Los líderes de la oposición demócrata del Congreso de Estados Unidos, el senador Chuck Schumer y la representante Nancy Pelosi, reprobaron ayer el nuevo decreto migratorio emitido por el presidente, Donald Trump, e insistieron en que se trata igualmente de “una prohibición” discriminatoria aunque esté “diluida”.

“Una prohibición diluida sigue siendo una prohibición. A pesar de los cambios de la administración, esta peligrosa orden ejecutiva socava nuestra seguridad. Es más, resulta mezquina y antiestadounidense. Debe ser derogada”, dijo Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, en un comunicado. Schumer consideró que el hecho de que el mandatario esperara para rubricar la orden ejecutiva revisada días después de su intervención ante la sesión conjunta del Congreso, que tuvo lugar el pasado martes, demuestra que no se trata de ninguna prioridad en materia de seguridad nacional, como clama el propio mandatario.

“Posponer su anuncio y su implementación solo para que el presidente pudiera disfrutar sus 15 minutos de fama después de su discurso ante el Congreso, demuestra que esta orden ejecutiva no tiene nada que ver con la seguridad nacional”, señaló. “A pesar de sus mejores esfuerzos, espero que esta orden ejecutiva encuentre la misma resistencia en las cortes que la versión anterior”, concluyó Schumer. 

Por su parte, Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, aseguró que “el cambio de envoltorio” que hizo el republicano Trump sobre el polémico decreto “no ha hecho nada para cambiar los objetivos inmorales, inconstitucionales y peligrosos de su prohibición a los musulmanes y los refugiados”. “Esta es la misma prohibición, con el mismo propósito, impulsada por la misma discriminación peligrosa que debilita nuestra capacidad de combatir el terror”, aseveró la líder demócrata. “La conducta del presidente durante el fin de semana hace hincapié en la poca consideración que tiene por la realidad. Como los informes filtrados de Seguridad Nacional, la Casa Blanca ha tratado desesperadamente de inventar una justificación posterior a su prohibición de los musulmanes y los refugiados”, dijo.

Pelosi insistió en que las afirmaciones de Trump que argumentan que con su orden busca fortalecer la seguridad del país son falsas, y, por el contrario, sus medidas son “peligrosas e incompetentes”, provocando que Estados Unidos sea menos seguro.

Trump firmó ayer un texto revisado sobre la primera prohibición que emitió a los pocos días de llegar al gobierno, evitando un lenguaje discriminatorio sobre la religión de los ciudadanos de los países aludidos –Yemen, Somalia, Libia, Siria, Sudán e Irán– y sacando de la lista a Irak.

De esta manera pretende eludir que, como ocurriera con la orden anterior, los tribunales puedan bloquearla por motivos constitucionales.

Sin embargo, la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU, por sus siglas en inglés) criticó ayer la “discriminación religiosa” de la nueva versión del veto migratorio y afirmó que la medida seguirá siendo desaprobada por el pueblo estadounidense. “La única forma de arreglar el veto musulmán es no tener un veto musulmán. El presidente Trump ha vuelto a comprometerse con la discriminación religiosa y puede esperar la continua desaprobación de los tribunales y del pueblo”, afirmó en un comunicado el director de los Derechos del Inmigrante de ACLU, Omar Jadwat. Además, para ACLU –una de las principales organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos–, el mero hecho de que se presente una nueva versión de la medida migratoria supone una admisión por parte del gobierno republicano de su carácter inconstitucional. “La administración de Trump ha admitido que su veto musulmán era indefendible. Desafortunadamente, lo ha sustituido por una versión más leve pero que comparte los mismos defectos nefastos”, opinó Jadwat. “Los cambios que ha llevado a cabo la administración de Trump sólo respaldan el hecho de que sus órdenes ejecutivas son inconstitucionales”, aseveró.