El Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) expresó su “preocupación” por la muerte por “deshidratación severa” de un bebé wichi en la provincia de Salta y anunció que le enviará al gobierno de esa provincia un pedido de informe sobra la política social y sanitaria hacia las comunidades indígenas. “Queremos llamarles la atención porque registramos varias situaciones alarmantes”, definió la titular de ese organismo, Magdalena Odarda.

El bebé que falleció esta semana era el más pequeño de una familia de la comunidad La Mora 1, ubicado a cuatro kilómetros de Tartagal. Tenía un año y dos meses e ingresó al Hospital Juan Domingo Perón con un cuadro de deshidratación producto de un proceso agudo de gastroenteritis. “No tengo la desnutrición como causa de muerte”, afirmó a Salta/12 Juan José Fernández, gerente de ese centro asistencial.

El hecho encendió las alertas por la realidad que atraviesan las comunidades indígenas del norte del país. Por eso, el pedido de informes que se enviará en las próximas horas se solicita al gobernador salteño, Gustavo Sáenz, datos de cómo se aplican los programas sanitarios, asistenciales y de desarrollo, así como también planes alimentarios y educativos que estén en ejecución, entre otros puntos.

“Sabemos que hubo disminución en la entrega de leche a las comunidades ”, puntualizó la titular del INAI, Magdalena Odarda. En diálogo con Página/12, la funcionaria se refirió al caso del bebé fallecido: “Queremos saber la causa de la muerte. Lo que tenemos es la información de que sufrió deshidratación, pero queremos saber si fue producto de una desnutrición”.

Este no fue el único caso por el que el instituto se puso en alerta. La semana pasada, en el municipio de Embarcación hubo un operativo policial en una comunidad wichi con varios detenidos, entre ellos varios niños. Sobre esto también “queremos llamarles la atención, porque registramos varias situaciones alarmantes y el eje principal del INAI será la protección de los niños indígenas”, añadió la funcionaria.

“Debemos frenar los atropellos y la falta de presencia del Estado, porque sabemos que existen muchas injusticias”, añadió Odarda, no sin admitir que esto trasciende a la responsabilidad del gobierno de Sáenz, porque se trata de prácticas que datan de su antecesor Juan Manuel Urtubey.

Por eso, agregó, desde el instituto se están “investigando casos similares” al del niño wichi, tanto en Salta como en otras provincias del norte. “No es la primera vez que pasan situaciones así, solo que en los últimos cuatro año estuvieron invisiblizadas y ahora las vamos a visibilizar”, remarcó.

En algunas comunidades “todavía hay argentinos a los que les falta el DNI y donde la pobreza es tan grande que no tienen cajones para enterrar a los muertos”, ejemplificó. “Tenemos que desterrar este tipo de realidades porque los ciudadanos indígenas tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano”, definió.

Además de presentar el pedido de informes, Odarda adelantó que en el transcurso de la semana próxima viajará a Salta y tratará de reunirse con Sáenz. Con quienes sí o sí se verá será con los representantes de los Consejos Provinciales Indígenas (CPI), para ponerse al tanto y de manera directa con la realidad de esa provincia.

“Nos parece que en los últimos años no hubo ningún tipo de prevención ni cobertura en las comunidades indígenas, que tienen la tasa de pobreza más alta”, puntualizó la funcionaria y concluyó: “Debemos frenar la continuidad de las políticas de abandono del gobierno anterior”.