La diputada provincial y ex ministra de Educación, Claudia Balagué, presentó un pedido de informes al Ejecutivo para esclarecer los motivos que llevaron al cese del acuerdo con la Facultad de Medicina de la UNR que permitía asistencia técnica para el control de las licencias médicas de personal docente y asistente escolar del sistema educativo santafesino, así como el detalle de implementación del nuevo mecanismo establecido. Balagué dijo que se trata de un elemento sustancial que en los últimos años contribuyó a la reducción de un 50 por ciento del ausentismo de personal docente, en beneficio directo al sistema educativo provincial. Según la legisladora socialista, los controles permitieron el ahorro de unos 200 millones de pesos anuales al Estado santafesino. El conflicto fue visibilizado ayer por trabajadores autoconvocados del Area de Salud y Trabajo-UNR (ASyT) que realizaron un reclamo en el Hospital Centenario con el apoyo de Amsafé y ATE Rosario. 

El pasado lunes, la ministra Adriana Cantero reveló en una entrevista con Rosario/12 que el servicio que la UNR le presta al Ejecutivo demandó en 2019 el desembolso de unos 40 millones de pesos y la propuesta para este año era elevarlo a 70 millones. El contrato venció el 31 de diciembre y la funcionaria decidió no renovarlo de manera automática como era hasta entonces, y resolvió a través de un decreto fechado el 7 de enero implementar un nuevo Régimen Transitorio de Licencias Médicas para el personal docente y asistentes escolares hasta el 29 de febrero . 

Balagué dijo que se trata de un "elemento sustancial" que contribuyó a la reducción de un 50 por ciento del ausentismo docente. 

La diputada Balagué, quien había expresado su preocupación por esa decisión, el pasado miércoles presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informes para que las actuales autoridades de la cartera educativa expliquen el motivo de la no implementación del convenio, así como las herramientas que utilizarán para abordar esta problemática. "No es un tema menor, estamos hablando de 85 mil docentes y asistentes escolares, no existe otra empresa o institución de esa dimensión que requiere una atención en salud laboral", planteó la legisladora.

Sobre los detalles del acuerdo con la UNR, Balagué dijo que se trata de un "elemento sustancial" que en los últimos años contribuyó a la reducción de un 50 por ciento del ausentismo de personal docente, en beneficio directo al sistema educativo provincial, bajando del 18 al 9 por ciento en dos años. Incluso los ministerios de Buenos Aires y Entre Ríos se hicieron eco de este convenio para replicarlo.

"Asimismo, estos resultados positivos para la continuidad del aprendizaje en las escuelas, junto con las demás estrategias de prevención y control del ausentismo de docentes y asistentes escolares, permitieron el ahorro de unos 200 millones de pesos anuales al Estado santafesino, que no debió incurrir a erogaciones para cubrir el pago de personal de reemplazos por licencias médicas", sostuvo la ex ministra de Educación. "A nosotros nos interesaba mucho los datos más colectivos, como aquellos vinculados a saber cuáles son las patologías de mayor relevancia, y después realizábamos un trabajo más de prevención. Era muy claro el tema de fonoaudiología y las patologías de la voz, las más frecuentes que tenemos los docentes", agregó.

Ayer, un grupo de 104 trabajadores autoconvocados del ASyT, entre profesionales médicos, psicólogos, administrativos, call center, informáticos y personal de limpieza, nucleados en Rosario en la sala 7 del Hospital Centenario, donde funciona el servicio desde hace más de una década, con sedes en Santa Fe capital y Reconquista, expresaron su preocupación porque no renovaron el convenio.

Los trabajadores plantearon que prescindir del servicio durante enero y febrero "deja a los docentes y no docentes sin control médico laboral, sin seguimiento profesional, con todo lo que implica la responsabilidad médica sobre los agentes que actualmente están en seguimiento, y también complica la situación administrativa de aquellos agentes que por enfermedades graves ya agotan o agotaron su licencia y debían ser evaluados por juntas médicas de reubicación laboral, como así también aquellos que esperan un alta médica laboral para retomar sus funciones, mencionando solo algunos ejemplos".

"Hoy lejos de desanimarnos ante la falta de respuestas, estamos más unidos que nunca, no sólo para solicitar lo que nos corresponde y exigir la regularización de nuestra situación, insistiendo en nuestra estabilidad laboral como objetivo fundamental, sino también reclamar por la correcta atención y el Servicio de Salud laboral que merece la comunidad educativa de la Provincia de Santa Fe", señalaron los trabajadores a través de una carta abierta.