Las familias criollas que habitan por generaciones las tierras de la empresa estatal Salta Forestal han recibido históricamente escasa o nula ayuda del Estado pero han logrado sobrevivir en esa zona realizando numerosas actividades productivas, entre las que se destaca la cría de ganado vacuno a campo abierto.

La estimación de la superficie necesaria para sostener a una familia tipo de la zona surge de una investigación que realizó personal profesional y técnico del Grupo de Estudios e Investigaciones Socio-Ambientales (GEISA) del INENCO (CONICET/UNSa), la Universidad Nacional de Salta (UNSa), y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) bajo la coordinación del doctor en Ciencias del Medio Ambiente, Lucas Seghezzo.

El trabajo fue realizado a pedido de la empresa estatal Salta Forestal SA, que administra una serie de lotes de propiedad estatal ubicados en el departamento Anta de la provincia de Salta. Esta empresa concesionó a dos privados, hace más de 20 años, gran parte de las tierras bajo su jurisdicción, a pesar de que éstas estaban habitadas por pequeños productores criollos desde hacía décadas. Esta concesión fue criticada por su magnitud y por presuntas irregularidades administrativas.

Una de las conclusiones del estudio es que, si no se realizan inversiones productivas significativas, la superficie total de las zonas restituidas, 110.000 hectáreas, sería insuficiente para alcanzar establecimientos productivos sustentables. De la investigación surge la propuesta de que se regularicen un promedio de 577 hectáreas por cada familia criolla que acredite derechos posesorios. El objetivo es que cada familia logre, luego de la realización de mejoras productivas, superar el valor de la canasta básica alimentaria, lograr sistemas productivos que no destruyan el ambiente e impedir la migración de las nuevas generaciones a los centros urbanos.

Historia 

En 1974 el gobernador Miguel Ragone (desaparecido por la última dictadura cívico militar), impulsó la ley 4.981 enmarcada en la ley nacional 13.273 que limitó las concesiones forestales en tierras públicas. El Estado debía regular la producción forestal en conjunto con Fabricaciones Militares. Así surgió en 1975, en el marco de la intervención al gobierno de Ragone, un proyecto con instalaciones de investigación e industrialización que involucraba hasta un aserradero. La población rural dispersa se concentró en el predio y fue tomada como mano de obra. Durante el gobierno provincial de facto a cargo del marino Roberto Augusto Ulloa se abandonaron los proyectos de bosques. Esto fue degradando las tierras y bajó la producción.

Al llegar al gobierno el ahora senador nacional Juan Carlos Romero (1995-2007) impulsó en 1998 un proceso licitatorio. En este proceso sólo se presentó la firma Ecodesarrollo Salta SA, una sociedad constituida por Alfredo Paulino Olmedo (padre del diputado nacional con mandato cumplido, Alfredo Olmedo), y Néstor Virgilio Cervera. En 1999 se concedió la explotación de 219.000 hectáreas a 35 años con opción a 15 años más, y las 120.000 hectáreas restantes por 35 años con opción a 29 años más. El pago de un canon por la explotación de las tierras recién se haría efectivo a 20 años de la concesión. Con el tiempo, ambas empresas se dividieron y cedieron sus derechos a otras firmas. En la actualidad las tierras están en manos de CRESUD y de la empresa Anta del Plata.

Las 318 mil hectáreas de las casi 340 mil que conforman Salta Forestal fueron explotadas. El negocio privado coexistió con las familias pequeñas productoras que vivían en el lugar antes de ser entregado a privados. “Durante el período auditado las relaciones entre las empresas concesionarias y los puesteros fue altamente conflictiva. Al menos 200 familias fueron expulsadas, según una inspección del Ministerio de Trabajo, a la vez que se prohibió que el ganado de los puesteros ingrese en los predios que formaban parte de la concesión”, señala el informe. “Las empresas concesionarias prácticamente no realizaron obras de infraestructura”, pese a que sí produjeron para exportar.

