Desde Bogotá

En lo que va de 2020 suman más los líderes sociales asesinados que los días del año en Colombia. Son 19 hombres y mujeres los que hasta ahora recibieron las balas y la muerte como respuesta a su defensa del territorio, el acuerdo de paz y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. La dramática situación tiene en alerta al país y la comunidad internacional desde 2016, cuando se firmó el tratado de paz que puso fin al conflicto entre la ex guerrilla de Farc y el Estado colombiano. Este año el fenómeno que tiene en entre dicho al gobierno de Iván Duque se agudiza día a día sin que nadie logre parar el derramamiento de sangre. 

“La situación en este comienzo de año es bastante crítica en las diferentes regiones del país, donde el conflicto no solo ahora sino históricamente ha tomado mayor intensidad. Esa situación obedece básicamente a la falta de implementación del Acuerdo de Paz”, le explica a Página/12 Marino Córdoba, de la Ong AFRODES. 

Aunque apenas son 15 días de 2020, este inicio de año marca el periodo más violento para los líderes sociales y comunidades afros e indígenas en Colombia sumando, además de los predecibles asesinatos, confinamiento de comunidades en medio de enfrentamientos armados, desplazamiento, amenazas contra quienes denuncian públicamente, seguimiento ilegal de llamadas a los críticos de la derecha, y presencia de comandos paramilitares en zonas del Pacífico y otras del país ante la inmovilidad de la Fuerza Pública que está siendo fuertemente cuestionada.

Allí, en los territorios afro de gran riqueza aurífera y biodiversa y corredores para el tráfico de armas y coca, la insurgencia del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o neoparamilitares se disputan junto a otros ilegales los espacios que desocuparon las Farc tras cumplir su dejación de armas. En otras zonas, las disidencias de esta guerrilla también causan muerte y terror, al igual que el mismo Ejército que amedrenta a los líderes que alzan la voz por la llegada de grupos de hombres armados a poblaciones por siempre victimizadas como Bojayá.

Para los indígenas la situación no es diferente. El etnocidio encendió las alarmas el año pasado, logrando la presencia y las promesas del desprestigiado gobierno de Duque, pero sin obtener protección efectiva a las comunidades. Amparo Guegia, del movimiento indígena, fue asesinada en Caloto, el viernes 10 de enero. “Rabia, dolor e impotencia sentimos hoy”, declaran sus compañeros de organización en redes sociales como decenas de miles de personas que a diario rechazan el ya llamado genocidio de líderes exigiendo medidas eficientes. Para Camilo González Posso, director de la Ong Indepaz que realiza seguimiento y análisis de este fenómeno, estos actos criminales se deben a la presión que los grupos narcos, los negociantes de tierras y las organizaciones armadas ejercen en los territorios para proteger sus intereses, trátese de las rentas de la economía ilegal, o bien, la continuidad de su proyecto económico y empresarial que se fundó y expandió gracias al desplazamiento y despojo generados por el conflicto. Es decir, explica González, los líderes sociales son una amenaza para estos poderosos porque están impulsando que se materialice lo acordado en La Habana: reforma rural integral, titulación de tierras, sustitución de cultivos de uso ilícito, presencia de Fuerza Pública legítima y control a criminalidad, participación política de los diversos sectores sociales, entre otros.

Para Marino Córdoba, quien como muchos líderes sociales se han salvado de ser desaparecidos o asesinados por largos periodos de exilio, la solución es la concertación y el diálogo con las comunidades, que se les escuche y brinde garantías, en vez de poner en tela de juicio su palabra como ocurrió recientemente con el líder Leyner Palacio, en Bojayá, Chocó, a quien el Ejército intimidó tras sus denuncias públicas de presencia de paramilitares.

Córdoba le dijo a este diario que “hay una situación donde los líderes han denunciando connivencia entre altos mandos militares y grupos armados; es una situación muy compleja porque no solo lo están diciendo los líderes sino los informes y las alertas que emite la Defensoría del Pueblo”. Este organismo del ministerio público ha advertido desde 2016 la imperiosa necesidad de proteger a los líderes sociales. En Colombia fueron 107 los activistas asesinados en 2019, mientras, según la ong Front Line Defenders, en 31 países el total de casos fue de 300 defensores y líderes de derechos humanos, medio ambiente, comunidad LGTB e indígenas víctimas de homicidio el año pasado.

Escuchas ilegales

También la comunidad internacional se encuentra preocupada por la grave situación y parece no encontrar respuestas eficientes en el gobierno de turno encabezado por el Centro Democrático, partido que además está en el ojo del huracán por las escuchas ilegales del Ejército denunciadas este inicio de año por Revista Semana y cuya informacion sería reportada directamente a un líder del partido. Este medio también divulgó recientemente la exhumación de cuerpos que serían producto de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro Uribe, hoy congresista y cuestionado líder de esa colectividad, dejando así un manto de indignación cada día mayor entre la sociedad colombiana que inició 2020 en medio del gran Paro Nacional en contra de las reformas de Duque y en protesta, justamente, por el desangre de líderes que no para.

La ONU por su parte pidió al gobierno colombiano un "extenuante esfuerzo" de forma que estos asesinatos y todos los ataques contra líderes, que van desde atentados hasta amenazas, seguimiento e intimidación, se investiguen y se castigue a los responsables. "Estamos profundamente preocupados por el significativo número de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia durante el año 2019", expresó en un comunicado Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sede en Ginebra.

En los departamentos del Putumayo, Cauca, Chocó y Antioquia es donde más se presentan asesinatos de líderes sociales, además de los homicidios de ex combatientes de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz. González Posso de Indepaz señala además que las amenazas han subido en el último en 334 municipios: allí se registraron el año pasado 320 amenazas más en relación a 2018.

Esto pone en riesgo no solo la vida de los líderes, sino la democracia y la estabilidad del país que implementa a medias un Acuerdo de Paz pues no lograr garantizar la seguridad a quienes defienden el acuerdo mismo, a quienes permanecen en territorios olvidados en medio de grupos ilegales, ni tampoco avanza en el acceso a la tierra prometido en el pacto, o mucho menos en la desarticulación de grupos neoparamilitares o narcotraficantes. Por el contrario, desde que las Farc dejó los territorios -donde se avanzó en pactos para sustituir los cultivos de coca que gobierno incumplió- la violencia se ha recrudecido con la llegada incluso de carteles trasnacionales. Todo ello sumado al sufrimiento de las comunidades negras, indígenas y campesinas.

“Hemos visto como los dueños de los territorios, esas comunidades que tienen por ejemplo un título colectivo de la tierra, son hoy las que más están sufriendo porque la guerra se está recrudeciendo allí. Es importante que el gobierno nos garantice el derecho a vivir, a trabajar y desarrollar un proyecto de vida; y eso solo se logra con la expulsión de los grupos armados, la presencia legítima del Estado más allá de la militarización, y la implementación integral del Acuerdo de Paz”, concluye Marino Córdoba mientras espera, con certeza y dolor, el nombre de los siguientes líderes que serán silenciados.