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Desde Santa Fe
El fiscal federal Walter Rodríguez avanzó en su objetivo de unificar las investigaciones a los ex jefes de la Policía Federal de Santa Fe, Mariano Valdés e Higinio Bellaggio, ambos procesados por supuesta “confabulación para el transporte de estupefacientes”, entre otros cargos. A su pedido, el juez federal Nº 2 Francisco Miño solicitó a su colega de Rosario, Carlos Vera Barros, que se inhiba de entender en una causa melliza que se abrió en su Juzgado horas después del tiroteo a Valdés en la autopista, el 9 de setiembre, y le remita ese legajo que el entonces director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y ahora ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, calificó como un “intento de manotazo vaya a saber para qué”. Miño pidió la “inhibitoria” de Vera Barros en sintonía con el fiscal Rodríguez por “entender” que hay una “superposición del objeto procesal” de la causa de Rosario con la que tramita en su tribunal, por orden de la Cámara Federal.
La causa que Miño solicitó a Vera Barros se abrió bajo la carátula: “Hechos producidos en la autopista Rosario-Buenos Aires. Víctima: Mariano Valdés, jefe de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal s/atentado contra la autoridad, tentativa de homicidio y lesiones” (expediente 36.555/2029). Por entonces, la balacera en la que fue herido Valdés, el 9 de setiembre, era investigada por los fiscales del MPA de Villa Constitución. Sin embargo, a partir de “un parte informativo” de la Delegación Rosario de la Policía Federal, el fiscal Guillermo Lega pidió que la causa pase de la justicia ordinaria al fuero federal. “Es interesante ver –decía entonces Saín a Rosario/12- cómo el fiscal federal Lega, muy presuroso de cuerpo, pidió la competencia federal de la investigación sin ningún tipo de argumento. El juez federal Carlos Vera Barros, la rechazó. Acá había actividad procesal de la provincia y uno de los criterios de la Corte Suprema para establecer la competencia es quien avanzó en la investigación. En la provincia, se había avanzado y a nivel federal no. Fue un intento de manotazo de ahogado para hacerse del caso, vaya a saber para qué”, advirtió Sain.
"Fue un intento de manotazo de ahogado para hacerse del caso, vaya a saber para qué”, advirtió Sain
Ya se sabe que la investigación quedó a cargo del fiscal Rodríguez después de un allanamiento en la Policía Federal de Santa Fe, el 20 de setiembre y el hallazgo de un bolso en la camioneta Mitsubishi de Valdés, donde un análisis de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) descubrió restos de drogas sintéticas. El 2 de diciembre la Cámara Federal de Rosario definió la competencia: coincidió con el Ministerio Públicos que "los hechos son inescindibles” y por lo tanto, la causa debe investigarse en el Juzgado de Miño, “donde se agotó el posible delito”. El magistrado delegó la investigación en Rodríguez.
El fiscal pidió entonces la causa que se abrió en Rosario. Lo hizo dos veces. El 17 de octubre, en un dictamen que aceptó la competencia para investigar a Valdés que la Cámara confirmó un mes y medio después. Y el 16 de diciembre, en la denuncia que imputó a Valdés y a Bellaggio y requirió la indagatoria de ambos, que se realizaron el 20 de diciembre. “Considero que existe una superposición del objeto procesal” entre la investigación de Santa Fe con la que se tramita en el Juzgado de Vera Barros en “virtud de un parte informativo” de la Policía Federal de Rosario, dijo Rodríguez. Y solicitó a Miño que oficie a su colega para que declare su “inhibitoria” y le gire el expediente.
"Existe una superposición del objeto procesal” entre la investigación de Santa Fe con la que se tramita en el Juzgado de Vera Barros
Y eso fue lo que resolvió Miño, ratificó su competencia en la investigación y solicitó a Vera Barros que despache el expediente 36.555 a Santa Fe por “existir una superposición del objeto procesal”.
El 30 de diciembre, el jujez Miño procesó a Valdés y a Bellaggio por supuesta “confabulación para el transporte de estupefacientes” agravado, “incumplimiento de deberes”, “sustracción de pruebas”, uso de bienes del Estado en “provecho propio” y “falso testimonio”; ratificó la prisión preventiva de ambos y les impuso un embargo de 500.000 pesos a cada uno. “Ha quedado demostrado” que Valdés y Bellaggio operaron “la concertación de un plan” y “actos preparatorios del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de transporte”, dice la resolución.
