Los nueve exfuncionarios del gobierno de Evo Morales asilados en la embajada de México en La Paz llevan casi dos meses encerrados en una casa de tres plantas. Son ocho hombres y una mujer. Están sitiados por tres anillos de vigilancia que dispuso el gobierno golpista de Jeanine Añez. Drones, equipos de interferencias, cámaras montadas sobre vehículos, efectivos policiales subidos a las laderas de los cerros controlan todo lo que pasa en esa residencia de La Rinconada, un barrio de clases acomodadas donde conviven varias sedes diplomáticas.

El asedio es practicado por decenas de uniformados y personal de inteligencia local asesorado por Estados Unidos. Esto último sospechan en la calle Julio Patiño 834, el lugar donde trabaja la embajadora María Teresa Mercado improvisado como morada de los exministros del MAS. La representante mexicana pide que se respete la Convención de Viena aunque hasta ahora ha sido en vano. PáginaI12 pudo averiguar que comienzan a percibirse daños en la estabilidad psicológica del grupo, presionado como está. Su integrante más buscado es Juan Ramón Quintana, el exministro de la Presidencia de Evo.

En las conversaciones entre los asilados sobrevuela una idea. Que ni en los momentos más represivos de las dictaduras de Hugo Banzer en los años ‘70 y de Luis García Meza en los ’80 se montó un operativo semejante sobre una embajada. En la puerta misma de la sede diplomática empieza el primer anillo de control. Hay un segundo formado por retenes y vehículos sobre La Rinconada, al sur de La Paz y el tercero llega hasta los cerros de los alrededores. Desde ahí, como un cóndor vigilante, el aparato represivo de los golpistas posa sus ojos sobre las persianas blancas de la misión mexicana.

Los policías que rodean el perímetro mantienen guardias rotativas que por momentos se reactivan en un despliegue inusitado de recursos. Los drones sobrevuelan por las mañanas y las tardes. Tratan de obtener información y generan acción psicológica día a día. No son manejados por policías que buscan extraterrestres, pero sí a los ex funcionarios del gobierno derrocado.

Quintana es el más requerido de los nueve. Bastaría con solo mencionar los cargos que se le imputan (“sedición” y “terrorismo”) y las amenazas del führer local, el ministro de Gobierno Arturo Murillo a su persona. Wilma Alanoca Mamani tiene 34 años y es la única mujer asilada. Importante cuadro del MAS en El Alto y periodista, era ministra de Culturas y Turismo hasta el golpe. Seis más también estaban en el ejercicio de sus cargos: Javier Zabaleta (Defensa), César Navarro (Minería y Metalurgia), Héctor Arce Zaconeta (Justicia), el viceministro Pedro Dorado (Desarrollo Rural), Nicolás Laguna (director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación) y el gobernador de Oruro, Víctor Vázquez. El único que no integraba el último equipo de Evo es Hugo Moldiz Mercado, exministro de Gobierno, quien apenas se mantuvo en el puesto durante cuatro meses de 2015.

Todos ellos es muy posible que tengan intervenidos sus teléfonos y computadoras personales, sean seguidos a distancia y hasta controlados en los más mínimos detalles. Si como sospechan los funcionarios de Morales en la embajada, está detrás la mano de la CIA, no tendrán respiro. Lo que ignora o deliberadamente no toma en cuenta el régimen de Añez, es que su decisión política de sitiar la embajada viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas vigente desde de 1964. El personal diplomático mexicano está sometido al mismo control riguroso porque convive con buena parte del gabinete que trabajó con Evo en su último gobierno.

En su artículo 22, inciso 2, el tratado establece: “El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”. Bolivia ratificó la Convención el 28 de diciembre de 1977.

Pero además, México gestionó salvoconductos ante los golpistas para los exfuncionarios asilados y no les fueron otorgados. La persecución hacia Quintana resulta evidente en las palabras del ministro de facto Murillo pronunciadas a fines de diciembre de 2019: “No va a tener nunca salvoconducto. Tiene un salvoconducto a la cárcel de Chonchocoro, es el único que está listo. Un delincuente no puede tener salvoconducto”, declaró ante periodistas. El funcionario tiene un apego especial por la división de poderes. Es el hombre fuerte del régimen y habla de temas judiciales como si dependieran de él.

Si la presión contra los ex ministros en la embajada se redujera a la sociedad civil, podría tratarse de una escuálida obra teatral. Un grupito de militantes críticos de Evo y el MAS permanecen en las inmediaciones. Portan un cartel que dice Resistencia Plaza Murillo, en campaña permanente y activa. Critican todo lo que huela al gobierno anterior y sirven de comparsa al operativo sobre la sede diplomática. Mientras unas pocas mujeres y algunos hombres que lucen cascos blancos les hacen el aguante a los golpistas, los familiares de los asilados son sometidos a todo tipo de vejámenes.

Cuando llegan hasta el último retén que deben sortear se les exige toda la documentación posible, les registran lo que llevan, los alimentos que procuran acercar a la embajada y no se salva nadie de la requisa. Los choferes de radiotaxi son disuadidos de no volver más por el lugar. La tensión que se respira en el barrio pudiente de La Rinconada -vecino de otros que uniforman los cerros de mansiones y casas que pueden valer hasta 4 mil dólares por metro cuadrado-, es casi irrespirable. Alguien cuenta que, si no fueron más lejos los golpistas, con un asedio al estilo medieval de una ciudad fortificada, es porque por ahí vive el electorado de Añez, Murillo y el cruzado del Santo Sepulcro Luis Fernando Camacho.

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