El 10 de diciembre, cuando Bettina Romero tomó posesión del cargo de intendenta de Salta, asumió declarando que llegaba para unir a los salteños y que sus prioridades serían tener más presencia en los barrios y una agenda de género marcada.

“Llegó la hora de las mujeres”, dijo la primera intendenta mujer de la capital provincial.

Sin embargo, a poco más de un mes de su asunción, y a pesar de haber realizado algunas acciones que apuntan a la descentralización municipal, lo que marca el comienzo de su gestión es la distancia que la intendenta fue tomando con su socio político y actual gobernador, Gustavo Sáenz.

La primera ruptura se produjo entre navidad y año nuevo, cuando muchos empleados cercanos a Sáenz, todos con contratos transitorios o con designaciones políticas y que supuestamente tenían acordada su continuidad, se encontraron sin sus renovaciones.

Si bien en su mayoría fueron reincorporados y seguirán trabajando para el municipio, la situación que se vivió en el Centro Cívico Municipal dejó su primera huella.

Luego vendrían los 20 trabajadores que perdieron su lugar en el Hospital municipal de mascotas. También en este caso, la decisión fue no renovar sus contratos ya que se trataba de empleados enmarcados bajo la figura de Agrupamiento Político (AP).

Ese Hospital Municipal de Salud Animal de Salta fue uno de los caballitos de batalla de la gestión del ex intendente, quien se mostraba orgulloso de su creación a pesar de tener trabajadores que denunciaron cobrar salarios inferiores a los $12.000 y condiciones laborales precarias.

Cooperadora Asistencial

La disputa continuó con la quita del apoyo a las Cooperadoras asistenciales por parte de la provincia.

A través del Consenso fiscal nacional, que significó la suspensión del pacto fiscal y permitirá recaudar al Estado salteño 4 mil millones de pesos que se les esfumaban por la baja de las alícuotas impositivas provinciales, se sostuvo la eliminación del impuesto a las cooperadoras asistenciales que aportaban las empresas por cada trabajador activo y que era la principal fuente de financiamiento de esas instituciones.

En un principio, la Cámara de Diputados había dado media sanción para lograr una prórroga que permitía mantener este impuesto provincial, pero en el Senado no se logró avanzar con esa prórroga generando el enojo de muchos intendentes.

Quien se erigió como vocera de ese malestar fue justamente Bettina Romero, quien públicamente le pidió al gobernador que la Provincia asuma esos costos, ya que los municipios están desfinanciados.

En una reunión del Foro de intendentes, Romero remarcó frente al Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Provincia, Pablo Outes, el rol social que cumplen las cooperadoras municipales, al ser “la primera puerta que el vecino golpea ante una urgencia o problema”

Y agregó: “creo en el papel del Estado como agente de justicia social. Me preocupa que en este escenario delicado, con un 41% de nuestra población viviendo en la pobreza, se deje a la Cooperadora Asistencial de la ciudad con un 75% menos de recursos. Por ende, de capacidad y posibilidad de dar respuestas o asistir a quienes más lo necesitan. Hoy los municipios tenemos menos autonomía”.

Según explicó Outes, la medida se tomó para dar competitividad a las empresas salteñas a riesgo de que no se instalen en Salta por esos costos, obviando que desde hacía 12 años estaba vigente una exención por 10 años para quienes tomen nuevos empleados.

Además, el coordinador explicó que esos fondos perdidos por los municipios se compensarán con los que ingresarán por el Plan Argentina contra el Hambre que implementa el gobierno nacional.

A lo que la mandataria municipal contestó: “se trata de una medida nacional que igual iba a llegar y que nada tiene que ver con el financiamiento de las cooperadoras. Era bueno quitarles presión tributaria a los comercios y empresas, pero no se previó cómo reemplazar el monto que se dejó de percibir”.

Presupuesto y herencias

Otro de los desencuentros estuvo relacionado al presupuesto 2020 que, como a nivel nacional y provincial, el municipio logró posponer hasta febrero o marzo.

Una de las pesadas herencias que dejaba el presupuesto que presentó Sáenz antes de asumir como gobernador, era el impuestazo que se aplicaría a la unidad tributaria.

La UT, pasaría de $9,95 a $15,42, incrementando las principales cargas municipales (impuestos Inmobiliario y de Radicación de Automotores; la Tasa General de Inmuebles y la de Inspección, Seguridad, Salubridad e Higiene) en un 55%.

Otra vez Bettina Romero marcó distancia al asegurar que enviará al Concejo Deliberante la Ordenanza Tributaria que estipula un aumento del 45% en la Unidad Tributaria, es decir, 10 puntos menos que el proyecto de presupuesto de su antecesor. “Entendemos la situación que estamos viviendo”, subrayó la jefa comunal.

Igualmente, ese porcentaje tendrá una revisión a mitad de año que podría elevarla un 23 por ciento más, según como marche la inflación; de concretarse con ese máximo la dejaría por encima de lo que solicitaba Sáenz.

Quien había presentado el proyecto en el Concejo Deliberante, fue un funcionario heredado del saencismo y que tendría las horas contadas: Emilio Savoy.

El hasta ahora secretario de Hacienda, fue el único de la anterior gestión que se mantuvo en su cargo y el que puso la cara ante los concejales cuando se proponía el 55 por ciento de aumento.

Si bien desde la Secretaría de Prensa municipal no confirmaron los rumores, tampoco los desmintieron.

Lo cierto es que cumplido el primer mes de gestión, lo que sobresale es la distancia que van tomando quienes, hasta hace poco tiempo eran socios políticos y llegaron a ocupar los primeros puestos del municipio y la provincia con el slogan de la nueva política y la unidad.