Tatiana Leiva, de 21 años, se desempeñaba en las oficinas del Registro Civil de la localidad de La Merced. La joven denunció que recibió agravios y cuestionamientos por su edad y capacidad en su función por parte de la asesora legal del municipio, Natalia Wayar, hermana del intendente saencista Javier Wayar.

La joven radicó la denuncia en la Comisaría de La Merced y en el Ministerio de Trabajo de Salta.

La novedad de la denuncia por violencia laboral se conoció en medio de las manifestaciones por la reincorporación de 42 trabajadores municipales. Leiva contó a Salta/12 que sufrió un hecho de violencia laboral el 10 de diciembre, ni bien asumió el intendente Wayar.

Dijo que ese día a las 10.30 le llegó una nota en la que se indicaba que debía dejar el puesto que ocupaba con las claves y llaves de las oficinas del Registro Civil. “Me negué a hacerlo porque no me hicieron ningún acta formal”, relató. A las 12.30 pidió hablar con el intendente, pero la secretaria le dijo que no estaba disponible. La joven tenía contrato de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2019.

“Me senté afuera a esperar porque no iba a dejar las llaves a cualquier persona”, contó. Además, dijo que el intendente debía firmar papeles vinculados a trámites del Registro Civil. A las 12.45  "la doctora Natalia Wayar me preguntó de mala manera que quería porque decía que estaban ocupados”.

Leiva respondió que esperaba la firma del intendente para enviar los papeles a las oficinas del Registro Civil en Capital. “Ella me preguntó cuántos años tenía y yo le respondí que 21. Me pidió el documento, se lo mostré y me dijo que no era yo y luego me hizo pasar a una oficina”. Entre cuatro paredes Wayar le dijo que “era una pendeja” y que había conseguido el puesto por el vínculo de amistad que tenía en el círculo del ex intendente Juan Ángel Pérez. Además, la abogada le dijo “que no era capaz de estar en el cargo que tenía”. Según Leiva, también le aseguró que nadie la iba a defender "porque yo no estaba en ningún gremio”.

Después de esas palabras, Wayar le quitó la documentación que debía ser firmada. “Salí de la oficina llorando porque estaba mal. (...) Estaba mal por todo lo que me había dicho”. Inmediatamente se lo contó a una compañera de trabajo y dijo que iba a denunciar a la asesora. Tuvo la mala suerte de que la escuchara Alberto Cristian Carabajal, cercano al intendente, quien la hizo volver a la oficina. “En ese momento llamé a las autoridades del Registro central para que se comuniquen conmigo por la situación”. En la oficina nuevamente ingresó Wayar junto al otro asesor legal, Mauro Martina, quienes pedían un número de teléfono “porque no me creían que los papeles que tenía eran para mandar a la sede central”.

“Pedía que se hagan bien las cosas y que me realizaran un acta”, relató la joven. Le devolvieron los papeles y salió de la oficina. Por la tarde de ese día, se comunicó con una compañera de trabajo, quien le aconsejó radicar la denuncia.

Leiva dijo que realizó la primera denuncia el 12 de diciembre en la Comisaría de La Merced. “La hice cuando salí de trabajar”, contó. La denuncia quedó “sin caratular, pero de lo que se habló fue de violencia laboral”, explicó.

“El 14 fue el intendente a mi oficina. Le dije que hice la denuncia contra su hermana y él me informó que no conocía la situación. Me pasó su número de teléfono por si pasaba algo”, relató.

Luego, el 18 de diciembre, en el marco de la primera audiencia de conciliación entre los trabajadores municipales y el gobierno municipal, la joven aprovechó y realizó la denuncia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia bajo la carátula de violencia laboral ejercida por la doctora Wayar.

Después de las denuncias hubo cambios: “Yo desayunaba en el momento en que no había gente. Entonces era entre las 10 u 11. Ni bien hice la primera denuncia me prohibieron desayunar”, contó.

Además, relató que desde el municipio le “pusieron una persona para que vea si estaba trabajando”. “Era un chico al que yo le pregunté qué hacía, él me respondió que lo mandaron para supervisar”. La joven le comunicó a Martina que “eso no era posible”. Sin embargo, “en reiteradas oportunidades me mandaban personas a pedirme la llave” de las oficinas.

“Trabajé hasta el 30 y ese día me quedé hasta las 15 esperando al secretario de Gobierno (para dar las llaves) porque la señora Wayar me dijo que el intendente no me iba a atender”, manifestó la joven.

Negacionista de la violencia de género

Que el intendente Wayar designara a su hermana como asesora legal del municipio de La Merced motivó que en las redes sociales se recordaran antecedentes de la flamante funcionaria. Hasta mayo de 2019 Natalia Wayar se desempeñaba como mediadora en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Tuvo que renunciar luego de que se conociera un video en donde expresó que “la violencia de género no existe”.

La declaración fue en el marco de una capacitación a agentes de la Policía del Valle de Lerma. "La violencia no tiene género” porque “existen personas que no saben resolver sus conflictos de una forma pacífica”, dijo entonces.

“No crean que estoy en contra de la mujer, no. A lo largo de mi profesión he tenido que representar a mujeres maltratadas como también he tenido que representar a hombres maltratados”, continuó.

“Hay mujeres que realizan denuncias falsas y eso se lo puede ver cotidianamente”, añadió en la capacitación. 

Tras los dichos que se hicieron públicos, desde el Ministerio comunicaron que la abogada no tenía una autorización formal para dar la capacitación. Luego de la renuncia, a la ex funcionaria se le inició un sumario.

Continúa el pedido de reincorporación

Ayer, los trabajadores municipales aglutinados en el gremio de UPCN, continuaron con el paro y la manifestación en frente de la municipalidad de La Merced. Exigen que la renovación de los contratos que vencían el 31 de diciembre de 2019.

Los trabajadores realizaron una quema de gomas en la media calzada de la calle que da al edificio municipal. “Desde la intendencia se solicitó la llegada de Infantería” contó la delegada de UPCN, Valeria Martínez. Dijo que dos efectivos fueron a pie a la Comisaría del lugar que queda frente a la institución. “Estuvieron hasta las 13 que duró nuestra manifestación y recién se fueron del pueblo”.

“Mis compañeros salieron a recorrer el pueblo y vieron tres vehículos, dos camionetas con efectivos y un furgón que se usa para trasladar a las personas detenidas”, contó Martínez. Durante la presencia de los efectivos en la comisaría, los trabajadores contaron que los asesores legales, Natalia Wayar y Mauro Martina, cruzaron a la comisaría.

Los trabajadores sostienen el pedido de hablar con el intendente. “El pueblo lo votó a Javier Wayar y exigimos el derecho constitucional de poder hablar con las autoridades”, manifestó la delegada.

Por lo pronto, el miércoles continúa la audiencia de conciliación que se mantiene con la intendencia en la Secretaría de Trabajo. Desde UPCN presentaron una contrapropuesta para conseguir la reincorporación de los trabajadores cesanteados sin intervenir el presupuesto del municipio.