El coordinador del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Ignacio González, informó que 149 agentes estatales de acompañamiento familiar en contextos rurales fueron enviados al territorio. Según se indicó, el objetivo es contener y realizar un relevamiento en las zonas más vulnerables del norte de Salta para detectar a los niños y niñas con su salud en riesgo.

El despliegue de los agentes provinciales tiene que ver con la necesidad de prevenir y, si es posible, evitar la muerte de más niños de comunidades originarias, sobre todo del Pueblo Wichi, que se asientan en gran parte en las zonas más vulnerables de los departamentos San Martín y Rivadavia. La muerte de tres niños menores de dos años en menos de una semana por desnutrición, y la intervención urgente de la Nación, es lo que movilizó a la provincia. De hecho, el envío de los agentes estatales se inició durante la visita del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, que el domingo último recorrió el norte provincial. 

En medio de la conmoción provocada por la difusión de las tres muertes, surgieron rumores sobre un presunto robo de datos que pertenecían al ahora desaparecido Ministerio de Primera Infancia. A través del programa Horus que se ejecutaba en esa cartera, se establecía en detalle los datos de los chicos. Incluso en algún momento se salió a afirmar que se podía anticipar qué chicas podían ser madres adolescentes, afirmación que fue duramente cuestionada por referentes feministas que entendieron la presunta predicción como una estigmatización sobre las niñas y mujeres que están en situación de pobreza. También fue criticada por especialistas informáticos. 

Los rumores difundidos estos días por algunos comunicadores indican que se habían robado los datos colectados por Primera Infancia y se pretendía venderlos a la actual gestión. Al ser consultado, González no confirmó las acusaciones y, por el contrario, desmitificó la supuesta predicción de este sistema de datos. Ello en tanto, sostuvo, no se retroalimentaba de nueva información, sino que era más bien una “foto” desactualizada.

Una hipótesis que explica estas muertes destaca que en la transición el gobierno de Gustavo Sáenz abandonó algunas acciones políticas de urgencia que se venían realizando desde el gobierno anterior. Es sabido que para la época estival es necesario reforzar la atención en la zona del Chaco salteño, que suele verse afectado por la inexistencia de un manejo sustentable del agua. En el final del invierno y los meses de la primavera suele escasear, como ocurrió a finales del año pasado, y en el verano hay inundaciones. Los dos fenómenos castigan a los pobladores y son también causa de resentimiento de la salud de niños y niñas. 

En diálogo con Radio Nacional Salta, González negó esa percepción. En el gobierno anterior hubo políticas como las del refuerzo estival e invernal por las cuales equipos multidisciplinarios recorrían los territorios más vulnerables y detectaban a las personas con su salud en riesgo. “Hace dos años que no se hacían con la intensidad necesaria”, esos operativos, dijo el actual funcionario. Sin embargo, reconoció que la decisión política de Sáenz es reincorporar esta política para prevenir un mayor riesgo de los chicos de las comunidades.