Contrariamente a lo que fueron los primeros 31 días del presidente Alberto Fernández que implementó una serie de medidas de shock y leyes para tratar de salir de la crisis económica, en Salta la actitud que parece haber tomado en este mes de arranque el gobierno provincial es la de los boxeadores que se toman el primer round para esperar y estudiar al rival antes de lanzar los primeros golpes. Sin grandes anuncios, ni una política definida, por ahora el gobernador Gustavo Sáenz parece solo aspirar a seguir el ritmo de lo que establece y envía Nación.

Igualmente ese mes que pasó no estuvo exento de polémicas, que inclusive comenzaron antes de la asunción, cuando el gobernador adelantó que el coronel mayor retirado, Juan Manuel Pulleiro, quedaría a cargo del ministerio de Seguridad.

El ex militar fue objetado por las organizaciones de Derechos Humanos debido a sus reiteradas reivindicaciones del combate de Manchalá, sucedido en 1975 en el marco del Operativo Independencia. 

El gobernador Saénz, que ya lo había tenido al polifuncional Pulleiro como funcionario municipal a cargo del mantenimiento de las plazas, realizó declaraciones en las que pasó a retiro a la teoría de los dos demonios al sostener que así como en su equipo está el ex militar, también lo tiene a Pablo Outes, cuyo homónimo padre fue una de las víctimas del terrorismo de Estado en 1976 en la mascare de Palomitas.

A la hora de conformar el resto del gabinete, el gobernador recurrió de base al saencismo puro con ministros como Matías Cánepa, Ricardo Villada, Josefina Medrano, Mario Peña y Verónica Figueroa. Además par surgieron de los otros espacios del frente que lo llevo al gobierno, como el macrista Martín De los Ríos y el romerista Sergio Camacho, y lo completó con la dupla de urtubeicistas reciclados, Matías Posadas y Roberto Dib Ashur. 

En esa nueva estructura la novedad fueron las bajas de la Jefatura de Gabinete y el ministerio de la Primera Infancia. Como punta de esa pirámide ministerial puso de coordinadores a sus dos manos derechas, Nicolás Demitrópulos y Pablo Outes.

A nivel legislativo el primer desafío de la nueva gestión fue la de armar el presupuesto 2020, pero después de varios amagues finalmente se optó por imitar a la Nación y prorrogar el ejercicio actual hasta tanto se tengan certezas de los número nacionales, en virtud de la altísima dependencia económica que tiene la provincia con los fondos coparticipables.

Por eso fue tan celebrado en el equipo económico del gobierno salteño la suspensión del pacto fiscal que permitirá recaudar al Estado 4 mil millones de pesos que se les esfumaban por la baja de las alícuotas impositivas provinciales establecidas en ese documento que firmó Juan Manuel Urtubey hace dos años.

Sin embargo en virtud de ese pacto se sostuvo la eliminación del impuesto a las cooperadoras asistenciales que aportaban las empresas por cada trabajador activo, que era la principal fuente de financiamiento de esas instituciones y por lo que se generaron los primeros chispazos con la intendenta capitalina y socia política, Bettina Romero.

Según explicó Outes la medida se tomó para dar competitividad a las empresas salteñas a riesgo de que no se instalen en Salta por esos costos, obviando que desde hacía 12 años estaba vigente una exención por 10 años para quienes tomen nuevos empleados. 

Además el coordinador explicó que esos fondos perdidos por los municipios se compensarán con los que ingresarán por el Plan Argentina contra el Hambre que implementa el gobierno nacional. Ya Romero advirtió que esos fondos en nada tienen que ver con las tareas de una cooperadora y que iban a llegar independientemente de la suerte que corran esas instituciones.

El de las cooperadoras no fue el único encontronazo con la intendenta salteña, quizás más fuerte, aunque sin tomar estado público, fue lo que sucedió por la incertidumbre laboral en la que se encontraron los empleados municipales cercanos a Sáenz, que supuestamente tenían acordada su continuidad, pero se les habían dado de baja sus contratos. 

Si bien en su mayoría fueron reincorporados y seguirán trabajando para el municipio, la tensa situación que se vivió en el Centro Cívico Municipal entre navidad y los primeros días de este año dejó mella en la relación Sáenz – Bettina.

Igualmente lo que pasó en la municipalidad no fue inédito, porque apenas asumida la  gestión saencista, en el Grand Bourg sucedió algo parecido, pero con los funcionarios que continuaban de la época de Urtubey.

