Los vecinos de Villa Crespo contra el estadio Movistar-Arena del diario La Nación continúan elaborando estrategias para intentar disminuir el impacto negativo que, aseguran, provoca en el barrio los recitales en la mole de cemento construida en el predio cedido por el Estado al club Atlanta. Reuniones con legisladores, comuneros, funcionarios del gobierno porteño, volanteadas, y una nueva presentación judicial son algunas de las acciones que impulsan los residentes de la comuna 15 para resolver los problemas que enfrentan cada vez que hay un recital, es decir, varias veces por semana. Esos días, según vienen denunciando desde que se inauguró el estadio, la zona se transforma en un caos de tránsito y de gente con ruidos que se originan a la entrada y salida de los shows, a lo que se suma la falta de estacionamientos, cortes de calles, la exigencia a los vecinos de mostrar el DNI para llegar a sus casas, vibraciones en los edificios y contaminación lumínica, entre otros problemas.
Cuando a comienzos de 2018 el diario La Nación publicó una nota promocionando el miniestadio que estaba construyendo en Humboldt 450, los vecinos de Villa Crespo cayeron en la cuenta de que de mini no iba a tener nada. Desde entonces, las organizaciones vecinales se opusieron a la construcción del estadio y denunciaron los problemas que iba a generar una obra destinada a albergar 15 mil espectadores y cien recitales al año: entre ellos, y el más significativo, un cambio radical en la fisonomía y la vida cotidiana del barrio. Por eso, si los vecinos autoconvocados pudieran elegir, elegirían que el estadio no existiese.
Ahora, ante el hecho consumado y cerrada la causa judicial que impulsaron, se preparan para encarar nuevas estrategias que les permitan atemperar el impacto que los recitales tienen en la zona. Una de las estrategias apuntará a convencer a los legisladores de la Ciudad para que retomen el proyecto que presentaron en la Legislatura. Una iniciativa que busca, primero, que en el predio que Atlanta cedió en comodato a La Nación y AEG Worldwide se efectúen sólo espectáculos deportivos, como era el espíritu de la ley original. Segundo, que se reduzca el plazo de concesión de 40 a 20 años y que se revoque la exención de impuestos municipales con la que se benefició a las empresas. Además de establecer que el predio "debe ser destinado con carácter excluyente a concretar la Sede Social y un Polideportivo del Club Atlanta", que es el fin con el que el gobierno porteño le cedió el terreno al club.
Además, están analizando un nuevo reclamo judicial que podría llevar a disminuir la cantidad de espectadores o la cantidad de eventos semanales. Uno de los ejes del planteo apunta a que se vuelva a analizar el impacto ambiental que tiene el estadio en el barrio tomando en cuenta la acumulación de sucesos, y no como se realizó la medición a partir de un espectáculo aislado. Porque no tiene el mismo efecto un recital que cien ni que se altere la vida de las personas una noche que cientos de noches a lo largo de los años.
La primera vez que el gobierno hizo el estudio de impacto del estadio de 25.000 metros cuadrados lo evaluó como “impacto ambiental sin relevante efecto”, pese a estar en un área residencial. Luego del amparo colectivo presentado por la Fundación Ciudad, con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la justicia ordenó realizar un nuevo estudio que determinó que el estadio tiene “relevante efecto”.
Dos semanas atrás, el juez declaró abstracto el amparo al considerar que se cumplió con la demanda de realizar un nuevo estudio ambiental, reguló honorarios, por lo cual la empresa y el gobierno deben pagar 70 mil pesos por haber perdido la causa, y cerró el tema.
Sin embargo, el abogado y titular del ODC, Jonatan Baldiviezo, explicó que “al momento de evaluar el impacto consideraron un evento aislado, un hecho concreto. Lo que no hicieron es evaluar la reiteración de eventos. La acumulación de sucesos a lo largo del tiempo que, si bien pueden parecer 'mínimos', cuando se reiteren tres veces por semana a lo largo de una vida los hacen incompatibles con la posibilidad de mantener una calidad de vida adecuada. La Agencia de Protección Ambiental no evaluó la interacción entre la actividad del estadio y el resto del barrio, cuando es una actividad que estimula la gran concentración de personas, al punto de que Villa Crespo aumenta su población en un tercio en un par de horas, y ese impacto no está evaluado. El 98 por ciento del estudio de impacto fue sobre la construcción del estadio, no se analizó casi nada del funcionamiento, y nada en absoluto en cuanto al funcionamiento y el entorno”, remarcó el abogado urbanista.
En este sentido, un argumento que va en línea con lo planteado por el letrado es que el gobierno estaría otorgando habilitaciones para los shows evento por evento, como se hace con los espacios que se habilitan para fines para los que no están destinados. Como sucede cada vez que se otorga una habilitación a un estadio de fútbol para hacer, por ejemplo, un recital. Pero como el estadio fue creado para espectáculos musicales la habilitación debería ser a largo plazo. Pero ello implicaría reflejar, de alguna manera, el impacto, ya que tendrían que estar la previsión de cuántos shows va a haber, la cantidad de espectadores, plazas de estacionamiento, etc.
Por otra parte, en los próximos días debería concretarse una reunión de los vecinos con el subsecretario de Vinculación Ciudadana, Juan Pablo Arenaza, quien les prometió una respuesta al listado de reclamos que le presentaron el 21 de noviembre pasado.
Algunos de los problemas que le plantearon, según detallaron en un comunicado los autoconvocados, son “los ruidos que se originan a la entrada y salida de los recitales; la contaminación lumínica permanente, que proviene de los carteles del Megaestadio; el uso de megáfonos para orientar el ingreso y egreso de público; los cortes de calle, que impiden el tránsito de quienes viven en la zona; el caos de estacionamiento; la situación de los vecinos con dificultades de movilidad (enjaulados en sus casas los días de recital, debido a que por los cortes de calle y las vallas ni ellos pueden salir ni sus familiares llegar a buscarlos con un auto particular o un taxi)”, entre otros.
Pero los vecinos también esperan respuestas a las preguntas que le dejaron picando al funcionario en el encuentro de noviembre. Entre ellas, y quizás las que más bronca genera teniendo en cuenta que el estadio está exceptuado de pagar impuestos municipales por 40 años, es ¿quién se hace cargo de los costos de los operativos que involucran policías, agentes de tránsito, limpieza, entre otros, para que el estadio haga negocios?
