El acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) suma una nueva herramienta en la provincia de Buenos Aires. La decisión política del gobierno de la provincia de Buenos Aires de que no haya más muertes por aborto clandestino quedó plasmada este viernes en la adhesión al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” de Nación. La resolución fue firmada por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz.

El protocolo ofrece una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino vigente. Puntualmente, el Código Penal de la Nación de 1921 y el Código Civil y Comercial de la Nación reformado en el año 2015. Así como el Fallo F.A.L de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, que orienta claramente el accionar de los equipos de salud y establece estándares para el acceso a la interrupción del embarazo.

“Hoy estamos poniendo en marcha algo que tendría que ser una naturalidad, estamos hablando de aquello que en Argentina es legal, pero consideramos que a partir de contar con esta herramienta habrá gente de los equipos de salud que va a empezar a perder el miedo y a participar del acceso a este derecho de forma rutinaria”, señaló Gollan. Los ministros aseguraron que los hospitales tienen los recursos y el personal idóneo para llevar a cabo los procedimientos contemplados en el protocolo pero que, no obstante, “hay lugares donde hay barreras indebidas al acceso”.



“Esto era una deuda. Era algo que tenía mucho atraso en la provincia de Buenos Aires”, dijo la ministra en diálogo con Página/12. La firma se realizó en el ministerio de Salud de la provincia. “Cuando estábamos ahí veíamos las fotos de los ministros de Salud, todos varones; la única ministra mujer no duró un año y medio. Y justamente dieron de baja esta guía y debilitaron todas las políticas de acceso a la salud reproductiva”, dijo Díaz. Se refirió así a la ministra de Salud provincial, Zulma Ortiz, que en 2016 firmó la resolución 2095 para adherir al protocolo nacional, pero diez días después debió dar marcha atrás por orden de la gobernadora María Eugenia Vidal. Meses más tarde presentó la renuncia.

Reconstruir el camino

Esta adhesión, entonces, viene a reconstruir el camino desandado. Un camino que empezó en el gobierno de Alberto Fernández, cuando el ministro de Salud de Nación, Ginés González García, a dos días de su asunción, el 12 de diciembre, puso en vigencia, con algunas modificaciones, la actualización 2019 del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). El protocolo había sido aprobado en noviembre por el entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, pero Mauricio Macri vetó la resolución.

“Lo que está en camino es todo lo contrario: entender que el acceso a la salud es fundamental, que hay poblaciones que tienen muchas dificultades de acceso y que hay que atenderlas. Las indicaciones de (Axel) Kicillof son esas. Hay un gabinete que interactúa en conjunto. Hay una mirada integral. Las temáticas siempre se cruzan. Recordemos que la base fundamental de la guía actual es la guía que se hizo cuando estaba Daniel Gollan como ministro de Salud de Nación en 2015”, dijo la ministra.

Con esta resolución se busca garantizar que cualquier mujer que necesite acceder a un ILE pueda lograrlo, sin persecuciones ni demoras de ningún tipo y sin necesidad de dar con el centro de salud o el hospital “amigable” por las trabas y reticencias de algunos efectores. “Hoy esto no ocurre porque en algunos centros de salud u hospitales no hay equipo que haga la práctica porque la institución tiene objetores de conciencia o también por negligencia de la dirección del hospital, por ejemplo”, explicó a este diario Sabrina Balaña, a cargo de la Dirección provincial de Salud de la Mujer, Infancia y Adolescencia, del cual depende el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. La funcionaria dijo además que en los últimos años se dio un aumento de las denuncias de mujeres que tienen problemas para acceder a la ILE o a la anticoncepción, y lo atribuyó al debate sobre el aborto en el Congreso Nacional que permitió que muchas mujeres tuvieran información y pudieran exigir el cumplimiento de la ley.

Derechos

“Es importante saber que con la aprobación del protocolo no se pierde para nada de vista a otras cuestiones fundamentales como la provisión de anticonceptivos e insumos necesarios para que las mujeres que quieran usar anticonceptivos puedan acceder. La mujer no puede irse de una consulta después del parto o de un ILE sin asesoramiento y un método anticonceptivo asignado”, enfatizó Balaña. Recordó también que la mayoría de las mujeres llegan a hacerse un aborto por embarazos no planificados. “Vamos a asegurar educación sexual integral, anticoncepción e ILE. Necesitamos mejorar todas las patas”, planteó.

Mientras firmaba su resolución número uno, Díaz se emocionaba. “Es simbólicamente muy fuerte que sea la primera, y el motivo también, porque lo hemos peleado tanto desde el movimiento social, desde la Campaña (por el derecho al aborto legal seguro y gratuito) y desde la CTA; y ahora como ministra tener esta enorme posibilidad es una gran satisfacción”, dijo.

En los últimos años, quienes sostenían el acceso al derecho a decidir eran las militancias. En este campo, como recordó la ministra, la Red de profesionales por el derecho a decidir, que cuenta con enorme cantidad de profesionales en la provincia y que favoreció el acceso. Lo que se propone con esta gestión, y que llevará un tiempo de reconstrucción y armado, es que sea el Estado quien haga su trabajo y se haga cargo de garantizar derechos vulnerados sistemáticamente a mujeres y niñas. Ese es el camino. En el mismo sentido, como mencionó Gollan, “está la otra gran discusión que es la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que en algún momento tendrá que darse y creo que no va a pasar mucho tiempo para ese debate en el Congreso”. El ministro expresó que una vez que se logre que el aborto sea legal “tendremos la herramienta para avanzar en otros derechos que hoy faltan y que le siguen costando la vida a mujeres pobres que no pueden acceder a un aborto seguro".