Felipa Lalecori tiene 90 años y es la integrante más longeva del pueblo moqoit de Chaco, el mismo que hace casi 100 años perdió a decenas de sus integrantes en lo que fue la Masacre de Napalpí. En su lengua --no habla español-- y rodeada de cohabitantes, reconstruyó ante fiscales federales de la provincia, el relato que de aquellos días de represión y cacería que le transmitió su padre, uno de los pocos sobrevivientes, y que guardó como tesoro. El testimonio, tan válido para la causa judicial como reparador para la comunidad originaria, completa un expediente en el que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía provincial viene trabajando hace cuatro años y por el que en marzo solicitará la realización de un juicio por la verdad. “Queremos un juicio por la verdad porque aunque no haya responsables vivos, el Estado debe reparar en lo que pueda el crimen de lesa humanidad que significó la Masacre de Napalpí”, apuntó Diego Vigay,uno de los fiscales que trabajó en la investigación de oficio.

La abuela moqoit brindó su testimonio a principios de mes. Vigay, fiscal federal “ad hoc”, y el fiscal general de Chaco, Federico Carniel, acudieron a su casa, ubicada en el paraje San Lorenzo, en las Las Tolderías de Charata, un pueblo ubicado a 350 kilómetros de Resistencia, para escuchar su historia. “Además de constar en actas, su testimonio fue filmado (por personal de la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual del Gobierno del Chaco) y oído por unas 50 personas de su comunidad, una comunidad atravesada generaciones y generaciones por esta masacre, traumada. Que el testimonio de la abuela sea oído es una manera de reparar el daño”, evaluó Vigay.

Ante Vigay, Carniel y gran parte de la comunidad a la que pertenece, Felipa contó que conoce lo ocurrido en la Masacre de Napalpí por relatos de su padre, uno de los pocos sobrevivientes. “Él fue a esos lugares por necesidad de conseguir trabajo, se había enterado por otro hermano que en ese lugar había trabajo y por eso fue. Ahí trabajaba en el obraje, como hachero”, contó en su lengua. Su hijo Sixto la tradujo al castellano para que fiscales pudieran comprenderla. Una hermana de la abuela de Lalecori también sobrevivió, pero perdió a dos de sus hijos en la matanza.

Se conoce con el nombre de Masacre de Napalpí a la matanza que emprendió en 1924 el Estado nacional sobre integrantes de la comunidad Napalpí, en su mayoría miembros de los pueblos originarios qom y moqoit. La investigación de oficio de la Fiscalía, que lleva cuatro años, reconstruyó con testimonios de sobrevivientes e hijos de algunos de ellos, documentación de época y el testimonio de investigadores e historiadores aquel hecho en el que efectivos de la entonces Policía nacional (antecedente a Gendarmería) y criollos asesinaron a entre 200 y 300 miembros de la comunidad que se encontraban en huelga por mejoras en las condiciones de trabajo y de vida a las que eran sometidos en el paraje donde brindaban sus servicios para reducir el monte chaqueño.

“El paraje (en donde se habìa establecido la comunidad napalpí) era manejado por el Gobierno nacional que sometía a sus pobladores a condiciones infrahumanas de explotación y hambre, algo que los pobladores respondieron con una huelga que paralizó el desmonte”, aclaró Vigay. El padre de Felipa llegó al paraje días antes de la masacre: “Hubo una convocatoria por parte de un líder que llamó a todas las familias, él estaba en el lugar en el medio de la gente que estaba reunida en ese momento. Había una juntada de hermanos y había gente de afuera en un lugar con una edificación donde había como un galpón”, continuó la abuela. Tras la investigación pudieron reconstruir que momentos previos a la matanza, un avión sobrevoló el paraje “tirando caramelos y golosinas a la gente para reunirlos en un lugar, para tenerlos todos juntos y así reprimirlos”, añadió el fiscal.

Así recordó Felipa que se lo transmitió su padre a través de la tradición oral: “Repartieron golosinas a la gente y es ahí que tuvo temor, supo que había peligro y se retiró de donde estaba la gente, se tira cuerpo a tierra y se arrastra hasta llegar a un monte donde puede pararse y caminar y comienza a caminar y después a correr hacia el sur”. “Fue una de las masacres más grandes de la historia del país durante el siglo pasado”, apuntó Vigay. Muchos miembros de la comunidad fueron asesinados durante la represión, mientras que “contra los que se escaparon comenzó una cacería. A los que encontraban los pasaban a degüello”, sumó.

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía chaqueña llegó a Felipa tras una reunión que en octubre pasado mantuvieron con la comunidad moqoit de la que es parte, contó Vigay a Página/12, “para explicarles el trabajo que iba a desarrollar el Equipo Argentino de Antropología Forense, una audiencia de acuerdo previa”. “Allí les insistimos que estamos abiertos a recibir testimonios, entonces nos cuentan de Felipa”, indicó el fiscal. El testimonio de la abuela se sumó a otros que los fiscales fueron acumulando a lo largo de la investigación de oficio que desarrollaron y que está llegando a su fin. Cuentan con el relato de los sobrevivientes Pedro Balquinta y Rosa Grilo, de los hijos de las sobrevivientes Melitona Enrique y Rosa Chará. Su aporte “coincide con el documentación que ya existe en la causa”, reconoció el fiscal, quien destacó, no obstante, que “lo fundamental” de haberle tomado testimonio es “la reparación que implica para la comunidad, que la oyó mientras relataba una matanza que sufrieron sus hermanos y que es su trauma hasta el día de hoy. Que ese testimonio se filme, se deje constatado en un acta, es vital para ellos”.

Entre fines de aquel mes y el siguiente, el EAAF revisó el territorio en busca de las fosas comunes en las que, aseguran testimonios de pobladores de la zona, enterraron los cuerpos reprimidos y asesinados. La orden la habilitó la jueza federal Zunilda Niremperger, a quien la Fiscalía acudió con el carácter de lesa humanidad de los hechos bajo análisis como argumento. Los técnicos no dieron con aquella prueba,pero encontraron los restos de una persona enterrados medio metro bajo tierra. Según Vigay, se cree que “puede ser alguien que intentó huir, fue capturado en el monte y enterrado ahí mismo”.

En algunos meses --prevén que en marzo--, la Unidad estará en condiciones de solicitar la elevación a juicio por la Masacre como delito de lesa humanidad por la que, aseguran los fiscales, el Estado nacional “está obligado a responder”. Propondrán que, siguiendo la experiencia de los crímenes de la última dictadura durante el fin de la década de los 90, lo haga en un juicio por la verdad. Otro antecedente favorable data de mediados del año pasado, cuando la justicia federal de Formosa calificó de lesa humanidad a la Masacre de Rincón Bomba, cuyas víctimas también eran pueblos originarios. “Queremos juicio por la verdad porque no hay imputados vivos, para reconstruir lo que sucedió y que exista sentencia reparatoria”, explicó Vigay.