La Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la decisión del juez federal Julio Bavio, de que parte de la causa que investiga hechos de corrupción en la Municipalidad de Salta durante la intendencia del ahora gobernador Gustavo Sáenz sea investigada por la Justicia provincial. 

Sin embargo, si alguien esperaba un análisis de la causa y las presuntas irregularidades cometidas en perjuicio del erario público municipal y provincial vivirá una decepción: los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani se valieron de cuestiones puramente formales para rechazar los recursos de la fiscalía, la defensa de dos de los acusados y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y confirmar la resolución por la que la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta había en su momento ratificado la decisión del juez de primera instancia. 

El 9 de mayo del año pasado Bavio declinó parcialmente su competencia en favor de la justicia de Salta. En la causa se investigan maniobras irregulares tendientes por un lado a evadir impuestos y por el otro, a cobrar por trabajos no realizados, actos éstos en perjuicio de la Municipalidad de Salta y la empresa Aguas del Norte. El juez de primera instancia dispuso que “competen a la Justicia federal los presuntos delitos en infracción a la ley penal tributaria en perjuicio del erario público nacional" y "serán de la órbita de la justicia provincial los supuestos delitos de fraude a la administración pública en desmedro de las arcas de la municipalidad de la ciudad de Salta y de la provincia de Salta", en los que también se habrían cometido los delitos de "negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, violación de los deberes de funcionario público”. 

El 2 de junio de 2019 Bavio remitió a la justicia provincial las actuaciones referidas al fraude a la administración pública para que continuara la investigación. Sin embargo, en este ámbito se decidió, de manera extraordinaria, suspender todo trámite hasta que Casacion resolviera los recursos en contra del desdoblamiento de la causa. Ahora, ya con la decisión del máximo tribunal penal de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de Salta deberá avanzar en la investigación. 

Estas actuaciones se originaron en una investigación de la AFIP, organismo que denunció haber advertido que la firma SECSA, que "tuvo como único cliente a la Municipalidad de la ciudad de Salta (...), facturó altas sumas de dinero sin contar con la capacidad operativa para cumplir con la construcción, venta y prestación del servicio de fabricación y colocación de farolas". 

SECSA es de propiedad del empresario Matías Huergo, el único que estuvo detenido en el transcurso de esta investigación, que también tiene en calidad de acusados a Sebastián Héctor Silva, empleado de esta firma; a su presidenta, Camila Muñoz, y a su director suplente, Gerardo Rubén Romero. Huergo es además dueño de la firma Arcadio Obras Eléctricas SRL, otra contratista involucrada en las irregularidades investigadas en este proceso. Romero y otro imputado, Jorge Luis Bonifacio, figuran como integrantes de esta SRL. En la causa también está imputado el ex funcionario municipal Aníbal Anaquín, que era asesor jurídico de Huergo. 

La investigación de la AFIP determinó que SECSA había computado facturas de contribuyentes apócrifos y había duplicado otras facturas por montos de facturación (correspondientes a los períodos 2016 y 2017) que rondarían los 30 millones de pesos.

Más tarde la AFIP amplió su denuncia por operatorias de personas físicas y jurídicas consistentes en la obtención de adjudicaciones de obras públicas con sobreprecios a través del direccionamiento por parte de funcionarios públicos municipales y provinciales. 

Para el juez Bavio, estos hechos denunciados exhiben "una presunta asociación delictiva destinada a desviar fondos" del Estado Nacional, la provincia y el municipio de la ciudad de Salta. Del Estado nacional, a través de la evasión, de la utilización de personas sin capacidad económica y del uso de facturas apócrifas. Y de la provincia y el municipio, desviando recursos mediante distintos delitos de defraudación vinculados "a la obra pública tanto municipal como provincial”. Además, el juez sostuvo que de la denuncia “surgiría un pedido de ‘retornos’ por parte de funcionarios, los cuales se ocultarían en la empresa o empresario pagador, detrás de la utilización de facturas apócrifas”. 

El camino recursivo que en diciembre pasado obtuvo el rechazo de Casación se inició en mayo último, cuando el fiscal federal Ricardo Toranzos apeló la resolución de Bavio, por entender que estos hechos no pueden investigarse de manera separada. El fiscal general Eduardo Villalba acompañó este planteo. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Salta le dio la razón a Bavio. La fiscalía, la defensa de Muñoz y Silva, a cargo del abogado José Fernando Teseyra, y la AFIP, que es querellante en este proceso, recurrieron a Casación pidiendo que se revierta la decisión de separar la causa. 

El 19 de diciembre último Casación rechazó estos recursos afirmando que no cumplían con los requisitos previstos para este trámite. En el caso del recurso de la AFIP, el tribunal de Casación desestimó este planteo por considerar que el organismo no estaba legitimado para hacerlo porque su solicitud para ser tenido como querellante fue posterior a la resolución por la que el juez Bavio decidió dividir la investigación, parte en la Justicia federal y parte en la Justicia provincial.