El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una nueva versión de su polémico decreto de restricción inmigratoria que suspende la emisión de visas para ciudadanos de seis países de mayoría musulmana y que congela el programa de admisión de refugiados, a fin de reforzar la seguridad nacional.

El decreto, criticado por la oposición demócrata(ver aparte), busca contrarrestar las cuestiones legales que rodearon la orden anterior, de enero, que había entrado en vigor de manera inmediata y que causó caos en aeropuertos, protestas en Estados Unidos y el mundo y que en última instancia fue bloqueada por un fallo judicial.

A diferencia del decreto original, la firma fue en privado y Trump no apareció en público, dejando todo el protagonismo a los miembros de su gabinete que explicaron la medida ante la prensa.

La directiva modificada es de alcance más limitado y especifica que la prohibición de entrada a Estados Unidos por 90 días para los ciudadanos de Sudán, Siria, Irán, Libia, Somalia y Yemen no se aplica a aquellos que ya hayan tramitado y obtenido una visa, dijo el vocero de la Casa Blanca, Michael Short. Sin embargo, este visado válido debe haber sido conseguido antes de las 17 horas del 27 de enero, la fecha en la que se emitió la primera orden ejecutiva sobre inmigrantes y refugiados. Ese punto no quedó claro en el anterior decreto y se produjeron grandes trastornos en los aeropuertos de todo el mundo, pues ciudadanos con visados válidos no pudieron viajar a Estados Unidos. 

A diferencia del decreto anterior, Trump decidió excluir a los nacionales de Irak de la suspensión de emisión de visados debido a que el Ejecutivo iraquí se ha comprometido a colaborar en la investigación de sus ciudadanos, según explicó el vocero. Irak se comprometió a mejorar los estándares de documentación con los que viajan sus ciudadanos a Estados Unidos y a ejecutar en el “tiempo oportuno” los procesos de repatriación de sus nacionales con órdenes de deportación en Estados Unidos, agregó.

La directiva anterior prohibía el ingreso por 120 días de los ciudadanos de los mismos seis países incluidos en el de hoy más Irak, mientras que congelaba el programa de admisión de refugiados por 90 días, aunque para el caso de los refugiados sirios la restricción era por tiempo indefinido.

En el decreto de hoy, los refugiados sirios no son mencionados en concreto, por lo que quedan sujetos a la misma prohibición de ingreso por tres meses que afecta a los provenientes de los demás países del mundo. Todo esto bajo el argumento de que se refuerzan los controles a fin asegurarse de que las personas que piden asilo “no suponen una amenaza” para las seguridad de los norteamericanos.

Al justificar la medida que entrará en vigor el 16 de marzo, el gobierno de Trump, que asegura que las restricciones son necesarias para combatir el islamismo radical y evitar atentados, afirmó que la Oficina Federal de Investigaciones investiga actualmente a 300 refugiados asentados en Estados Unidos por “actividades terroristas”. 

El secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que el nuevo veto migratorio es “vital” para la seguridad del país, y pidió a sus aliados en todo el mundo que “entiendan” que se trata de un esfuerzo “temporal” para reforzar los controles migratorios. “El decreto firmado por el presidente para proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros es una medida vital para fortalecer nuestra seguridad nacional”, dijo Tillerson en una comparecencia ante la prensa junto a los titulares de Justicia, Jeff Sessions, y Seguridad Nacional, John Kelly.

El decreto sobre refugiados e inmigrantes no afectará a los ciudadanos que poseen la tarjeta de residente permanente (“green card”), un permiso que permite a los extranjeros trabajar en el país y solicitar la ciudadanía estadounidense, explicó la Casa Blanca.

Los residentes permanentes vivieron con gran confusión en los días siguientes a la proclamación del anterior veto, debido a que las autoridades detuvieron en los aeropuertos a muchos de ellos.

Otra de las diferencias con el anterior decreto es que el nuevo elimina cualquier referencia a los cristianos, un grupo que había tratado de proteger en su anterior decreto, bloqueado por la Justicia. 

En su anterior orden ejecutiva, Trump establecía que los cristianos sirios podían entrar a Estados Unidos, mientras que prohibía la entrada del resto de refugiados provenientes de Siria y con otras creencias religiosas. 

Desde Bagdad, el gobierno de Irak dijo que la decisión de excluir a sus ciudadanos del decreto de Trump envía un “mensaje positivo” sobre el futuro de las relaciones bilaterales mientras los dos países combaten contra el grupo islamista radical Estado Islámico (EI).

Nigeria, por su parte, y aunque no fue incluida en el decreto, recomendó a sus ciudadanos que eviten viajar a Estados Unidos hasta que el gobierno de Trump aclare su política migratoria, después de que a varios nigerianos con visado no se les permitiera la entrada al país.