dé respuestas no solo a la problemática tradicional de los municipios sino también al acceso a la tierra, la vivienda o a cinturones verdes frente a los problemas de contaminación ambiental. En la Constitución nacional hay un solo artículo que habla de los municipios. En la constitución de la provincia de Buenos Aires ninguno. Pienso que si la Argentina quiere ponerse de pie de verdad, el eje central tiene que ver con el rol protagónico de los gobiernos locales y políticas de arraigo que terminen con la impresionante concentración del poder político y la densidad poblacional y de recursos concentradas en las grandes urbes.

--Usted habla de limitaciones institucionales. Partamos de lo básico. ¿Cómo se financia un municipio?

--Un municipio tiene una coparticipación que viene de la provincia de Buenos Aires que a su vez recibe la coparticipación del gobierno nacional. La coparticipación actual está elaborada en base a variables muy discutibles para definir qué porcentaje le toca a cada municipio. La variable de la población, por ejemplo. San Antonio de Areco recibe 300 mil turistas por año y no hay ni un punto de la coparticipación que sea para financiar el esfuerzo que representan estos 300 mil turistas que vienen de Argentina y todo el mundo para usar nuestros servicios de salud, vialidad, espacio público. Pero aparte de este financiamiento que tienen los municipios de la coparticipación, está el sistema fiscal local. Esta es otra discusión. Muchos piensan que el municipio no tiene y no debe tener mucha autonomía fiscal y estamos los que pensamos que sí la tiene. De hecho, en mis dos mandatos en San Antonio de Areco pasamos de tener una dependencia de la coparticipación en 2011 cercana al 70%, o sea que el 70% del financiamiento para proyectos municipales provenían de la provincia, a una proporción exactamente a la inversa. Hoy el 70% de los ingresos son tasas municipales y solo el 30% viene de la coparticipación.

--¿Cómo hicieron para cambiar de un modelo de financiamiento municipal centrado en la coparticipación a otro mucho más autónomo?

--Creamos nuevas tasas, volcamos el esfuerzo fiscal local a los grandes ganadores del modelo --sistema financiero, empresas de servicios públicos, sistema agropecuario a gran escala-- y lo reducimos muy fuertemente en barrios, familias, trabajadores. El 70% de tasas locales provino de bancos, estaciones de servicios, telefonía, gas, grandes extensiones agropecuarias.

--¿Cómo fue la reacción de estos sectores a este cambio de paradigma?

--He tenido ataques permanentes de los grandes medios nacionales. Le doy un ejemplo. San Antonio está a mitad de camino de una obra muy importante para el turismo y el desarrollo productivo, la autopista Pilar-Pergamino. El tramo que le corresponde a San Antonio de Areco le fue otorgado a Iecsa, la compañía de Macri, que había ganado la licitación durante el gobierno de Cristina Kirchner. A esta obra de casi cinco mil millones de pesos, le cobramos 50 millones de tasas. Eso fue un escándalo. Tuve amenazas del titular de Vialidad Javier Iguacel, nos cortaron todos los convenios con Vialidad y la presión mediática fue muy importante. Llegamos a tener movileros de canales de la Capital informando sobre esta tasa que le cobrábamos a Iecsa y sobre los cambios que habíamos hecho en términos de financiamiento municipal.

--En Argentina se hace siempre una equivalencia entre gasto público y situación fiscal: si hay déficit es porque se gasta mucho, no porque se recauda poco. Hoy el gobierno nacional está cambiando esta ecuación y el debate sobre la recaudación está ocupando un lugar mucho más central. En el caso particular de San Antonio de Areco, ustedes aumentaron la recaudación con tasas fiscales municipales y ganaron independencia de la coparticipación que les llegaba de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo invirtieron esos nuevos recursos?

--En el 100% de los barrios pudimos poner cuneta, asfalto, desagües fluviales, resolver mucha problemática que no hubiéramos podido resolver porque por la mala definición de transferencia de recursos de Nación a provincia y de provincia a municipios vivimos una discriminación total en los cuatro años de gobierno de Macri. La realidad fue que nos cortaron todo tipo de financiamiento para cualquier iniciativa, con lo que tuvimos que financiarnos con lo nuestro.

