Tras seis días de intensa presión, la Justicia salteña otorgó la libertad de los cuatro hombres y dos mujeres que permanecían detenidas tras una represión policial a integrantes de la Comunidad wichi El Tráfico, en la jurisdicción del municipio de Embarcación, en el norteño departamento General San Martín. 

Todos los detenidos, ahora liberados, denunciaron públicamente haber sufrido golpes y trato discriminatorio de parte de miembros de la Policía de Salta, organismo que todavía sigue sin dar su versión de los hechos. Salta/12 pudo hablar con tres de los detenidos. Uno contó que les pegaban con chicotes, una acción que en el territorio del Chaco salteño tiene una carga mayor de desprecio que el golpe a patadas y trompadas y otras formas de agresión que habitualmente usa la policía. Otro dijo que los trataban de "matacos de mierda". Matacos es la palabra despectiva que usan los criollos para referirse a los integrantes de la Nación Wichi. 

Otra acción que se puede inscribir dentro del maltrato es la liberación de las dos mujeres en la ciudad de Tartagal, a casi 90 kilómetros de Embarcación. En su momento Norma Lera y Anabel Julia Vicente fueron llevadas por la propia Policía hasta la cabecera departamental, donde ayer les dieron la libertad. Sin fondos para trasladarse, las mujeres pidieron ser llevadas a Embarcación, pero les negaron esta posibilidad, a sabiendas de su condición. Lera y Anabel Vicente recién pudieron reencontrarse con sus familiares en la noche de ayer. 

En el brazo de Anabel están a la vista las marcas dejadas por el accionar policial. Anoche los comuneros difundieron otras fotografías que muestran los rastros que dejó en los detenidos la acción de la Policía. 

La represión y las detenciones se originaron en un enfrentamiento entre grupos de jóvenes de distintos barrios, incluído El Tráfico, emplazado en la periferia de Embarcación. El presidente de la Comunidad, Gilberto Vicente, contó a Salta/12 que alrededor de las 19.15 del 1 de enero, estando en su casa, escuchó disparos, salió y vio que un grupo de policías reprimía a "gente grande", primos hermanos suyos que "nunca han hecho quilombo". Entonces comenzó a filmar con su celular, los policías reaccionaron golpeándolo y tratando de quitarle el teléfono. 

Más tarde Vicente fue a la Comisaría, con la intención de denunciar esta agresión, entonces lo detuvieron y golpearon. "Yo siento que hay un abuso de autoridad, y hay mujeres que están bien golpeadas por policías hombres, y eso yo creo que es violencia de género".

Su hermano, Roberto Vicente, contó que también fue a ver lo qué pasaba y fue detenido cuando estaba con su mujer y sus hijos. "Me golpearon, me torturaron y encima me balearon con balas de goma", sostuvo. Aseguró que más tarde, ya en la celda, los castigaron a chicotazos, "nos decían como no se mueren, los aborígenes no valen nada" y también les daban "culatazos en la cabeza". "No hemos hecho nada, y yo sentí que ya no eran policías ésos, parece que eran patoteros", sostuvo. 

Roberto Vicente fue herido en una mano por una bala de goma y tiene hematomas en distintas partes del cuerpo. A Salta/12 le dijo que tiene "miedo" de que la Policía entre de nuevo a su Comunidad. 

Gastón Moreyra dijo que un grupo de unos ocho policías ingresó a la casa de su suegra derribando un portoncito, sin presentar orden de allanamiento y apuntando con armas de fuego a toda su familia e incluso hicieron disparos, generando el terror en los niños. "No han pedido permiso, nada", sostuvo el joven. Añadió que fue muy golpeado: "todavía tengo todos los moretones. (...) Cuando nos trajeron nos seguían pegando, nos metieron en un cuarto, han empezado a pegarle a todos". "Nos amenazaron de muerte a todos nosotros. Nos decían que cuatro matacos no valen nada, que teníamos que estar muertos, total no valen nada". 

Los detenidos varones abandonaron la Comisaría 43 de Embarcación pasadas las 17, cuando en la plaza frente a la sede policial se desarrollaba una asamblea con la participación de referentes indígenas, algunos muy reconocidos, que discutían la estrategia a seguir para lograr la libertad de sus hermanos. Antes la jornada había dado dos novedades destacadas: por la mañana el Ministerio Público Fiscal había informado que el juez de Garantías de Tartagal Nelson Aramayo había hecho lugar a un pedido de la fiscala penal Gabriela Souto para mantener las detenciones. Más tarde se supo que el abogado Sergio Heredia (el mismo que fue querellante por la desaparición en el sur del joven guaraní Daniel Solano) asumía la defensa de todos los detenidos. 

La novedad sobre la continuidad de la detención había generado indignación y fue otra de las razones para que se realizara una asamblea frente a la Comisaría 43. Tras la libertad, los convocados comenzaron a retirarse a sus respectivas comunidades. 

El Ministerio Público Fiscal informó que la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto, ordenó distintas medidas vinculadas con la denuncia de los comuneros contra la Policía, y en la otra causa, en la que los detenidos están imputados por los delitos de daño calificado y atentado contra la autoridad.