Incertidumbre, maltratos, ninguneos y despidos por motivos meramente políticos eran las principales quejas y denuncias de los trabajadores públicos en esos días. De hecho el vacío dejado por las cesantías en las segundas y terceras líneas de gobierno recién fue suplido el viernes con una catarata de nombramientos, esto explica también, en parte, la parálisis del gobierno en este primer mes. 

Muertes en el norte, la primera gran crisis

Sin dudas lo más grave que tuvo que afrontar el gobierno desde que asumió es la muerte de tres niños por cuadros agravados por desnutrición y un tercero que se encuentra muy complicado con riesgo de vida. 

No se pueden cargar todas las culpas del riesgo nutricional y la extrema pobreza en el que se encuentran miles de salteños, especialmente los miembros de comunidades orginarias, a una gestión que recién comienza, ya que es una situación de varias décadas, que se agudizó en estos últimos cuatro años de políticas macristas (apoyadas por el entonces intendente Sáenz), pero será interesante saber que se hizo en este mes y cual es el plan del gobierno para revertir esta delicada situación. 

Por lo pronto la primera reacción fue la de recurrir a la Nación, que respondió con la visita que se concretó ayer del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en la que adelantó la firma del convenio para implementar la tarjeta Alimentar y anunció la posiblidad de llevar adelante obras de agua potable en los departamentos más postergados de la provincia.

Único plan: Nación 

Hasta ahora parece ser el único norte marcado de la gestión saencista, recurrir a los recursos que se puedan enviar desde el gobierno nacional, cualquiera sea su utilidad o destino. 

Orgulloso del calificativo que le endilgó Urtubey de mendigo (que recuerda al orgullo que mostraba Macri cuando Maradona lo calificaba de cartonero Báez), Sáenz supo hacer de la gestión de fondos nacionales su mejor cualidad a la hora de llevar adelante el municipio.

Ahora, con un provincia que comandar, parece intentar replicar ese estilo, anunciando que la Casa de Salta en Buenos Aires se convertirá en una especie de embajada con oficinas de los ministerios para que tengan cercanía permanente con sus pares nacionales e inclusive un espacio para el foro de intendentes, así los jefes comunales adoptan idéntica política.

Además de la vía directa que intenta establecer con la Casa Rosada, el gobierno provincial como una segunda instancia de llegada a Nación, tendió puentes con los legisladores y referentes salteños del Frente de Todos, con los que habría obtenido mejor llegada ya que se mostraron predispuestos a colaborar con el gobernador, aunque siempre aclarando que como oposición. La prueba fue que ayer en la visita de Arroyo varios de ellos estaban presentes en el acto de firma del convenio.

Hasta ahora el gobernador pudo mostrar como “logros” de gestiones en Buenos Aires que planteó una serie de problemas hídricos de la provincia al encargado del Plan Belgrano, también habló de la necesidad de obras ferroviarias con el ministro de Transporte Mario Meoni, firmó un acuerdo productivo con Catamarca bajo la atenta mirada del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y consiguió $ 45 millones que aportará el Consejo Federal de Inversiones para la producción, el turismo y la cultura salteña.

En una conferencia de prensa con ministros provinciales se presentó como un triunfo que Salta sea una de las primeras provincias en aplicar la tarjeta Alimentar, aunque ese “privilegio”, según el cronograma diseñado por Nación, lo ostentan justamente aquellos distritos con una necesidad urgente de asistencia alimentaria. Finalmente las graves circunstancias antes descriptas llevaron a que toda la implementación de la tarjeta se precipite.

Además replicando el plan de austeridad impuesto a nivel nacional, congeló el sueldo de la plana mayor del gobierno por 180 días, medida que ya había sido dispuesta por las dos cámaras legislativas una semana antes, a pesar de estar ambas de receso.

Lo positivo en materia económica es que Salta no debió recurrir a los adelantos de coparticipación y la asistencia financiera ofrecida desde Nación como sucedió con otras provincias, debido a la imposibilidad de afrontar los compromisos  inmediatos, lo que reflejaría un cierto orden económico y fiscal de las cuentas estatales.

El gran anuncio hasta el momento que hizo el gobierno es de algo que sucederá el 1 de abril, y refiere al ingreso de un proyecto de Ley firmado por el gobernador para convocar a una reforma constitucional. Vale recordar que en la Cámara de Diputados existen por lo menos tres proyectos al respecto, uno de los cuales es del actual secretario general de la gobernación, Matías Posadas. 

Ante este panorama, la ausencia de un presupuesto y la falta de definiciones en cuanto al rumbo que tomará la provincia en cada área, el presente de Salta es el de un anexo de la Nación.