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La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dio a conocer una resolución en la que insta a los jueces a no involucrar a la central de espías en investigaciones que no tienen que ver con el anti-terrorismo, la prevención frente a ataques informáticos o amenazas al orden constitucional o la paz. La decisión de la interventora Cristina Caamaño limita muchísimo los pedidos que puedan hacer los magistrados que convirtieron las intervenciones de la AFI en un negocio monumental y en instrumentos de persecución: en un caso de homicidio, por ejemplo, en lugar de seguir e intervenir el teléfono de dos imputados metían 20, y los informes de los 18 que no tenían la menor relación con el homicidio eran para venderles a maridos o esposas infieles, a empresarios que espiaban a su competencia y otras jugarretas de ese estilo. Pero, además, se usaban semejantes maniobras para perseguir opositores: con la excusa de una causa por extorsión, se invadían los mails y se les ponían micrófonos a dirigentes de otros partidos que no tenían vínculo con ningún delito. Un memorioso cuenta que, hace 40 años, la dirección de Jurídicos apenas tenía cinco personas. Hoy en día es una dirección con cientos de agentes metidos en causas judiciales.
Elemental
La resolución de Caamaño será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial. En la letra fría dice: "establecer que los medios técnicos y humanos de esta Agencia Federal de Inteligencia se aboquen al estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional e inteligencia criminal referida a delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos y contra el orden constitucional. Disponer la reducción al mínimo de los casos posibles de su participación como auxiliar de la Justicia".
Así formulado, parece elemental que la AFI se dedique a lo que debe dedicarse y no a otras cosas. Pero la resolución da a entender que detrás de esa participación como auxiliar de la Justicia hubo muchísimas otras cosas.
Chiches
En los pocos días que Caamaño lleva en la AFI ya se encontró con numerosas sorpresas que, en realidad, no son sorpresas.
En una de las dependencias había, sin inventariar, valijas para realizar escuchas, aparatos para espiar, para fotografiar manifestaciones sin ser vistos y una gran cantidad de "chiches" no oficializados. Se encontró instrumental para irrumpir en computadoras, para instalar micrófonos, crear programas espejo para captar los mensajes de texto en un determinado celular, programas para crear virus y robar información así como sistemas para "tomar" en forma remota algún teléfono.
Como reveló el presidente Alberto Fernández, en la AFI había archivos con el título de Anarquistas, con informes sobre personas o militantes que realizaron pintadas en iglesias.
Todo eso representa, de entrada, parte de la actividad clandestina, a veces apuntada a hacer negocios y otras veces a perseguir clandestinamente a opositores.
Visitas
Un ejemplo que demuestra las cosas que se hacían utilizando el papel de auxiliar de la Justicia fue la visita de dos directores de la AFI, el de Finanzas y el de Legales, al juez Luis Carzoglio, instándolo a que meta preso a Pablo Moyano, en una causa sobre las supuestas acciones de la barra brava de Independiente. Se utilizó el argumento de un expediente judicial para perseguir opositores.
En la misma línea, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, investigaba a desprendimientos de una banda de narcos. Con ese argumento ordenó escuchas telefónicas a los presos de Ezeiza y luego le dijo a la AFI que debía transcribir esas escuchas.
El resultado saltó a la vista: llenaron los medios que adherían a Cambiemos con la transcripción de conversaciones entre los presos y sus abogados; diálogos políticos y hasta diálogos entre padres e hijos de cinco años. Sobre la base de esas escuchas ilegales pretendieron --y aún pretenden-- armar la llamada causa Puf puf con la que quieren contrarrestar la investigación del juez Alejo Ramos Padilla en Dolores. Tratan de salvar a Marcelo D'Alessio, el principal imputado y operador por cuenta y orden de la AFI.
Macri
Otro ejemplo fácil de entender es el que protagonizaron dos jueces de Misiones, que le pidieron a la ex SIDE que actúe como auxiliar de la Justicia en supuestos casos de homicidio. Horacio Gallardo y José Luis Rey argumentaron que un familiar de las víctimas de la AMIA Sergio Burstein que el empresario de medios Carlos Avila y el marido de Sandra Macri, Néstor Leonardo, tenían vínculos con un asesinato.
En verdad, la maniobra consistía en que la SIDE espiaba; luego un agente, Ciro James, retiraba las escuchas telefónicas, y entregaba o vendía los informes de inteligencia ilegales. James trabajaba para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Macri como jefe de gobierno, y se ve que querían espiar a su cuñado, el marido de su hermana Sandra, con el que tenían una disputa. Burstein les interesaba porque el policía preferido de Macri, Jorge El Fino Palacios, quería estar al tanto de la causa AMIA. Y las escuchas a Carlos Avila se las vendían a un competidor que quería saber de las negociaciones de Avila con Julio Grondona por la televisación del fútbol. Gracias a los jueces misioneros se les hizo espionaje ilegal a abogados de supermercados, a maridos infieles y a un largo listado.
El dicho en la ex SIDE era que en una causa por extorsión los sospechosos eran dos y se espiaba a 20.
Historia de la SIDE
Los que conocen la historia de la SIDE dicen que el fin de la guerra fría cambió todo. Los servicios perdieron un poco el eje de perseguir y espiar militantes de izquierda y poco a poco se orientaron a participar en las causas judiciales, a hacer negocios millonarios, perseguir opositores, con la excusa de causas contra los secuestros extorsivos o el narcotráfico. Hubo operativos donde aparecieron agentes, arma en mano, en el momento de las detenciones. Todo eso significó negocios y "vueltos", involucramiento con delincuentes y también política.
La escuálida oficina de Jurídicos, se convirtió en la Dirección de Asuntos Judiciales, con centenares de integrantes interviniendo en expedientes. Todo eso se volcó durante la administración Macri en una gigantesca maquinaria dedicada, por ejemplo, a guionar a arrepentidos como Leonardo Fariña o Allan Bogado y a armar causas contra el kirchnerismo. En los últimos tiempos se reveló que del servidor protonmail.com se enviaban los correos electrónicos con las frases que los arrepentidos tenían que repetir ante jueces y fiscales.
Con las limitaciones impuestas por la resolución de Caamaño difícilmente se ponga fin a todas las operaciones, pero se empiezan a acotar. La interventora trabajará en una nueva Ley de Inteligencia, en la que también participarán las fuerzas de oposición, para darle un perfil muy distinto al trabajo de la AFI. De hecho, Caamaño prevé establecer un nuevo organigrama en el que nuevamente se demuestra lo que fue la administración Cambiemos: hasta ahora había 105 direcciones dentro de la AFI, o sea una sobredimensión de los jerárquicos con sueldos altísimos. La interventora reducirá las direcciones a 65.
La reorientación de la AFI no será fácil. Tal vez ya no tiene sentido el agente de anteojos oscuros, parado en la esquina y simulando leer un diario. Pero está claro que es una cuestión de soberanía tener servicios de inteligencia que trabajen en antiterrorismo y en impedir la intervención de otros países en la vida política del país. Y está claro que no puede haber servicios de inteligencia metidos, en forma casi exclusiva, en las causas judiciales y persiguiendo opositores.