--Precisamente usted estuvo a cargo del municipio en dos períodos totalmente distintos. Fue intendente primero del 2011 hasta el 2015 con Cristina Kirchner, que representaba un modelo económico y político, y luego del 2015 a 2019 con la austeridad, crisis económica y manipulación política de las transferencias que caracterizó a Macri a nivel nacional y a María Eugenia Vidal en la provincia. ¿Cómo se gobierna un municipio que sufre las limitaciones estructurales de Argentina y que además hace un giro de 180 grados en el modelo económico con un desastroso impacto en todo el país?

--Hubo que hacer malabares. Primero porque así como en Argentina hay una concentración económica, mediática y poblacional, existe también una concentración política extraordinaria. Somos un país unitario. No puede ser que por pertenencia política uno reciba más transferencias que otro porque en el fondo se está castigando a la comunidad. Esto lo vivimos. Los primeros cuatro años fueron de enormes transferencias de recursos para avanzar con obras que tenían un retraso de décadas: obras hidráulicas, vivienda, universidad nacional, saneamiento. Nosotros pasamos del 20 al 90% de cobertura cloacal en ocho años, con un 100% de agua potable de excelente calidad. Tenemos un 90% de gasificación. A nivel de América Latina somos uno de los municipios más gasificados. Y en el 2015 ese nivel de transferencia se cortó.

--A lo que se sumó la crisis económica nacional, con lo que vuelvo a la primera pregunta. ¿Qué puede hacer un municipio en una situación de descalabro? ¿Tiene margen de maniobra para enfrentar una crisis nacional de la magnitud que vivió Argentina en estos cuatro años?

--Pudimos transitar y cabalgar estos años con éxito porque desde el principio propusimos un modelo de arraigo. Es decir, independencia económica para tener soberanía política. Un despliegue de la gestión en todos los rubros, desde los tradicionales hasta los nuevos, de garantizar la salud en todos los rincones del municipio hasta políticas de género. Eso nos permitió sortear estos cuatro años a partir de una correcta política fiscal. Hoy tenemos un sistema de salud que es puramente municipal. En San Antonio de Areco no hay salud privada, provincial o nacional. Todo el sistema de salud es municipal: emergencias, traslados, maternidad, geriátrico, terapia intensiva, ambulancias. Y somos uno de los pocos municipios en Argentina que tiene un sistema completo de educacional municipal. Nosotros garantizamos la educación a partir de los 35 días de nacidos de los niños y las niñas en todos los barrios y también en las localidades rurales. Y esta educación llega a la educación universitaria. La última universidad que se creó en Argentina fue la de San Antonio de Areco impulsada por nuestro modelo de arraigo. La idea es que los estudios superiores vayan al territorio y no que los estudiantes se vayan a las grandes ciudades a estudiar. Todo esto requiere un esquema fiscal intenso. Creamos un Agencia municipal de Habitat que generó cinco mil soluciones habitacionales para una población de 30 mil a pesar de que, como le digo, no tuvimos ningún apoyo de la provincia.

--Estamos hablando de cuatro años de profunda crisis económica y social. ¿Cuáles fueron los problemas que surgieron con el macrismo y qué salida le dieron?

R - Hubo mucha problemática de Habitat porque los aumentos de los alquileres expulsaron a cientos de familias de sus viviendas con lo que se generaron temas de hacinamiento y otros problemas. Otro tema fue el de la alimentación. Con el esquema de soberanía alimentaria y las ferias de proximidad resolvimos mucho. La feria de proximidad tiene dos ejes. Una compañía municipal de alimentos donde capacitamos a familias sin empleo y a productores de pequeña y mediana escala y combinamos eso con un estudio de mercado que nos permitió saber qué tipo de productos con alta demanda no se producen en San Antonio de Areco a pesar de que se podían producir localmente. Esto nos permitió crear un círculo virtuoso muy interesante. Con la unión de trabajadores de la tierra, por ejemplo, hicimos acuerdos que garantizaban el acceso a frutas y verduras a bajos precio y, al mismo tiempo, estimulaban la producción local. Tenemos ferias semanales en las que invitamos a cooperativas, a productores locales y regionales, donde se ofrecen este tipo de productos de altísima calidad que no son de marcas conocidas sino locales y regionales y que permiten un contacto directo del productor al consumidor. Creo que este tipo de círculo virtuoso basado en lo local debería implementarse a nivel nacional. El último paso de este modelo fue la tarjeta soberana por soberanía alimentaria donde a 300 familias muy vulnerables les garantizamos mil pesos por mes para productos autorizados por el municipio. Estamos hablando de productos saludables, frescos y nutricionales que se producen a nivel local. Ese trabajo también lo hacemos en las cantinas de las escuelas. A los supermercados les exigimos que un 30% de las góndolas tienen que ser para productos locales.

