El ex cónsul de Bolivia en Orán, Diego Fernando Vega Ibarra, fue condenado a cinco años de prisión en la segunda audiencia celebrada por el Juzgado Federal de Garantías de Tartagal. El ex diplomático había sido detenido el 17 de diciembre último junto al comerciante Wilson Bernardo Cordero Flores, quien también fue sentenciado.

En la audiencia de clausura, presidida por el juez Carlos Martínez Frugoni, la fiscalía acuso a Vega Ibarra, de 37 años, y a Cordero Flores, de 40, por el delito de transporte de estupefacientes, establecido en el artículo 5, inciso C de la ley 23.737. 

La audiencia fue el martes y pudo hacerse de manera tan rápida, a solo 21 días del secuestro de la droga y la detención de los acusados, merced a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal, vigente en Salta y Jujuy desde el 10 de junio de 2019. La nueva normativa prevé el proceso de juicio abreviado. 

En este caso, luego de que los fiscales de Orán, José Luis Bruno, y de Tartagal Marcos César Romero, estimaran la pena, surgió la posibilidad de arribar a un acuerdo, por lo que el juez dispuso un cuarto intermedio para permitir que la fiscalía y las defensas se pusieran de acuerdo en los términos. 

Reanudada la audiencia, la fiscalía y las defensas acordaron una condena de 5 años de prisión efectiva para Vega Ibarra, mientras que para Cordero Flores se propuso una pena de 4 años y 6 meses. En ambos casos, por el delito de transporte de estupefacientes, tal como fue planteado en la acusación.

Antes de que el juez decidiera, las defensas de Vega Ibarra y Cordero Flores solicitaron la prisión domiciliaria, a lo que se opuso el fiscal Romero, quien sostuvo que no correspondía porque no se acreditaron los supuestos que establece la legislación vigente para ese fin como tampoco las razones de índole humanitarias invocadas.

El juez coincidió con la fiscalía, homologó el acuerdo arribado por las partes y condenó a Vega Ibarra y a Cordero Flores a las penas preestablecidas por la fiscalía y las defensas al convenir la resolución del caso mediante la aplicación del juicio abreviado.

Ladrillos en el baúl

Bruno relató los hechos y fundamentó la imputación contra los dos acusados, recordó que Vega Ibarra y Flores fueron detenidos por Gendarmería Nacional sobre la ruta nacional 50, donde se encuentra la Sección 28 de Julio, entre el pueblo fronterizo de Aguas Blancas y la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, cabecera del departamento Orán.

En una verificación de rutina, los gendarmes solicitaron la documentación del vehículo y cuando se abrió el baúl les resultó llamativo que la rueda de auxilio sobresaliera por encima del compartimento y al levantarla descubrieron ocho paquetes rectangulares, los famosos “ladrillos”. En total, eran 8,263 kilogramos de cocaína, valuados en $4.900.000. Algunos paquetes llevaban impresa la figura de un delfín, "sello distintivo que identifica a la droga del cartel de narcotráfico dirigido por los hermanos Castedo", señaló la fiscalía.

Vega Ibarra se identificó entonces como diplomático y presentó una credencial que lo acreditaba como Cónsul de Bolivia en Orán, ciudad a la que se dirigía. No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores del actual gobierno de facto de Bolivia confirmó que Vega Ibarra había cesado como cónsul el 5 de diciembre de 2019. Para el fiscal, de esta manera el ex diplomático intentó eludir la acción de la justicia. 

Vega Ibarra también intentó desvincularse diciendo que días anteriores a la detención, el vehículo fue enviado a un lavadero y un taller mecánico, pero Bruno rechazó la posibilidad de que la droga haya sido "plantada" por otras personas. “El ex cónsul, según sus propios dichos, tuvo al rodado bajo su poder en todo momento, lo que hace improbable que desconozca la existencia de los paquetes en el baúl del auto”, sostuvo el fiscal. 

Frente a este caso, considerado de trascendencia institucional, los fiscales Bruno y Romero "resaltaron el valor de las herramientas procesales que proporciona el sistema acusatorio, del cual Salta y Jujuy gozan de manera exclusiva" informó el Ministerio Público Fiscal Federal.

“La conclusión rápida de un proceso de estas características es una consecuencia de las posibilidades que brinda este nuevo código, que han permitido a la fiscalía impulsar la investigación, no sólo de manera prolija y efectiva, sino también con una celeridad notoria, ya que sólo transcurrieron 20 días entre la primera audiencia, en la que se informó a los imputados el hecho que se les atribuyó y la prueba que obraba en su contra, y la audiencia de clausura, la que culminó con la condena de ambos”, dijeron los fiscales.

El fiscal del distrito, Eduardo Villalba también destacó el trámite del caso y la labor de toda la fiscalía. “Como sucede desde su implementación en Salta y Jujuy, el nuevo código cosecha resultados inimaginables con el viejo sistema mixto, en el cual un hecho como este podría extenderse por años. Aquí, sin embargo, se resolvió en menos de un mes”, valoró.