En el departamento General Güemes de Salta los trabajadores municipales sostienen que el intendente saencista Sergio Salvatierra despidió a 70 personas. El oficialismo municipal, cercano al macrismo, afirmó que hasta el 10 de diciembre ingresaron más de 100 contratos de “planilleros” de la gestión anterior. Hoy habrá una reunión entre ambas partes para encausar un canal de diálogo.

El secretario de medios de UPCN, Gerónimo Lopez, dijo a Salta/12 que se efectivizaron 70 despidos en el municipio, realizados en dos tandas. “El lunes 30 fueron 40 despidos y el lunes 3 fueron unos 30 más”, contó. Las funciones que desempeñaban tienen que ver con tareas administrativas, de limpieza del municipio y obras públicas.

Sin embargo, el secretario de Gobierno, Marcelo Lazarte, contó a este medio que en Güemes se está dando una situación “particular”. Según explicó, en los últimos dos meses del 2019, “se firmaron resoluciones para incorporar personal que estaba en negro”. El funcionario dijo que se tratabande 120 contratos que finalizaban el 31 de diciembre y que correspondían a personas denominadas “planilleros” (porque no están registrados y se les exige firmar planillas para el pago de sus trabajos) de la gestión de Alejandra Fernández Salcedo.

Con este convencimiento la gestión municipal creó una comisión de evaluación integrada por el secretario de Gobierno, el jefe de personal, un representante de la Dirección de Trabajo provincial, de la Dirección de Liquidaciones y un abogado. “Ellos van a llevar a cabo la evaluación de todo el personal y allí se tomarán las determinaciones de continuidad o no”, manifestó el funcionario.

No obstante, el gremio denunció que entre los cesanteados se encuentran 14 trabajadores de planta permanente y el resto es personal que tenía contrato hasta el 31 de diciembre de 2019. El martes los trabajadores realizaron una asamblea en la localidad y allí se presentó el intendente Salvatierra. “Nos manifestó que nos iba a recibir el jueves a las 8 en el municipio”, dijo Lopez.

Por su parte, Lazarte dijo que “a nadie se despidió, sino que se está haciendo un procedimiento de evaluación que se llevará a cabo hasta el próximo viernes 17 de enero”. “Tenemos la mejor predisposición y vamos a cuidar al municipio y no nos vamos a prestar al manipuleo político”, afirmó el secretario municipal.

El pedido de los trabajadores

En la reunión de hoy los trabajadores plantearán dos pedidos. El primero, por la reincorporación inmediata de los despedidos. El segundo tiene que ver con una resolución que sacó Salvatierra por la que en los sueldos de los empleados no se pagaban los aumentos homologados por la provincia y se descontaban los montos correspondientes a asignaciones y re categorizaciones.

Según López, el intendente les dijo que “fue un error de parte de él, que no era su intención descontar y que se pagarían los aumentos de diciembre”. En tanto, Lazarte afirmó que la resolución “se dejó sin efecto porque entendemos que correspondía el incremento”. “Lo vamos a respetar”, insistió.

El funcionario explicó que el incremento dispuesto por la provincia era del 12%. Debía ser pagado en tres cuotas: 2% en noviembre, 5% en diciembre y 5% en enero. Según Lazarte, el “error” se debió a que “este gobierno solo pagó el 2%, cuando correspondía el 5%”. El secretario informó que el porcentaje restante se pagará como retroactivo en el próximo mes.

Además, los trabajadores plantearon un tercer problema sobre la base del cumplimiento de una ordenanza municipal que indica que los hijos de trabajadores municipales deben ser contratados en el caso de que sus padres se jubilen o fallezcan. Sin embargo, se conoció el despido reciente de hijos de trabajadores que ingresaron en 2019.

Esta ordenanza, que nació en 2015, fue primero un acuerdo con el ex intendente Daniel Segura y que después el Concejo Deliberante de la localidad aprobó. El gremialista indicó que son “muchos compañeros que se han jubilado en 2019 y por ellos han ingresado sus hijos. Esto, que tenían poca antigüedad, también fueron despedidos”.

“Todo quedó supeditado a la reunión de mañana”, enfatizó López, quien también aclaró que entre los despidos de planta permanente se encuentran “casos puntuales”. “Hay un compañero que está postrado, no puede caminar y era de planta permanente. Para notificarle el cese laboral lo hicieron con la Jueza de Paz, Norma Fiorella”, contó.

También, está el caso de “una trabajadora de planta que tiene su hijo con discapacidad. Ella es el único sostén de la familia”, indicó el sindicalista. “Como gremio estamos pidiendo la continuidad todos los trabajadores”, concluyó.

Culpas a la gestión anterior

La actual gestión relevó que existen 434 trabajadores de planta permanente y 140 contratados en el municipio y que este personal es el que figura en el presupuesto municipal. “Se decidió la continuidad de esos contratos y trabajadores de planta fijados en el presupuesto”, explicó Lazarte.

Para el funcionario municipal, existen dos irregularidades en la firma de los 120 contratos post elecciones provinciales. “Primero, que se hayan firmado en esa fecha es una irresponsabilidad de la anterior intendenta. Segundo, que obviamente es gente que no cumplía con los requisitos mínimos para ser planta permanente”. Manifestó, que la planta política de Fernández Salcedo estaba entre los últimos contratados.

“Nos encontramos con una planta de 800 trabajadores dentro del municipio y eso genera una irresponsabilidad”, expresó el secretario. Por ello, el municipio decidió que no se prorrogaran los contratos hasta que la comisión “evalúe la situación y si se debe existir continuidad, se dará”, indicó Lazarte.

Este funcionario también denunció que en una resolución de mayo de 2019 por la que se integraba a planta permanente a una persona, se realizó un anexo con 14 casos que también eran incorporados a esa categoría. “Se adulteró la resolución y no solamente se incorporaba a esa persona sino a 14 más por un anexo. La adulteración es un delito y eso evaluará la comisión”, anunció el funcionario que echa culpas a la planta política de la anterior intendenta.