--Es interesante porque el municipio de Preston en el norte de Inglaterra tiene un sistema similar para unir la provisión alimenticia con la producción local, modelo elogiado por el líder del laborismo británico Jeremy Corbyn sobre el que Página/12 informó en su momento.

--Es el concepto de soberanía alimentaria. Los municipios son centrales en esto. Somos uno de los tres municipios de América latina que forman parte del comité ejecutivo del pacto de Milán, que es la mayor organización de trabajo en provisión de alimentos a nivel mundial que se basa en este concepto. Pero volviendo al impacto que tuvo la crisis económica y el margen de maniobra del municipio, le hablé de vivienda y alimentación, pero también vivimos el impacto del aumento tarifario. En esto chocamos con este sistema unitario nacional que se siente tanto a nivel judicial como institucional. Nosotros llevamos en 2016 una demanda judicial para que el municipio pudiera influir en el cuadro tarifario. No hubo respuesta a esa demanda. A nosotros nos ayudó mucho nuestra matriz turística, que hizo que pudiéramos sostenernos, pero no quiero imaginar lo que pasó en municipios que no tenían este recurso.

--En España también hubo una iniciativa muy interesante a nivel municipal respecto a los paraísos fiscales. La iniciativa, que firmaron casi todos los municipios, incluidos los más grandes como Madrid y Barcelona, los comprometía a que no hubiera contratos públicos con compañías que tuvieron una relación económica con las jurisdicciones que España define como paraísos fiscales. ¿Le parece posible hacer algo similar en Argentina donde el tema de los paraísos fiscales y la fuga de capitales es tan central?

--Nosotros prohibimos la instalación de cualquier entidad financiera que no estuviera aprobada por el Banco Central. Es muy común en los municipios que haya pequeñas financieras que hacen grandes negocios con los salarios de los trabajadores. En general, estas organizaciones tienen en el último eslabón una pata en paraísos fiscales. Eso lo hicimos y tuvo su costo político. También limitamos cualquier casa de juego, incluso de lotería nacional. Y lo más fuerte fue exigir a partir de una ordenanza que el municipio controle las inversiones que se hacen --muchas con fideicomisos-- para conocer la identidad de los participantes y el origen de los fondos. Quisimos firmar un acuerdo con la UIF, la Unidad de Información Financiera. Nunca quisieron avanzar por este camino. Es decir que los municipios tienen mucho para hacer en este aspecto. Pero obviamente tenemos que trabajar de manera coordinada con los organismos nacionales porque no tenemos las herramientas como para transparentar el origen de todos los fondos que operan localmente. Es muy interesante la experiencia de España que usted señala.

--¿Qué modelo municipal necesitaría Argentina?

--En el mundo la gran discusión en los foros de gobiernos locales es la migración de población rural a grandes ciudades. La cuestión es evitar por un lado la despoblación y, por el otro, el colapso de las grandes ciudades. En los últimos 30 años a nivel mundial se considera que es terrible que haya una migración rural a urbana del 50%. En América latina esta migración ha sido del 80%. Y Argentina es el lugar con mayor concentración urbana. En Argentina hay 2300 municipios. El 2,5% de esos municipios tiene más de 100 mil habitantes y concentra al 90% de la población argentina. Los municipios de la zona conurbana se están convirtiendo en provincias inviables porque hay un constante aumento de la población. Y al mismo tiempo tenemos municipios del interior con enorme riqueza, pero cada vez menos población por la falta de conectividad, salud, acceso a la tierra y la vivienda. En este sentido necesitamos un nuevo modelo de transferencia automática de recursos y de mayores funciones a los municipios. Hay que rediscutir la organización política jurídico e institucional de la Argentina y aprovechar la enorme riqueza que tenemos en el interior a partir de un modelo de arraigo para que la gente apueste a vivir en pequeñas y medianas localidades como sucede en Europa en vez de concentrarse en grandes urbes. En España y Dinamarca, por ejemplo, las escuelas están administradas por los municipios. En Argentina no es así. Es ridículo que, por ejemplo, para obtener un pizarrón, un pupitre, o arreglar un techo, haya que irse de rodillas a la Dirección General de Escuelas en La Plata. Todo esto hay que cambiarlo de manera urgente si queremos tener otro tipo de país.