La ruta privatizadora avanza a paso firme en Brasil. El gobierno buscará vender este año unos 300 activos públicos para recaudar cerca de 150 mil millones de reales (unos 36 mil millones de dólares). Entre esos activos figuran varias empresas controladas por Eletrobras, la mayor compañía de electricidad de América Latina. Las metas fueron divulgadas en conferencia de prensa por el secretario de Privatizaciones y Desinversiones del Ministerio de Economía, Salim Mattar. El gobierno someterá al tratamiento del Congreso un proyecto de ley que establece un procedimiento fast track (vía rápida) destinado a facilitar la privatización de empresas estatales en el país.
La meta de la cartera de Economía consiste en reducir significativamente el número de empresas en las que el Estado tiene participación como controladora, coligada o accionista. En ese sentido, buscará pasar de 624 empresas en diciembre de 2019 a unas 300 a fines de 2020.
Para facilitar el proceso, el gobierno presentará a consideración del Congreso un proyecto de ley que establece un procedimiento fast track para vender las estatales. "Ya tenemos el proyecto prácticamente listo y estudiamos el momento correcto para presentarlo al Congreso", dijo Mattar. La meta de privatizaciones para este año "depende de que el fast track sea aprobado", admitió.
El secretario de Privatizaciones y Desinversiones dijo que el gobierno no tiene previsto privatizar ni la petrolera Petrobras ni los bancos públicos Banco do Brasil y Caixa Económica Federal, que son considerados estratégicos para el país. Pero aclaró que en la lista de privatizables figuran los Correos y Eletrobras.
Según Mattar, además de la privatización de Eletrobras, que aún depende de la aprobación del Congreso, el gobierno pretende vender este año varias de las subsidiarias del grupo eléctrico sin necesidad de consultar al Legislativo. Agregó que Eletrobras tiene control directo sobre 210 empresas, entre generadoras, distribuidoras, transmisoras y comercializadoras.
Además de su programa concreto de privatizaciones, el gobierno brasileño cuenta con otro programa destinado a ofrecerle a la iniciativa privada al menos 127 concesiones en áreas como energía o infraestructura. Entre esos 127 proyectos de concesión se destacan 11 líneas de ferrocarril, 23 puertos, 24 líneas eléctricas, 22 aeropuertos, 19 carreteras, cuatro yacimientos minerales y dos compañías de abastecimiento.
Desde que asumió su mandato el primero de enero de 2019, el presidente Jair Bolsonaro puso en marcha una política económica de marcado tinte liberal, destinada a sanear las cuentas públicas y reducir el tamaño del Estado mediante ambiciosos programas de privatizaciones y concesiones.
