Por 12 hechos de estafa y defraudación, la Justicia ordenó la prisión preventiva de María del Rosario A., por 90 días. Se trata de la mujer detenida por pedir entregas de entre 2.500 y 12 mil pesos, bajo engaño de conseguirle trabajo a las víctimas en la planta municipal. La denuncia fue presentada por el Municipio. “El aprovechamiento de la necesidad de la gente sobre todo en los momentos que estamos atravesando, por las penurias económicas de mucha gente, es lo que más impacta. Esto lleva a veces a no tener toda la prudencia que se podría tener en otros momentos. La desesperación funda esto”, dijo el juez Gustavo Pérez de Urrechu al dar a conocer la resolución, tras escuchar la acusación del fiscal Gustavo Ponce Asahad (foto), acerca del ardid delictivo. Se habla de unas 50 víctimas en total. “Yo no estafé a nadie”, dijo la imputada.

La mujer de 59 años ingresó esposada a la sala donde estaban cuatro de sus hijas. Según dijo, es viuda, pensionada, tiene una hija y un nieto a cargo. Su marido era empleado de Parques y Paseos y actualmente cobra una pensión.

El fiscal Ponce Asahad le imputó “haber simulado una calidad tal que no posee, mediante ardides fraudulentos a fines de obtener un beneficio económico para sí”. Y relató la modalidad de las estafas que hasta el momento alcanzan a 12 víctimas con las denuncias tomadas; aunque por estas horas se sumarán otras cinco que estaban pendientes de toma de declaración. La primera víctima data de octubre de 2018. Se trata de un hombre que le hacía pagos mensuales y tenía como promesa el ingreso de varios familiares por lo que calcula que le entregó unos 80 mil pesos. En tanto, los primeros casos denunciados fueron los de personas que conocieron a la mujer de manera circunstancial y a quienes les ofreció hacerlas entrar a trabajar si le abonaban sumas que normalmente eran de 2500 pesos, por única vez. Ella les decía que sería para ingresar el papeleo que les pedía, como fotocopias de documentos, fotos carné, currículum, que reforzaban el engaño.

La promesa de conseguir un trabajo iba acompañada, en muchos casos, con datos acerca de los lugares a los que serían destinadas las personas que le entregaban el dinero. En algunos casos mencionó al SIES, la Guardia Urbana Municipal (GUM), el Hospital de Niños, el Roque Sáenz Peña, el Cementerio, centros de distrito y hasta la UOM. A algunas mujeres llegó a pedirles talles de las prendas de vestir, porque les decía que le tenían que mandar un uniforme antes del ingreso.

La fecha que daba para el inicio del trabajo era fines de enero de este año. Incluso, les decía que el 24 de este mes habría una reunión. Sin embargo, los correos y mensajes en redes sociales comenzaron a llegar a la Intendencia con textos dirigidos al propio intendente Pablo Javkin, donde le consultaban cuándo serían los ingresos. Con todo, la investigación tiene poco más de 48 horas, ya que el lunes se presentó la denuncia del secretario General, Gustavo Zignago; y el martes se ordenó la detención de la acusada.

Tras nombrar los casos, uno por uno, el fiscal relató que entre las evidencias existe un video en el que se observa la gestión que lleva adelante la imputada. “Ella hace referencia a Javkin y las gestiones que realizaría manifestándoles a las víctimas que el intendente eligió un grupo de gente. Que iban a elegir gente joven, que su esposo trabajaba en la Municipalidad, que había un abogado de por medio, un penalista, pero no dice quién es; y dijo que está en contacto con Gustavo Leone”, resumió.

La mujer, que dijo padecer diabetes, quiso hablar: “Yo no estafe a nadie, no jodí a nadie. No tengo nada de valor. No me quiero hacer la víctima, pero ¿dónde está la plata? Si estoy empeñada en la proveeduría. Mi marido era de Parques y Paseos y quedó ciego (luego falleció). Yo vivo al día y hay veces que no tengo ni para comer. Si tuviera toda esa plata me hubiera ido de vacaciones, no tengo nada de lujos”, dijo.

La defensa reforzó que “no se sabe de dónde surge que le pagaron esa suma. Falta demostración. Ella tiene deudas y vive en situación de bastante miseria. Hay gente (entre las víctimas) que tiene familiares trabajando en la Municipalidad y saben cómo es el proceso de ingreso”.