La situación de las cooperadoras asistenciales entró en una situación límite, porque ya se empiezan a sentir las consecuencias de la eliminación del impuesto que las financiaba y los empleados de la Capital salieron ayer a manifestarse por las calles ante lo que se vislumbra como un inminente cierre de estos organismos autárquicos.

De manera previa a esta medida los trabajadores tuvieron cinco días de asambleas en los que intentaron que los reciban las autoridades provinciales como el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur; los coordinadores Nicolás Demitrópulos y Pablo Outes, y el propio gobernador Gustavo Sáenz, sin embargo, ninguna de las notas presentadas en las respectivas oficinas tuvo respuesta.

Por el contrario, sí pudieron conversar con Adriana Portal, la nueva directora elegida por la intendenta capitalina Bettina Romero para llevar adelante la institución, que les confirmó la difícil situación económica que atraviesan y que los recursos actuales son suficientes para pagar los sueldos de enero durante los primeros días de febrero, pero que para el mes siguiente ya no tienen los fondos necesarios.

El plantel de la cooperadora cuenta con 145 empleados de planta permanente, 110 temporarios y 28 agrupamiento político y 14 más contratados como locación servicio, todos ellos dependen de la provincia, por lo que será el gobierno provincial el que deberá reubicar, por lo menos a los estables, en otras áreas en caso de que cierre.

Igualmente, delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pusieron reparos a que esto suceda ya que las eventuales áreas donde podrían ser redestinados no cuentan con presupuesto para absorberlos porque en este arranque de año el Ejecutivo provincial decidió prorrogar el ejercicio 2019, hasta tanto se sancione el nacional.

En tanto Natalia Agüero, delegada de ATE, recordó la promesa del gobernador Sáenz de que si ganaba, la Cooperadora continuaba funcionando, “seguiremos esperando que cumpla con lo que dijo en campaña”, señaló, pero advirtió que en la medida en que no obtengan soluciones intensificarán las medidas de fuerza.

Atención limitada

El otro aspecto que preocupa del cierre de las cooperadoras es la incertidumbre sobre los servicios de asistencia que ésta presta en el municipio y la continuidad de los programas que lleva adelante.

En lo que respecta al Copa de Leche, que asiste alimentariamente a niños y jóvenes escolares, si bien actualmente está limitado por las vacaciones, durante el verano se lo continuaba en algunos merenderos de la ciudad, pero según se pudo conocer ya lo habrían restringido solamente a los chicos que concurren por la mañana, cuando habitualmente se hacía también por la tarde.

Además los delegados de ATE aseguraron que no se están efectuando compras de elementos para brindar respuestas a quienes concurren en búsqueda de una ayuda, por lo que si algún vecino reclama asistencia se deben limitar a solucionarlo con lo que hay en stock. 

Afortunadamente, este año las lluvias fueron benévolas con la Capital y solamente hubo una tormenta considerable que nuevamente, a pesar de las obras promocionadas, inundó a parte de la ciudad, pero con pocos afectados. Gracias al clima imperante la Cooperadora no tuvo que asistir inundados ni evacuados, algo que es común para esta época.

El coordinador de la gobernación Pablo Outes, dijo que la tarjeta Alimentar venía a suplir las tareas de las cooperadoras, lo que fue rechazado por Bettina Romero, quien remarcó que el organismo cubre otro tipos de asistencia que no pasa solo por lo alimentario, y que en el caso del Alimentar, los fondos llegarían de igual manera por tratarse de un programa nacional.

Por eso Agüero se refirió a la posibilidad del desguace de la institución y descartó que  sea posible que se lo reemplace: “la Cooperadora tiene, por ejemplo, la Copa de Leche, programas descentralizados, servicios de sepelio. Todas esas cuestiones son imposibles de reemplazarlos con una tarjeta”.

Las cooperadoras asistenciales fueron creadas por la Ley 5335, en 1966, con la finalidad de asistir las necesidades prioritarias sociales y sanitarias en cada municipio y de esta manera evitar que esta ayuda sea centralizada solo por el gobierno provincial.

Al ser creada por esta normativa, cualquier modificación de fondo en su estructura necesita el visto bueno de los legisladores, por eso también se descarta que la Municipalidad pueda reconvertirla en otro organismo de asistencia.

La intendenta Romero ya subrayó el problema de tener una institución creada por ley pero que se quedó sin el impuesto específico que se fijaba para financiarlas, que fue dado de baja por el gobierno provincial a partir de la firma del pacto fiscal nacional en 2017, pero que luego de su suspensión, en diciembre del año pasado, de optó por continuar sin cobrar ese tributo para beneficiar las empresas instaladas en la provincia y favorecer que lleguen nuevos emprendimientos.

Para poder afrontar su funcionamiento la Cooperadora de Salta debería recibir este año por lo menos unos 300 millones de pesos, que fue lo que se le destinó el año pasado. En total, para todas las cooperadoras que hay en la provincia se destinaron 500 millones de pesos.

La capital era la gran beneficiada con los fondos recaudados debido a que el principal criterio de reparto era la ubicación geográfica de las empresas que pagaban este impuesto por cada empleado que tenían contratado.

La Cámara de Diputados propuso una forma alternativa de recaudar dinero para las cooperadoras, y le dio media sanción a un proyecto de ley que fijaba destinar para las cooperadoras un 5 por ciento de los premios de juegos de azar que paga la provincia, y que se distribuiría según los índices de cooparticipación, lo que representaba una sustancial mejora de partidas para los municipios del interior.

Esta iniciativa quedó trunca en el Senado, y todo parece indicar que no existe voluntad en los legisladores del oficialismo en avanzar con su sanción.

Por lo pronto, hoy los empleados volverán a salir a las calles y planteaban la posibilidad de trasladar el reclamo al Centro Cívico del Grand Bourg.