Las cooperadoras asistenciales salteñas entraron en un área de incertidumbre por la falta de financiamiento para sus tareas y, hasta el momento, tanto el gobierno provincial como los municipios no pueden aportar certezas sobre su futuro. 

La preocupación radica no solo por la ayuda social que prestan estos organismos, sino también por los empleados que trabajan en ellos, especialmente en Capital, que tiene unos 257 trabajadores.

La firma del Pacto Fiscal entre la Nación y la mayoría de las provincias, imponía reformas tributarias entre la que se incluyó en Salta la eliminación del impuesto que financiaba a las cooperadoras asistenciales, que consistía en un aporte de las empresas por cada empleado contratado.

Sin embargo, la reciente suspensión de dicho pacto dejó abierta la posibilidad de continuar con el cobro del tributo, pero desde el gobierno provincial decidieron unilateralmente sostener su eliminación y, según expresó en una reunión con diputados, el secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato, se reemplazarán esos fondos con recursos generales con los que cuenta la provincia, aunque el funcionario no brindó mayores precisiones.

En 2019 el total de fondos que se destinaron a las cooperadoras fue superior a los 400 millones de pesos, de los cuales más de 260 millones fueron para la Capital, unos 20 millones a Orán, más de 15 para Tartagal y 10 millones para Rosario de Lerma, que son los que más reciben.

El criterio para distribuir ese dinero era principalmente basado en el lugar de radicación de las empresas aportantes, en virtud de ello se da ese desequilibrio entre lo que recibe Salta con respecto al resto de los municipios.

La intendenta capitalina, Bettina Romero, ya le reclamó al gobernador Gustavo Sáenz que absorba algunas de las tareas de asistencia que realiza la cooperadora, y admitió que se encuentra desfinanciada: “Los últimos fondos que entraron fueron los correspondientes a noviembre. Ese dinero fue utilizado para pagar sueldos, subsidios a comedores y otros gastos corrientes. Siempre las cooperadoras se financiaron desde la Provincia. Lamentablemente, no podemos hacerle frente. Son millones de pesos”.

Tal es la preocupación de la jefa comunal que el tema se volvió recurrente en los partes de prensa oficiales de la Municipalidad y que son replicados por el diario El Tribuno, propiedad de la familia Romero. 

Esta presión pública no hizo mella en el Ejecutivo en cuanto a que sigue sin dar precisiones sobre el tema, pero trascendió que en los próximos días, cuando retorne Sáenz de sus vacaciones, anunciaría como repondrán esos fondos a los municipios.

Fondos para asistencia 

Desde el gobierno analizan sostener las partidas que se enviaban a las cooperadoras hasta noviembre, pero la diferencia radicaría en que no se otorgarían específicamente a esos organismos, sino que sería un extra para asistencia social que pasaría a ser administrado por los municipios.

Con este criterio cada intendente decidirá si sostiene las estructuras de las cooperadoras, que fueron creadas por una ley provincial en 1966, o distribuyen ese dinero mediante las respectivas secretarías de Acción Social.

El ex presidente del Foro de Intendentes, y actual secretario del Interior, Mario Cuenca, en un encuentro con senadores, minimizó el efecto que puede llegar a tener la desaparición de las cooperadoras en la mayoría de los municipios ya que manejan escasos fondos y no tienen un papel relevante en la asistencia.

Por el contrario, en la Capital la cooperadora “Roberto Adán Galli”, cuenta con 11 programas, algunos de los cuales son de asistencia directa, como la “Farmacia Social” o la “Copa de Leche”, con el que se da desayuno y merienda a alumnos de escuelas y colegios de la ciudad y por el que recibían un monto anual extra desde el Ministerio de Educación provincial de 65 millones de pesos.

Además, para esta época del año generalmente la Cooperadora atiende situaciones que surgen por las abundantes lluvias, como asistencia a evacuados por inundaciones o ayuda a vecinos que sufrieron daños materiales por las inclemencias climáticas.

Pero la principal consecuencia que deberá afrontar Romero si es que desactiva a la cooperadora, será el destino de los 275 empleados, entre planta permanente y otras modalidades, que prestan servicio en este organismo.

Una ley pendiente

Los trabajadores ya expresaron su preocupación por la incertidumbre laboral el año pasado con una serie de manifestaciones frente a la Legislatura, en ese momento el reclamo era para que se apruebe un proyecto de ley presentado en Diputados por Mario Vilca, Lucas Godoy y Nicolás Taibo, todos ya con mandato cumplido.

Dicha iniciativa, que obtuvo en septiembre media sanción en la Cámara Baja, creaba un “Fondo Solidario de Asistencia Social” con el objetivo de atender distintas situaciones de emergencia según el orden de prioridades establecido en el proyecto: Programa Copa de Leche, Alimentos, Medicamentos y necesidades prioritarias y extremas.

El financiamiento de ese Fondo salía del 5% de lo que se paga en concepto de premios de juegos de azar y la totalidad de los premios no cobrados, y el criterio de distribución de los fondos iba a ser utilizando el coeficiente de la coparticipación provincial, por lo que, aunque Capital seguiría recibiendo más fondos que los demás municipios, la brecha se iba a acortar y beneficiaría a las comunas más chicas.

La actual intendenta Romero, que cuando se trató el proyecto era diputada, fue una de las que votó a favor de su aprobación. Luego la iniciativa se estancó en el Senado y, a menos que llamen a sesiones extraordinarias, recién en abril podría sancionarse. Hasta eso ya se espera que el Ejecutivo haya definido alguna alternativa.

Mala fama

Aunque la función social de las cooperadoras asistenciales son claramente establecidas en la ley 5335, que las crea con la finalidad de asistir las necesidades prioritarias sociales y sanitarias en cada municipio para evitar que esta ayuda sea centralizada solo por el gobierno provincial, existe sobre ellas un manto de sospecha acerca del uso de los recursos con los que cuentan y su desvío para fines electorales o clientelistas.

No en vano en el proyecto aprobado en la Legislatura pusieron los autores  mucho énfasis en garantizar los controles de la ejecución de fondos, los cuales deberán utilizarse en un plazo no mayor a los 90 días desde que fueron girados, considerando que se trata de atender situaciones urgentes, y de esta manera evitar lo que pasó con la cooperadora de capital que en 2016 tuvo ocho millones de pesos inmovilizados en un plazo fijo.

Además, el proyecto establece que el control de la rendición de fondos por parte de los municipios será mensual a través de la Sindicatura General y que la Auditoría General igualmente mantendría, tal como lo establece la Constitución Provincial, sus funciones de control sobre los gastos de las cooperadoras, por lo que se implementaría una doble revisión.