El gobierno anunció que analiza rescindir el contrato por el soterramiento del Sarmiento porque la obra tiene una historia de irregularidades que aún investiga la justicia. La causa principal por presuntas coimas en el proyecto de soterramiento del ferrocarril Sarmiento en el que intervino la empresa Odebrecht tuvo un giro en agosto pasado, cuando la Cámara Federal anuló los procesamientos y faltas de méritos dictadas por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia aseguraron que la resolución dictada en primera instancia era "nula" porque carecía de fundamentos y porque aún faltaba la prueba clave: las confesiones en Brasil en el marco de las investigaciones del Lava Jato. Los camaristas consideraron que Martínez de Giorgi debe profundizar la investigación tomando en cuenta todos los delitos, incluido el pago de sobornos o el fraude al Estado. Ese magistrado había resuelto en abril, al definir la situación de los imputados, que no había suficientes elementos para concluir que existieron sobornos por parte de Odebrecht y sus socios locales para obtener la concesión del soterramiento por el ferrocarril Sarmiento. Sin embargo, para la Cámara esa sentencia omitió "analizar (ciertas cosas) y no (las) analizó". Desde su inicio la investigación fue orientada a determinar posibles maniobras de fraude a la administración pública y presuntos pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y sus socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del Ministerio de Planificación Federal durante el último gobierno kirchnerista.
La sospecha consistía en pagos que se habrían hecho para conseguir la adjudicación de las diferentes etapas de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que benefició a un consorcio integrado –según su anterior denominación- por las firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A. El juez del caso había procesado a Julio De Vido --junto con Roberto Baratta, Ricardo Jaime y su testaferro Manuel Vázquez, Juan Pablo Schiavi y José López-- pero por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El magistrado también había dictado la falta de mérito de los principales empresarios involucrados en el proyecto, entre ellos Angelo Calcaterra (primo del ex presidente Mauricio Macri), Santiago Altieri, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández, Alejandra Kademian y Jorge Rodríguez.
