Para el presidente Sebastián Piñera, Chile era el “oasis de América latina”. Sin embargo la enorme desigualdad que sustenta su modelo económico terminó explotando en las calles. Las protestas comenzaron el 18 de octubre con miles de estudiantes saltando los molinetes del subte para rechazar el aumento del pasaje. Como en efecto dominó la población se movilizó a lo largo de todo el país haciendo oír sus reclamos. La fuerza del estallido social fue tal que hoy Chile se encuentra inmerso en un proceso de reforma constitucional. El 26 de abril los chilenos podrán participar de un plebiscito para decidir si quieren o no una nueva Carta Magna. “Necesitamos una nueva constitución que garantice más democracia y derechos sociales”, dice en diálogo con Página/12 el académico y periodista chileno Víctor Osorio Reyes. Director ejecutivo de la Fundación Progresa creada por Marco Enríquez-Ominami , Osorio Reyes fue uno de los principales dirigentes del movimiento estudiantil durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. También fue ministro de Bienes Nacionales en la segunda presidencia de Michelle Bachelet.

--¿Cómo evaluá el proceso de reforma constitucional que se abrió en Chile?

--Es un paso adelante por que se se hace cargo de una demanda fundamental de la ciudadanía, que es la necesidad de tener una constitución escrita en democracia. No obstante lo anterior, el acuerdo político que dio origen al proceso constitucional, adolece de problemas fundamentales. En primer lugar el hecho que sea un acuerdo adoptado por arriba, entre la élite política dirigente del país. Esto explica por qué la ciudadanía en forma muy significativa ha expresado críticas. Es un acuerdo que se adoptó sin la participación de la ciudadanía ni de los movimientos sociales. Lo llevó adelante la derecha en negociación con una parte de la oposición política. Otro gran problema de la normativa que rige el proceso constitucional es que se necesitarán dos tercios de los votos de la asamblea constituyente para aprobar los artículos de la próxima carta magna. Eso es un quórum restrictivo que le otorga a la derecha un poder de veto enorme. Necesitamos una nueva constitución pero que garantice más democracia y derechos sociales. Y eso no está garantizado. Sin embargo pensamos que es necesario participar en el plebiscito y en la elección de los futuros constituyentes. Pero también es fundamental que la ciudadanía continúe en las calles por qué sin la movilización no se van a poder correr los límites de lo posible en Chile.

--Qué sectores quedaron por fuera del acuerdo?

--En primer lugar, existe un espacio de articulación de diversas organizaciones llamado "Mesa de Unidad Social" que ni siquiera fue convocado. Allí están parte significativa de las expresiones organizadas de la sociedad civil, empezando por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). No fueron consideradas. En segundo lugar hay todo un proceso que se ha venido desarrollando al calor de la movilización, de los cabildos ciudadanos, un intercambio comunitario que tampoco se tomó en consideración. Y en tercer lugar desde el punto de vista de oposición política hubo un amplio sector no convocado, como el Partido Comunista, Partido Progresista y una parte del Frente Amplio. Lo que hizo la élite política fue convocar a ciertos sectores a firmar un acuerdo que ya estaba diseñado. En 48 horas, sin que quede registro del debate, se produjo un acuerdo limitado y restringido que ahora rige el proceso constituyente.

--Actualmente se está dando una discusión para definir la paridad de género dentro de la Asamblea Constituyente y que se garanticen bancas para los pueblos originarios y los candidatos extrapartidarios. ¿Cómo ve ese debate?

--Bueno, eso es sorprendente. Una vez aprobada la ley que regula el proceso constituyente, se descubrió que había falencias, como el hecho de que no se establecieron criterios para la participación de esos tres sectores que mencionás. Además la ley señala que la elección de los constituyentes se va a realizar de acuerdo a las actuales normas electorales. Eso significa que un candidato extrapartidario, independiente, prácticamente no tiene ninguna posibilidad de ser electo convencional constituyente. Hasta este momento no hay claridad de que estos problemas vayan a ser corregidos. Además hay otros problemas: el plebiscito que se va a realizar en abril es con voto voluntario. Ese tipo de voto, en sociedades con bajo nivel de politización, está comprobado que beneficia a la elite económica y social. Lo paradójico es que al final de todo el proceso, si se se redacta la nueva Constitución, va a haber un plebiscito de salida para rechazarla o aprobarla. Pero esa elección es con voto obligatorio. Como no veo una justificación técnica o jurídica para que haya voto voluntario al comienzo y obligatorio al final, tengo que interpretar que hubo un móvil político: el voto voluntario favorece a la derecha.

--En las calles parece manifestarse un descreimiento en la política de amplios sectores de la sociedad. ¿Pensa que esto es así?

--Creo que el cuestionamiento de la ciudadanía no apunta a la política en general. Va contra la elite política que desde el tiempo de la dictadura hasta ahora mantuvo en pie este modelo. Los reclamos de la ciudadanía señalan que no se realizaron acciones consistentes para modificar el modelo de desarrollo y la institucionalidad que impuso la dictadura. La propaganda decía de que éramos un modelo para todo el mundo, y quedó demostrado que este modelo se sustenta desde el abuso y la desigualdad. No puede ser que casi el 50 por ciento de los trabajadores chilenos gasten más de la mitad de su salario en el alquiler. Por eso tenemos una población altamente endeudada. Se endeudan para pagar la educación, la salud y para poder comer. Desde el punto de vista ciudadano, Piñera y la elite dirigente, no estuvo a la altura de resolver esta situación. Esta es una protesta que emerge de la profundidad de la ciudadanía chilena. Los responsables del estallido social son los que mantuvieron en pie un modelo que produce crecimiento sobre una base de inequidad, que produce riqueza sobre la base de la exclusión económica, social y política de las mayorías. Y por lo tanto también se equivocan los que pronostican que las movilizaciones terminaron. No hay dudas de que van a continuar.

Informe: Juan Manuel Boccacci