El debate político que se generó en la legislatura bonaerense a partir del envío del gobernador Axel Kiciloff de la Ley Impositiva trajo novedades muy auspiciosas para el debate político en general y agrario en particular. Puso sobre el tapete dos cuestiones centrales que estaban totalmente invisibilizadas, como son la segmentación impositiva y el tema de los puertos. En este caso nos vamos a ocupar de los puertos. La eficiente ministra del Gobierno, Teresa García, se quejó amargamente de que Juntos por el Cambio introdujo bajas en las tasa portuarias que cobra la provincia, en beneficio de grupos ultra-concentrados. Tiene razón. Se redujo el canon por tonelada cargada (léase: soja, maíz, girasol, trigo etc.) de 93 a 46,5 pesos por tonelada descargada (léase: fertilizantes, glifosato, urea, etc.) de 273 a 139 pesos y por cargas removidas de 46 a 23 pesos. Bajas más que ostensibles, sin discriminar mercaderías de ningún tipo, porque una cosa es bajar o subir medicamentos y otra chuchería y/o accesorios para la sojización. Buenos Aires tiene más de 1500 km de costas y 12 puertos públicos. Según la ministra estos puertos tributan nada, todo queda en las arcas de misteriosos entes con fachadas público- privado, donde lo público nunca cobra ni gana y lo privado nunca paga ni pierde.

Santa Fe padece de un problema similar. Tiene 52 puertos privados en una franja costera de unos 100 km a la vera del Paraná que bordea Rosario, y allí, facturan la friolera de entre 22.000 y 25.000 millones de dólares/año. Esa orla de ribera es tierra de nadie o mejor dicho solo de ellos. Cualquier ciudadano santafecino que quiera poner un kiosco debe pagar el 2,7 por ciento de Ingresos Brutos; en cambio Cargill, Vicentin, Dreyfus etc., solo el 0,50 por ciento. Según el diputado y periodista Carlos del Frade, las 18 empresas exportadoras más grandes de Santa Fe, venden juntas el triple del presupuesto provincial de 2020; y pagan solo un tercio de Ingresos Brutos. Pero aparte de no tributar lo que corresponde consiguen que gobiernos dóciles le carguen al conjunto de la sociedad el pago de las obras de infraestructura que necesitan para mejorar la operatividad de sus fondeaderos. El 23 de septiembre del 2018 el ex ministro de obras públicas Guillermo Dietrich anuncia 10.000 millones de pesos en obras para mejorar los accesos viales de los camiones a “sus puertos”. O sea, no pagan ni los impuestos, ni las tasas que deberían pagar y encima las obras para mejorar sus balances a partir de la optimización de sus instalaciones portuarias se las pagamos entre todos. Eso sí que es el colmo.

Para cobrarles a estos monstruos económicos lo que corresponde es fundamental una acción común entre la Nación y las provincias, aunque la competencia sea provincial. ¿Por qué? Sencillo y elemental. Si la Nación no interviene fijando el precio de los granos, estas multinacionales exportadoras terminan descargando el tributo provincial en los chacareros, que no son formadores de precios. ¿Cómo se hace? Fácil, pero difícil. El parlamento nacional debe sancionar una Ley de precio mínimo, sostén, obligatorio y en origen para los cereales que garantice que sea el precio internacional menos retenciones, lo que efectivamente cobre el productor. Nunca o casi nunca sucede eso. Existe una doble retención (de hecho e ilegal) que practican las exportadoras por su cuenta, que lo pueden hacer debido a la alta cartelización que tienen. Pagan lo que se les antoja, no lo que corresponde. Si el Estado no interviene regulando y controlando, el cartel cerealero está de fiesta.

¿Por qué la Mesa de Enlace no reclama por un precio y peso justo de los granos exportables argentinos y el periodismo especializado no visibiliza estas inequidades tributarias y de fiscalización? Muy sencillo, ambos son amamantados con los derrames de los mismos balances. Esto explica porque no van gremialmente contra los exportadores y van contra el Estado. Ahora, si el Estado está en manos de complacientes con el “mercado” son todos elogios para quienes lo conducen, en cambio sí está en manos de “populistas” suena fuerte el escarmiento mediático.

Si queremos cobrarle a estos monstruos y que lo sufraguen efectivamente ellos- y esto sí es clave comprenderlo- necesitamos de medidas complementarias: precio mínimo, sostén, obligatorio, y en origen, para que no trasladen la imposición y lo paguen las exportadoras; prohibir la venta directa de granos, todo debe pasar por los acopios locales sean cooperativas o privados; poner balanzas publicas 50 metros antes de los ingresos a todos los puertos, y operarlas con la máxima garantía de que ningún balancero se duerma justo en el “momento oportuno”. Parece mucho pero no lo es. Más fue estatizar YPF, las AFJP, o poner el ARSAT en órbita y lo hicimos, como no vamos poder hacer “esto”, que está directamente relacionado con la lucha contra el hambre. Los recursos que necesitamos están allí, camuflados por los vivos de siempre a su entero beneficio.

* Ex director de Relaciones Internacionales de la Federación Agraria.