Impedir que los femicidios se conviertan en un número, que las noticias vayan haciéndose costumbre, que las estadísticas de un femicidio cada 26 horas se conviertan en números, que el poder narcotizante de la información haga olvidar a las mujeres, trans, travestis, que son asesinadas por machos en ejercicio de su poder. La urgencia corta el aire como un cuchillo cuando una chica de 19 años es asesinada exactamente como le ocurrió a su mamá, once años antes. Valentina Gallina murió en el hospital municipal Héctor Cura, de Olavarría, el sábado pasado. Diego Ezequiel Pais la mató a golpes, y luego intentó fraguar un robo con arma de fuego. Está procesado por homicidio triplemente agravado. Valentina activaba en la Casa Popular Valeria, creada en honor a su madre, Valeria Cazola, asesinada en esa misma ciudad. Valeria tenía 24 años cuando fue asesinada, el 12 de junio de 2008, de cinco puñaladas por su novio, Jorge Villanueva. Entonces, no existía la figura penal de femicidio y el asesino quedó libre siete años después. El lunes, una marcha multitudinaria pidió justicia por Valentina y también “la verdad” de lo ocurrido con Mabel Olguín, que fue hallada ahorcada el 29 de diciembre pasado, y se investigó como suicidio, pero su familia descubrió golpes en el cadáver. “Mi hermana estaba destrozada a garrotazos”, relataron.

Valentina, que había perdido a su mamá a los 8 años, era solidaria con quienes sufrían violencia. Su tarea en la Casa Popular Valeria era, justamente, acompañar a otras. “Que le haya sucedido a ella nos estalla en la cara de una manera…”, expresa Hosanna Cazola, prima de Valentina, referente del MP La Dignidad y la Casa Popular Valeria, integrante del Frente Ni Una Menos. “Tenía un perfil solidario que traía ella misma por su historia personal. Cuando fundamos la Casa, ella comienza a participar activamente de la militancia con las compañeras que se acercaban a la casa. El perfil que tenía era de asistencia, mandaba mensaje a las compañeras para saber si estaban comiendo, si necesitaba que les cuiden los pibes, acompañaba a las pibas en sus embarazos, a buscar anticonceptivos a la salita”, relata Hosanna.

El sábado a la tarde, apenas el fiscal Christian Urlézaga detectó que el relato del femicida no coincidía con las pericias sobre el cuerpo de la joven, Hosanna se lanzó a buscar testimonios de otras chicas que fueron víctimas del mismo violento, y se sumaron por lo menos tres denuncias contra él en la justicia. “Estamos pudiendo hacer un análisis en medio del dolor, la conmoción, podemos analizar que las pibas de los barrios están expuestas a este tipo de vínculo, debido a la pobreza estructural, a una desidia de parte del estado, a una estigmatización de su clase. Después de lo que pasó con Valentina, después de haber recogido tantos testimonios que pudimos recoger en estos días, que seguimos recogiendo porque se siguen acercando, lo que vemos es que hay muchísimos Pais”, dice Hosanna, y considera que la situación es “desesperante”.

Después de la marcha del lunes, en la que unas 4000 personas se movilizaron, el Frente Ni Una Menos de la ciudad y familiares de las víctimas se reunieron con el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli. “Le dijimos que tenemos la imperiosa necesidad de declarar una emergencia, porque la oficina de Políticas de Género no está dando abasto. El lunes en la reunión ellos contaban que este año han tenido la intervención de 200 casos en el año. Nosotras en Casa Popular Valeria tenemos un promedio de 3 pibas por día de lunes a sábado que se acercan a contar alguna situación de violencia y que no están pudiendo llevarla al circuito institucional de la violencia. Es alarmante, entre sábado y lunes, nosotras recibimos diez pibas que relataron que sus parejas las golpeaban ferozmente y al menos cuatro detallaron situación de tortura”, contó Hosanna a Las12. “Lo que nos está sucediendo es de una magnitud atroz, y que el estado municipal la única respuesta que nos dé es que está creada la mesa municipal para la violencia, que está creada la oficina de género, que este año se destinó dinero a la construcción de dos viviendas para víctimas, es desesperante”, expresó.

Para Hosanna, “El estado y los dispositivos que están a disposición están llegando tarde, no están en total conocimiento de la gravedad de la situación y si esto no es el triple de grave en términos de desenlace fatales es porque las organizaciones sociales, populares, estamos sosteniendo, acompañando, nos estamos haciendo cargo de la situación”.

¿Es que el femicidio puede convertirse en destino para una joven de un barrio popular? Desde el Frente Ni Una Menos reclaman políticas públicas para evitarlo. “Justamente, el otro día le pedimos al intendente, en esa reunión después de la marcha, que la Municipalidad, al estar en el territorio, pueda establecer algún tipo de vínculo con estas familias, porque bien sabemos que en los sectores populares son las mujeres las que sostienen, tanto en lo económico como en las tareas de cuidado. Nosotras estamos en conocimiento de familiares de víctimas que todavía no han podido tramitar la Asignación Universal por Hijo. Tienen que esperar a que esté la sentencia y son personas que quedan en muchos casos sin ningún tipo de ingreso. La mal llamada ley Brisa es un laberinto terrible, es muy complejo”, consideró María Eugenia Iturralde, integrante de Ni Una Menos. “Este espiral o círculo de violencia en el que se encuentran estas familias posiblemente lleve a que se repitan estos casos, por eso resulta fundamental que exista algún tipo de acompañamiento en todo lo que tiene que ver no sólo económico, sino de otro tipo”, describió.

La activista de Ni Una Menos consideró que “los femicidas surgen del seno de nuestra sociedad” y se preguntó: “’¿Qué herramientas brindamos para que estas personas tengan vínculos humanos de otro tipo?”. “Sé que no es momento de ponerse a pensar qué pasó con ese femicida, pero también es un tipo crecido en un contexto neoliberal, reventado por la falopa. Tenemos pibes violentos, pibas que están sometidas a prácticas de tortura… Somos una ciudad de 110.000 habitantes y se pueden pensar políticas más específicas que tengan que ver con el género, y con infancias y juventudes”.

Hasta Olavarría llegó Daniela Emma Castro, referente del Movimiento Popular la Dignidad y directora provincial de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. “Es mucho el trabajo que hay que hacer en Olavarría, no nos olvidemos que una semana antes que el de Valentina hubo otro caso, muy dudoso, que la familia está pidiendo que se caratule como femicidio, que apareció ahorcada, que tenía denuncias contra su pareja. Estos y otros sucesos nos muestran que las políticas de género y prevención no alcanzan, no están dando resultados. Es mucho lo que tenemos que hacer, es mucho lo que tenemos que profundizar”, consideró la activista y funcionaria, que como referente del MP acompañó desde el primer momento a la familia de Valentina. Además, consideró que “desde el Poder Judicial se debe buscar la manera de hacer algo. El violento había estado detenido, estuvo relacionado con el homicidio de un comerciante, y no tuvieron las pruebas necesarias para lograr que continuara detenido. Si este pibe hubiera estado realmente detenido, quizás hoy Valentina estaría viva”, consideró.

Esa pregunta es lacerante. “Lo que nosotros vinculamos entre el femicidio de Valeria y quizás lo que puede haber quedado en Valentina es que es tan profunda y estructural la transmisión de la violencia o vínculos violentos, que más allá de que nosotras tengamos información, hay circunstancias personales que no nos dejan ver, que no nos permiten visualizarlo en nosotras mismas”, apuntó Hosanna desde su pelea diaria para que las pibas puedan vivir sin violencia.