Apenas se enteró de la exoneración de Conrado Rudy Astudilla, y supo que por fin no va a volver a hacer lo que le hizo a ella en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Sofía Galán “no caía”, “no lo podía creer”. El 19 de diciembre pasado, el Consejo Directivo separó definitivamente de su cargo al docente de Semiótica, de primer año, y Metodología de la Investigación en Psicología, que fue denunciado por violencia de género . El alivio tan postergado, desde 2017, llegó para Sofía Galán y para las otras tres sobrevivientes de sus múltiples maltratos y abusos de poder. La primera denuncia –de otra estudiante llamada Andrea- fue en 2014, pero debió pasar Ni Una Menos, y la movilización de los feminismos para que Sofía –con mucho esfuerzo de su parte- fuera escuchada. Desde su lugar de profesor “canchero”, Astudilla seducía a las alumnas, con las que entablaba luego relaciones sentimentales, ejercía violencia de diferentes tipos y tras la ruptura, las acosaba. La resolución del Consejo Directivo alude al abuso de este docente de su posición de poder, y se admite como “fundante”. Se funda y se esparce. En la Universidad Nacional de Tucumán, diciembre trajo la exoneración por acoso sexual de dos profesores: Eduardo Hassan, de la Facultad de Odontología y Víctor Chocobar, de Derecho. “Todas estas cuestiones que han sido consideradas periféricas y menores, por lo mismo menospreciadas, han dejado de serlo. La lucha feminista, los feminismos jurídicos y sobre todo la lucha de las mujeres, ha subvertido este orden donde el que tiene poder hace lo que quiere”, consideró la abogada tucumana Soledad Deza, referente de la aplicación del Protocolo de Actuación en violencia de género de la Facultad de Derecho de la UNT.

Sofía terminó 2019 “en paz”. “Necesitaba que esto se termine para no tener que pedir en el brindis que se resuelva el año que viene. Lo estaba esperando, y no sabía que lo necesitaba tanto. Pero sí lo sentía en el cansancio, en el sufrimiento”, cuenta Sofía, que comenzó a sentir alivio después de la resolución, “a partir de la escucha de otro, siempre”. Recibió mensajes de personas que ella no conoce, y le agradecían, de chicos y chicas que padecieron a Astudilla como docente, y que contaban sus propias experiencias de acoso.

Sofía denunció el 8 de marzo de 2017 en el Programa de Género de la UADER, y recién allí pudo ser escuchada. “La resolución de expulsarlo marca un antes y un después en materia de responsabilidad institucional. Todavía no la puedo escuchar a esa responsabilidad, porque no tuvo el tratamiento que debió tener, hubo demasiada dilación en el tiempo, violencia institucional, revictimización”, dice Sofía a Las12 y se esperanza con que “esto va a tomar otras formas, en fortalecer la parte más preventiva, empezar a escuchar a las mujeres, empezar a creerles, desmantelar este espacio de impunidad en la que este tipo se sostuvo, y muchos otros se sostienen”.

Astudilla ejerció violencia contra las jóvenes a las que había seducido como profesor, llegando a copiarles el whatsapp para controlar sus actos, escribirles graffities intimidatorios en los lugares por los que se desplazaban, las seguía y violaba las restricciones de acercamiento. En la Facultad, muchas personas sabían de esas conductas, pero ante las primeras denuncias, la institución pidió pruebas de violencia física. Tuvo que intervenir el Programa de Género para poner las cosas en su lugar. Además, el menoscabo de las alumnas –y también alumnos- era permanente en sus clases, donde la religión, el cuerpo de las mujeres y hasta los vínculos sentimentales entre estudiantes eran algunos de los temas en los que desplegaba su pretendido sarcasmo. “Que las numerosas inconductas perpetradas por el docente desmerecen el cargo y la posición que ocupa dentro de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y también implican un grave perjuicio a la Universidad. Todo aquel que desempeña la función de profesor debe hacerse consciente de que el cargo lo sitúa en una posición de poder respecto del alumno, y de que ese ‘poder’ jamás debe ser usado para oprimir, para sacar provecho personal o satisfacer el propio ego sino en beneficio del estudiante”, dice la resolución del Consejo Directivo.

A Sofía la representó el abogado José Luis de Iriondo. “Esta resolución sienta sin dudas un precedente histórico. Una bisagra en la historia por varios motivos. Por un lado viene a y sanar de algún modo la herida abierta de estas cuatro mujeres que con mucha valentía y fortaleza pudieron denunciar y sostener su voz contra viento y marea. Y es celebrada por tantas mujeres y varones que fueron testigos y víctimas de la violencia machista y el proceder perverso de Astudilla. Terminamos con el ‘y bueno… siempre fue así’”, apuntó el profesional y consideró que “marca un antes y un después en la percepción y valoración social sobre este tipo de comportamientos. Las pibas saben que no se callan más ni se bancan ningún maltrato. Y saben que hay una respuesta institucional que es la más severa: la expulsión, el único objetivo que en este caso siempre nos propusimos”.

Con el difundido antecedente de la expulsión de Dante Palma de la Universidad de San Martín, en mayo de 2018, la aplicación de Protocolos en distintas universidades del país va corriendo los límites de lo tolerable. Para la UTN, las expulsiones son inéditas. Hassan, docente de Odontología, había tratado a las alumnas de “lavarropas” en una clase. El audio se viralizó y en las redes proliferaron denuncias por acoso de distintas estudiantes. El sumario lo realizó la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad, que aconsejó la expulsión. Fue el rector José García, quien firmó la resolución.

El sumario contra Chocobar, docente de Derecho, se inició en agosto de 2018, a partir de tres denuncias. Alumnas y ex alumnas aseguraron que el profesor las acosaba. Su estrategia era ofrecer ayuda en la materia a su cargo, a cambio de pasar tiempo fuera de la institución. En noviembre de 2018, cuando estaba suspendido por la Universidad, Chocobar apareció en una clase para hacer su descargo frente al estudiantado. Para alegar inocencia, dijo que sus denunciantes eran “prostitutas”.

Deza es una referente feminista de la provincia de Tucumán, integra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y Católicas por el Derecho a Decidir, y celebra que ciertas conductas ya no se naturalicen, como ocurría antes. “Egresé de la Facultad de Derecho de la UNT en 1997, ya en ese momento circulaban rumores sobre un comportamiento exactamente igual al que se terminó denunciando en 2018 sobre el mismo docente. El lugar de la docencia ha sido pervertido en muchos casos por docentes, aprovechando esa relación asimétrica de poder que es el contrato pedagógico y que la estructura universitaria operaba muchas veces como cómplice porque favorecía ese estatus quo, quizá no fomentándolo pero sí desde el silencio”, considera la abogada.