El juez federal de Garantías Miguel Medina condenó por trata de personas con fines de explotación sexual a una mujer de 62 años a la pena de cuatro años y seis meses de prisión más una multa de $50.000, mientras que su pareja, de 61 años, deberá complir 3 años de prisión de ejecución condicional y pagar una multa de $20.000. Además, dispuso el decomiso de una vivienda ubicada en la zona de El Bajo, sobre la calle Astigueta al 612 de la ciudad de Salta, de propiedad de la pareja y donde permitían vivir a mujeres en situación de vulnerabilidad a las que obligaban a ejercer la prostitución para obtener ganancias con ello.
En la acusación, el fiscal general Eduardo Villalba sostuvo que “los acusados acogían en su vivienda víctimas mujeres mayores de edad, con la finalidad de ser explotadas, aprovechando sus necesidades económicas que las tornaban vulnerables, bajo la amenaza de ser desalojadas, por lo que debían continuar manteniendo relaciones sexuales rentadas con hombres que se acercaban a la vivienda, de las que los nombrados tenían conocimiento, control y percibían por ello un beneficio económico”.
La sentencia, en un juicio abreviado, se dictó el lunes último, a poco más de un mes de la formalización de la acusación, realizada por Villalba el pasado 9 de diciembre, y a mes y medio de iniciado este proceso judicial, enmarcado en el nuevo Código Procesal Penal Federal, que se aplica en Salta y Jujuy. La mujer cumplirá la condena en prisión domiciliaria. La fiscalía informó que las multas que ambos deberán pagar por un monto total de $70.000 "serán destinadas al Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata, tal como lo establece la ley".
La sentencia recayó en contra de una pareja, de quienes solo se dieron a conocer sus iniciales, R.L y J.B., que era dueña de un prostíbulo en el que más de una decena de mujeres eran explotadas sexualmente. En la investigación hay otras tres mujeres imputadas.
El lunes la fiscalía ratificó la acusación y tras eso se llegó a un acuerdo con los acusados, lo que derivó en las condenas, la imposición de multas y el decomiso de la vivienda que era utilizada como prostíbulo.
Dado que en la provincia ya se han realizado juicios abreviados, lo más novedoso de este proceso fue la petición del fiscal para decomisar la casa donde se ejercieron las actividades ilícitas, solicitud que fue atendida por el juez. La fiscalía informó que se evalúa la posibilidad de que esta vivienda quede bajo el ámbito de la Provincia, para ser utilizada como base de una dependencia policial.
Una vez más, el fiscal Villalba destacó los resultados del nuevo sistema procesal penal federal: “El nuevo código continúa dando evidencias de su eficacia para resolver esta clase de conflictos. Además, con esta condena hemos podido dar respuestas concretas al compromiso internacional asumido por el estado argentino en la lucha contra este delito trasnacional que atenta contra la dignidad de los seres humanos”, indicó al término del proceso.
Esta investigación se inició el 30 de octubre de 2019, incluyó tareas de inteligencia a cargo de la División Trata de Personas de la Policía de Salta e intervenciones telefónicas. Los datos reunidos dieron pie a una serie de allanamientos realizados el 29 de noviembre pasado, cuando fueron detenidas tres mujeres.
Luego se reunieron pruebas contra los propietarios del prostíbulo, ahora decomisado. “La intención de esta fiscalía es llegar a ambos extremos de la cadena de este delito”, había sostenido Villalba al formalizar la investigación en su contra. Al ratificar la acusación el lunes, consideró probado que ambos "acogieron a un indeterminado número de personas en el inmueble de su propiedad, con la finalidad de explotar sexualmente a seres humanos, y procurarse sumas de dinero que eran recaudadas por ellos mismos, al menos una vez por semana”.
Entre las pruebas, el fiscal resaltó las declaraciones de las tres acusadas detenidas en los allanamientos, quienes indicaron que todas las semanas debían reunir unos $ 6.000 pesos que les exigían los dueños de la casa. Además, en una de las escuchas telefónicas, una encargada de la entrega del dinero se comunicó con R.L. disculpándose porque no habían podido reunir esta cantidad.