Con arsénico, sin servicios básicos

En la investigación se logró visitar 93 puestos en los que se detectaron 179 familias y 680 personas como habitantes permanentes o temporarios de Salta Forestal.

Entre los trabajos se hicieron análisis del agua. En casi la totalidad de los pozos en funcionamiento “el 99% de las muestras analizadas contienen valores elevados” de arsénico, lo cual caracteriza a Salta Forestal como una zona netamente arsenical.

La falta de acondicionamiento de los pozos de agua también genera valores de nitritos que están por encima de las medidas establecidas por el Código Alimentario Argentino (CAA). El 43% de los pobladores percibe alguna pensión o jubilación y el 27% recibe la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Cuando se habla de servicios básicos se indicó que “ninguno de los puestos relevados cuenta con luz eléctrica de red pública, agua potable de red pública o agua potable provista por una empresa”. Solo un 7% de los puestos tiene señal de celular. “Para poder mantenerse conectados y comunicados, los puesteros/as utilizan la radio o, en el caso de estar cerca de alguna escuela, se acercan a las inmediaciones ya que éstas cuentan con antenas propias con servicio de WiFi”.

En algunos casos, el agente sanitario no pasa, o lo hace cada dos años. Cuando llueve, la intransitabilidad de los caminos los deja aislados, lo que también complica la posibilidad de comercializar la producción. Pero la complicación es peor en caso de emergencias sanitarias, para que los niños accedan a la escuela, o para cobrar alguno de sus ingresos en los pueblos cercanos.

Tierras insuficientes

Las empresas acordaron devolver al Estado parte de las tierras y el pago mínimo de un canon. A cambio de dejar sin efecto un juicio por lesividad que había iniciado el gobierno de Juan Manuel Urtubey a la firma Ecodesarrollo, y por la falta de pago de canon por 20 años, se devolvieron en total 81.819 hectáreas en 2017.

Estas hectáreas recuperadas comenzaron a ser administradas nuevamente por Salta Forestal SA hasta la actualidad. A éstas tierras se suman las casi 30 mil hectáreas que quedaron en manos de la provincia tras la concesión. Este total de casi 110 mil hectáreas son insuficientes para regularizar a los puesteros y permitirles un desarrollo de su trabajo en las condiciones productivas, ambientales y de infraestructura actuales.

En promedio, por la calidad de estas tierras y la situación ambiental, se necesitan actualmente más de 13 hectáreas para alimentar adecuadamente a una vaca. La cantidad varía según la calidad del suelo de esas tierras. La productividad de la región, indicaron los expertos en sistemas silvopastoriles convocados para este estudio, “se potenciaría luego de la introducción de las mejoras”. Aunque se estimó que, en términos puramente económicos, el espacio óptimo por puestero sería el necesario para mantener 220 vacas, se hizo una propuesta preliminar con la mitad de esa cantidad para permitir una actividad productiva en sintonía con la protección ambiental y que permita un desarrollo familiar adecuado.

Analizado en todos los aspectos, los investigadores indicaron que se demuestra, cuando se trata de los pequeños productores, “una ausencia del Estado en sus actividades productivas y sociales, falta de forraje para el ganado en época de estiaje (mayo a noviembre), provocando pérdida de animales y la falta de inserción de los puesteros a alguna asociación de productores”. Ello pese a que, indicaron, los puesteros han demostrado su conocimiento sobre los trabajos a realizar cuando se trata de generar la producción en escala familiar.

Próximos pasos

El estudio se entregó oficialmente a las autoridades de Salta Forestal SA de la anterior gestión antes del cambio de gobierno. Será presentado ante los puesteros de la zona en talleres participativos que se realizarán luego de la temporada de lluvias para permitir la asistencia de todos los interesados.

La expectativa entre quienes hicieron este informe es que las nuevas autoridades provinciales tengan en cuenta este estudio para tomar decisiones políticas que resuelvan los conflictos de tenencia de la tierra en la zona. Afirmaron que una posesión segura de la tierra es condición necesaria para una transición de los pequeños productores criollos hacia modelos productivos más justos y sustentables.