Miguel Gómez es el nuevo titular de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) de la Nación. Proviene de las organizaciones campesinas. Su acercamiento al MOCASE Vía Campesina se dio en 1999 y en 2003, cuando se creó el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina, fue uno de sus referentes. En 2011 comenzó un proceso de acercamiento al Movimiento Evita, tras el asesinato de Cristian Ferreyra, el joven campesino que fue asesinado en el marco de una disputa de tierras entre la comunidad Lule Vilela de Santiago del Estero y empresarios. Gómez se convirtió en referente del Frente Agrario Evita.
El funcionario nacional sostuvo ante Salta/12 que la prioridad de sus políticas apunta a un objetivo principal: “que ningún productor más deje la tierra”.
Entre las herramientas delineadas se encuentra la necesidad de armar un programa nacional de entrega de tierras fiscales, el impulso de la regularización dominial, y el debate en torno a una ley nacional de emergencia que frene los desalojos a las familias campesinas indígenas.
Gómez afirmó que el desarrollo integral de los pueblos indígenas va de la mano del relevamiento que se debe hacer en conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La intención es poder terminar con el relevamiento iniciado desde la sanción de la ley 26.160 en 2006. Agregó como otra prioridad la “reformulación de la ley de Arrendamiento Rural que es del 48”.
Participación de las organizaciones
Por resolución se creó el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena. Pero en la práctica, y durante el macrismo, no funcionó. “La idea es que funcione con la participación de todas las organizaciones para discutir las políticas y cómo trabajar”, sostuvo Gómez. Para extender la participación en el país se trabaja también en el objetivo de contar con sucursales regionales de ese Consejo. Esto con el fin de que las organizaciones que no están a nivel nacional pero que tienen presencia en las provincias también puedan participar de estas convocatorias.
Se prevé que desde ese Consejo se impulse la reglamentación de la ley 27118 promulgada en enero de 2015 que declara de interés público “la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva”. “Lo que nos faltaría ahí es presupuesto”, acotó Gómez.
“Nos encontramos con un lugar desolado”
En cuatro años de macrismo las entidades que contenían a la agricultura familiar fueron desarticuladas y desguazadas. A nivel nacional, la entidad pasó de tener 2000 trabajadores, a contar con 700. “Nos encontramos con un lugar desolado. Hubo muchos despidos”, dijo Gómez. Indicó que en la actualidad el presupuesto asignado a la SAF sólo “permite funcionar”. Esto implica pagar los sueldos de los trabajadores, la compra de combustibles para algunos vehículos o el alquiler de edificios para el funcionamiento de alguna delegación en el interior del país. La situación “es bastante crítica, lo que nos va a impedir dar respuestas inmediatas”.
Quienes quedaron en la Secretaría relataron a Gómez que los del macrismo “fueron cuatro años muy duros”. Mucha gente que hace más de tres décadas trabaja en el sector “con lágrimas en los ojos” contó que cuando querían intervenir con las familias agricultoras “no había ningún tipo de respuestas”. Con este tipo de actitudes de quienes tenían la decisión política en sus manos se hizo “hasta daño moral”, al someter a los técnicos a esta situación.
“Nuestra propuesta es que podamos reincorporar a la mayor parte de los compañeros a trabajar. Es necesario para desarrollar las políticas y volver con los compañeros al territorio”, manifestó el secretario. Aunque sostuvo que es uno de los principales temas a analizar, señaló que es una decisión que no pasa solamente por él.
“Se precisan manos en el territorio, cabezas y acompañamiento de los equipos técnicos”, dijo. Con el fortalecimiento en marcha en la producción de este sector, “pueden y deben aportar a las condiciones alimentarias”. En esas condiciones es que los pequeños productores pueden aportar a “contrarrestar el hambre en el país”, dijo.
Un actor central
En las provincias se definen aún los nombres de quienes estarán al frente de las delegaciones de la SAF. En ese sentido Salta no es la excepción y todavía se está a espera de definiciones.
“Tenemos que fortalecer la unidad” de la agricultura familiar, dijo Gómez. Quienes ocupen el cargo “deben tener la clara convicción de que hay que trabajar con todos para salir de la crítica situación que hay en el país”, sostuvo.
“Puede ser un técnico o un compañero de alguna organización. Pero lo que necesitamos es que cuenten con la capacidad de escuchar y trabajar con los otros”, agregó Gómez. Quienes ocupen el cargo tendrán un importante desafío, dado que los territorios han quedado aislados y sin una presencia suficiente del Estado.
A contracorriente de ese abandono, el secretario de Agricultura Familiar destacó que por primera vez un presidente argentino se refirió al sector en su discurso inaugural. Y es que el 10 de diciembre, cuando asumió en el cargo, el presidente Alberto Fernández afirmó en su discurso que “la agricultura familiar será un actor central de las políticas públicas”.