Salta tendrá 65 mil personas que podrán acceder a las tarjetas Alimentar, primera acción dentro del Programa Nacional Argentina contra el Hambre que se aplicará en todo el país y que de arranque abarcará a madres y padres que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con menores de hasta 6 años de edad a cargo, embarazadas a partir de los tres meses de gestación y personas con discapacidad que también cobran la AUH.
Dicha tarjeta tendrá un impacto económico en la provincia de unos 300 millones de pesos mensuales ya que cada beneficiario recibirá entre 4 mil y 6 mil pesos, que solo serán para comprar alimentos, y que se les acreditarán el tercer viernes de cada mes.
El convenio de la provincia con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, será el 16 de enero, con la presencia del titular de la cartera, Daniel Arroyo, lo que marcará el ingreso formal de Salta al plan más urgente de los planteados por el presidente Alberto Fernández.
La ministra de Desarrollo Social de la provincia, Verónica Figueroa, explicó que no será necesario ningún trámite para que los beneficiarios accedan a la tarjeta, sino que surgirá de la base de datos de la Anses, además indicó que este nuevo beneficio no reemplaza a ningún otro de los ya vigentes, por lo que quienes cobren algún tipo de asistencia social seguirán recibiéndola.
La implementación y acreditación de los montos se hará mediante el banco Nación y la ministra adelantó que en aquellos lugares de difícil acceso o en los que la implementación del uso de la tarjeta no sea posible, se llegará con módulos alimentarios utilizando la logística que ya implementa la provincia en otros programas de asistencia.
Figueroa aclaró que esta es solo la primera acción dentro de un plan nacional que irá ampliando el alcance de los beneficiarios, de manera acorde a la delicada situación que vive el país, que tiene a millones de personas bajo la línea de la pobreza e imposibilitados de cumplir con las necesidades nutricionales básicas diarias. A nivel nacional se espera que la tarjeta Alimentar llegue a más de dos millones de personas.
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, resaltó el impacto económico que tendrán en Salta los 300 millones mensuales que llegarán desde la Nación, y remarcó que el Programa Alimentario Salteño (PAS) continuará en vigencia.
Mi amiga Nación
Además de los anuncios formales con respecto a la implementación de la tarjeta, de la que se conocerán más detalles cuando se firme con Arroyo el convenio dentro de diez días, el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Provincia, Pablo Outes, aprovechó para destacar la buena sintonía entre Provincia y Nación.
Una de las obsesiones del gobernador Gustavo Sáenz desde que ganó las elecciones en noviembre, fue la de demostrar que a pesar de ser un referente del macrismo en Salta, no iba a tener problemas en trabajar conjuntamente con el presidente Fernández.
Por eso no sorprendió que en la conferencia de prensa de ayer, los funcionarios que estuvieron, pusiesen mucho énfasis en subrayar que Arroyo llegará personalmente a Salta a firmar el convenio y que probablemente sea el primero que se suscriba en el país.
Además Outes enfatizó que la Casa de Salta en Buenos Aires ya no será tanto un punto de referencias para los salteños que viven en la Capital, sino que se convertirá en una especie de embajada en la que tendrán oficinas los principales ministerios y el foro de intendentes, para poder establecer los nexos necesarios con las altas esferas nacionales.
“Argentina tiene un federalismo muy particular”, fue el justificativo del coordinador al momento de explicar que la gestión de recursos nacionales será fundamental “para poder posicionar cada vez mejor a la provincia”. Hace dos semanas se promocionaron una serie de reuniones que tuvo Sáenz con funcionarios nacionales, entre lo que se destacó el encuentro con el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Sin cooperadoras
No hay peor cuña que la del mismo palo reza el refrán popular, y que podría aplicarse al caso de la cooperadora asistencial capitalina, ya que quien fuese su reciente director, Outes, ayer le puso punto final a estas instituciones, por lo menos desde la visión de la gestión provincial.
El coordinador sostiene que en virtud de garantizar competitividad a los emprendimientos privados radicados en Salta y ante el riesgo de que se vayan a otras provincias, se decidió sostener la eliminación del impuesto por el cual se financiaba a las cooperadoras asistenciales, tal como lo establecía el ahora suspendido Pacto Fiscal.
Por ello sostuvo que mediante los planes sociales que lleva adelante la provincia, más los que están llegando de Nación, como la tarjeta Alimentar, la asistencia social urgente quedará cubierta en su mayor parte sin necesidad de recurrir a las cooperadoras, y que la idea inicial es que todos los recursos que lleguen desde nación se canalicen mediante los municipios.
“Para las cooperadoras asistenciales el año pasado se distribuyó 500 millones de pesos en total, con la tarjeta Alimentar solamente, ya tenemos 300 millones mensuales, es un impacto económico y una cobertura mucho mejores", expresó Outes.
De esta manera quedará en manos de los intendentes la decisión de sostener a las cooperadoras, ya con la certeza de que no habrán recursos que se girarán todos los meses como sucedía con las recaudación del impuesto.
Ante este panorama la intendenta capitalina Bettina Romero, cuya cooperadora cuenta con 11 programas vigentes de asistencia y capacitación y unos 275 empleados, deberá decidir si le da continuidad, para lo cual tendrá que conseguir recursos que la sostenga, o la reformula bajo la órbita de la secretaría de Desarrollo Humano. Al ser un organismo creado por Ley, cualquier modificación que se haga en la estructura, función o control de las cooperadoras debería pasar por la Legislatura.
