A poco más de un año de ser desalojada, la Asamblea de Villa Urquiza alertó que el local donde funcionó el espacio comunitario que armaron los vecinos autoconovocados tras la debacle del 2001 va a ser demolido, a pesar de que el inmueble está ubicado en la parte del playón ferroviario que no será subastado y que se debería destinar a uso público. Los asambleístas habían peticionado en su momento que la Ciudad les otorgue un permiso precario para quedarse en el edificio, pero el gobierno no aceptó. Tampoco lograron que se avanzara en la propuesta que hicieron para que se construyera un nuevo edificio para la asamblea ni que los reubicaran en algún sector de la comuna. Mientras tanto, desde el desalojo , continuaron con los trabajos solidarios, educativos y culturales, en la plaza del barrio y en espacios prestados por otras organizaciones.

“Estamos indignados y con mucha bronca. Este martes vamos a hacer una asamblea a las 10 frente al local para resistir la demolición, aunque la policía nos intimó a no hacerla ahí”,dijo a Página/12 Liliana Rodríguez, psicóloga del hospital psiquiátrico Alvear, integrante de la Asamblea y encargada de dar un taller para externar pacientes en el espacio comunitario que mantienen los asambleístas.

“El país tiene tantas necesidades que el espacio se necesita más que nunca, porque se desarrolla un trabajo social y político importante”, remarcó Rodríguez. Sin embargo, aclaró, “no queremos un centro cultural del gobierno porteño, no queremos ser espectadores sino un espacio de autogestión como siempre fuimos”.

Hasta diciembre de 2018, el local sobre la avenida Triunvirato, entre Roosevelt y la vía, a metros de la estación del ferrocarril Mitre y del subte B, fue el escenario en el que funcionaron durante 16 años talleres artísticos, una consejería pre y post abortos, una biblioteca, un bachillerato popular, un merendero, entra tantas otras actividades gratuitas destinadas a los vecinos. Tras el desalojo, el local permaneció clausurado. En el ínterin, los asambleístas intentaron que el espacio que gestionaron les fuera devuelto.

El alerta por la demolición se disparó cerca del mediodía del lunes en las redes sociales, cuando los vecinos se dieron cuenta que había operarios trabajando en el local. "Por ahora estamos limpiando", les aseguraron los trabajadores que estaban en el local a los asambleístas.

“Demuelen 16 años de autogestión de vecinxs. Demuelen punto de encuentro para las diversas fuerzas de transformación social; tales como el feminismo, los movimientos de los trabajadores y pueblos originarios, la disidencia sexual y de género. Demuelen un espacio abierto a la comunidad, por fuera de estructuras partidarias, cuyo motor radica en la autogestión y en la heterogeneidad de los individuos y colectivos que la transitan,  enfocada en las necesidades que emergen desde y para las personas que a ella se acercan”, advirtieron los asambleístas.

En Twitter, el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, sostuvo que "el Estado eliminó otro espacio de participación horizontal y comunitario genuino", y recordó que el desalojo había sido ordenado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el gobierno porteño, y que “la gestión de Rodríguez Larreta no brindó ningún espacio alternativo o solución para que la Asamblea siga existiendo”.

El playón ferroviario donde se encuentra el local pertenecía al Estado Nacional. En su momento, la Legislatura porteña le dio la normativa urbanística para que se puedan construir edificios en el 35 por ciento del terreno. Al mismo tiempo, Nación tenía que transferirle a Ciudad el otro 65 por ciento destinado a uso público y espacio verde.

Cuando el Estado nacional sacó a remate el predio, definió qué parte del terreno quedaba comprendida en ese 35 por ciento edificable. En ese contexto, el local de la Asamblea quedó dentro del área de uso público. Sin embargo, Nación no logró vender el terreno y tras varias subastas que se declararon desiertas le terminó transfiriendo todo el predio a Ciudad, que lo aceptó a fines del año pasado para volver a ponerlo a la venta.

A Ciudad le toca ahora hacer un diseño participativo para el 65 por ciento del espacio destinado a uso público. En este sentido, los asambleístas insistirán para ser tenidos en cuenta, y que se le asigne un espacio a la Asamblea. Según Rodríguez, un representante del defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor,  les garantizó retomar las negociaciones con el gobierno de Larreta.

Alberto Aguilera, integrante de Manzana 66 Verde y Pública y referente de las luchas vecinales, dijo a este diario que “me partió el alma cuando cerraron el local, porque es una organización que cubre la falta del Estado en ese barrio. Y me parece aún más lamentable que estén sufriendo todo esto por un negocio inmobiliario, cuando el Estado mismo reconoció la función social que cumplían”. Y remarcó que “una asamblea como esta merece tener un lugar, sobre todo, cuando uno ve en el Boletín Oficial que el gobierno porteño se deshace de tantas propiedades con el argumento de que no le sirven a la Ciudad”.