Liliana del Valle Flores, de 25 años, fue asesinada en la madrugada del 24 de diciembre en la localidad de Cerrillos, ubicada a 25 kilómetros de la capital de Salta. Su ex pareja, el agente de policía Hedgar Exequiel Almirón, la asesinó de tres disparos con su arma reglamentaria y después se quitó la vida.

Tras este hecho, el agente Elvio Rolando Aguirre, a cargo de la custodia de la víctima, fue imputado como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt.

La familia de Liliana se manifestó ayer en las puertas de Ciudad Judicial de la capital salteña. Su hermana, Silvia Flores, pidió justicia y la custodia de los tres hijos pequeños que tenía Liliana junto a Almirón.

Silvia manifestó que los niños fueron entregados precisamente a los abuelos paternos, “porque llegaron primero al lugar de los hechos”. “Supuestamente los iban a tener por 24 horas, pero después mi hermana quiso ir a buscarlos y ellos la echaron de la casa y ya no nos los entregaron”, relató la joven.

“Nos mataron a mi hermana y ahora nos están arrebatando a nuestros sobrinos”, lamentó. “Es injusto lo que estamos pasando y la verdad es que del Estado nadie se acercó, ni nada. Se borraron, como se dice”, denunció.

A la familia de Liliana Flores le preocupa el bienestar de los tres niños. Tras insistir con visitarlos, lograron ver a los más pequeños. Ayer expresaron intranquilidad en relación al mayor. “No tenemos contacto, nos sabemos nada de él", cada vez que quieren verlo "nos dicen que está dormido o directamente no está en casa”, por lo que “nos está preocupando, porque son tres ellos y únicamente vemos a dos. No sabemos si está en la casa, si es verdad que está durmiendo”, relató. 

Para Silvia, es obvio que el nene “no puede estar durmiendo todo el día. Tendría que estar jugando o haciendo alguna actividad, pero a nosotros nos dicen que está durmiendo. Es lo que nos dicen los abuelos”.

“Nadie se acercó para hablar con nosotros, estamos buscando psicóloga para que nos asesore porque psicológicamente estamos mal”, sostuvo la joven, quien en la manifestación estuvo acompañada por la abuela de Liliana en todo momento.

La familia de la víctima intentó en reiteradas oportunidades reunirse con el fiscal Torres Rubelt pero hasta ahora no lo consiguieron. “Parece que no nos quiere atender”, afirmaron. Según les trasmitieron, “hasta que se investigue todo lo que se tenga que investigar, los chicos momentáneamente van a estar con ellos (los abuelos paternos) hasta que algún juez determine y pasen a manos de nosotros”, dijo Silvia.

Añadió que la familia planea hacer una marcha el 24 enero, cuando se cumplirá el primer mes del femicidio, y una segunda marcha el 3 de febrero, fecha en que finaliza la feria judicial. “Queremos que nos entreguen a los chicos, que se haga justicia y que ningún policía detenido salga en libertad”, afirmó.

"La Policía tiene que responder"

En el caso sólo está imputado Elvio Rolando Aguirre, el policía que estaba a cargo de la custodia. El fiscal pidió que Aguirre quede detenido “mientras se cumplen las diversas medidas que solicitó para lograr el esclarecimiento del hecho”, comunicó el Ministerio Público Fiscal provincial.

Para la referente del Plenario de Trabajadoras de Salta, Gabriela Cerrano, “es tremendo que todavía no aparezca la responsabilidad institucional de la Policía”. Sostuvo que “no son responsabilidades individuales porque ellos no se van a autodesignar para hacer consigna. Fue el comisario y acá no aparece su responsabilidad”.

“Esto derivó en un femicidio y eso es muy grave”, denunció Cerrano, quien participó de la manifestación.

Además, la familia de Liliana contó que luego de ocurrido el femicidio fueron a la vivienda y constataron que las puertas no estaban forzadas. Para Cerrano, este detalle le generó una nueva hipótesis. “Que el policía (encargado de la consigna) lo haya dejado ingresar a la casa porque era colega. El hombre prestaba funciones en el Valle de Lerma entonces se conocían”, conjeturó.

En tanto, el Ministerio Público informó que “cuando se produjo el hecho, el efectivo afectado a la consigna, dijo que se encontraba en la puerta del domicilio y no se percató de que Almirón ingresó por la parte posterior y solo se alertó cuando sintió disparos y al ingresar a la vivienda, la mujer ya estaba herida y el agresor se disparó con el arma de fuego”.

Sin embargo, el organismo provincial tampoco descarta la hipótesis de que el custodio no haya estado en el lugar en el momento de los hechos. Entre algunos datos que abonan esta hipótesis se "encuentra el resultado de la autopsia, que determinó que la víctima recibió tres disparos cuyas detonaciones deberían haberse escuchado en el acto”, informó en su momento el Ministerio Público Fiscal. 

Cerrano recordó el caso de Claudia Saracho, víctima de femicidio en junio de 2017, en cuyo caso se condenó a policias que no cumplieron la consigna. Se los declaró responsable de los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sin embargo, el fallo, del juez Martín Pérez, condenó a Raúl Rosa Cardozo, Juan Nicolás Velásquez, Ariel Rodolfo Cruz y Gisela Daiana Portal a una multa e inhabilitación especial, mientras que Claudia Carolina Pizarro fue absuelta. Para Cerrano “les dan una condena ridícula. Lo más probable es que sigan siendo policías”. “Esto se debe a que siempre hubo impunidad y siempre se ocultaron los casos de violencia familiar (en la policia)”.

Afirmó que la muerte de Liliana Flores “no puede quedar así”. “Acá se ven afectados los derechos de niños muy pequeños que han quedado sin su mamá y la Policía tiene que responder”, concluyó.