El Grupo de Intervención Conjunta (GIC) de la Policía de Salta que opera en Embarcación y miembros de la Comisaría 43 de esa localidad siguen sumando denuncias por todo tipo de abusos. Ahora una mujer embarazada los acusó por una detención irregular y torturas. Y un conocido comunicador informó que los efectivos atacaron a su sobrino. 

El 29 de diciembre Ángela Orellana, quien está cursando un embarazo, fue detenida junto a su pareja, Alberto Orellana, a la salida de una bailanta. Cerca de las 20, la pareja iba a buscar su motocicleta cuando el hombre fue detenido por "personal del GIC o de la Comisaría 43" que "lo tiran como bolsa de papa” en la camioneta de la Policía.

La joven exigió que lo bajaran de la camioneta y la respuesta fue “un tiro hacia mis pies" realizado por uno de los uniformados que llevaba casco. Tras eso Ángela fue a la Comisaría a esperar la llegada de su marido: “cuando para el móvil escucho los aterradores gritos de las personas que estaban adentro”, su marido y una persona más.

Orellana contó a Salta/12 que entonces un policía apellidado Barco le dijo a otra oficial: “a esta también metanlá” y cuando la ingresaron, "en el pasillo siento que me reciben con una piña desde el fondo. La policía García se saca el distintivo de la remera, me lo mete en la boca y me dice aprendete mi nombre. Y me empezaron a torturar”.

La joven dijo que también la golpearon Barco y otro de apellido Apaza. Contó que a su marido lo torturaron desde las 21 hasta la 1 de la madrugada en lo que los vecinos llaman “la pieza del terror”. “A las 2 de la mañana me llevan a control, veo a mi marido esposado y en un charco de sangre, ahogándose. Yo dije que estaba muerto”, relató. La mujer dijo que teme por sus hijas "porque amenazaron a mi familia”. Añadió que en el control médico, le informó a la médica Cristina Veleizan que estaba embarazada, sin embargo, nunca le solicitaron ecografías y solo le recetaron “poner paños fríos en las lesiones”.

Mujer y marido estuvieron detenidos hasta el 7 de enero, con el agravante de que la madre de Alberto al enterarse de la situación cayó internada y falleció el último fin de semana. “Mi suegra falleció por tal tortura”, aseguró Ángela, quien aún no pudo acceder a una ecografía para saber el estado de su embarazo porque continúa realizando trámites por la defunción de la madre de su marido y atendiendo las lesiones de este último.

La pareja fue acusada por “lesiones leves, atentado contra la autoridad y obstrucción a la justicia”. “Nos hicieron como que nosotros estamos protegiendo a alguien, no sabemos y nunca nos supieron explicar por qué”, concluyó Ángela.

No hablar mal de la Policía

El lunes 13 de enero a la medianoche, el sobrino del periodista Franco Fortunato fue interceptado a medianoche por personal del GIC. Acebo Brian, de 24 años, fue detenido “y lo reconocieron como mi sobrino. Lo empezaron a agredir por las críticas que nosotros hacemos a los procedimientos policiales”, contó Fortunato.

El comunicador relató que al joven lo subieron a la camioneta del GIC y lo llevaron a dar vueltas por el pueblo. Su madre, hermana de Fortunato, fue avisada de esta circunstancia y fue a la comisaría 43 pero Brian todavía no había llegado ahí.

“No lo llevaban porque lo estaban haciendo dar vueltas y lo golpeaban dentro (del vehículo)”, relató el periodista. Contó que luego el joven, junto a los polivísd, fue al hospital para que le revisaran los golpes y ahí lo amenazaron para que no diga nada. Luego recién lo llevaron a la Comisaría.

Fortunato aseguró que su sobrino le contó que el ataque sufrió “era por lo que vos decís en las radios”.

“Cuando lo traen a la Comisaría todo golpeado, la ven a mi hermana y se dicen: 'es la tía y la hermana del periodista'. Fue como tomando precaución”, manifestó Fortunato. El joven estuvo detenido cuatro horas hasta que consiguió la libertad. “No se sabe cuál es el motivo, si es por contravención, estado de ebriedad, o por qué”, expresó su tío.

El periodista confirmó que en la Comisaría 43 no le quisieron tomar la denuncia y que, de hacerlo, tendría que ser en la Fiscalía de Tartagal, pero "como están en feria judicial no están trabajando salvo delitos graves".

Añadió que “no es la primera vez” que suceden estos hechos de abuso. “Nosotros tenemos varios por parte de las autoridades de la fuerza”, relató. “Hoy el ciudadano le tiene miedo a la Policía. Cuando están trabajando la gente sale corriendo y la sensación del miedo hoy la estamos pasando todos”, sostuvo.

Estas denuncias vienen a sumarse a las realizadas por miembros de la Comunidad wichi El Tráfico, quienes denunciaron haber sido reprimidos, detenidos y torturados por la Policía de la 43. 

Torturas detrás del cementerio 

El 2 de enero Gustavo Robles, de 23 años, fue interceptado por policías a las 15 en la vía pública, en la fronteriza localidad de Salvador Mazza. “Fue en el barrio Ferroviario y cruzando para la Quebrada de Mataderos. Es una pasarela que tenemos entre barrio y barrio”, relató su madre, Nely Tolaba, en comunicación con Salta/12.

Según Nely, su hijo estaba acompañado por un amigo cuando vieron que un auto y una moto, que no tenían distinción de la Brigada de Investigaciones y en el que iban cuatro hombres de civil, se detuvieron a su lado. Los investigadores buscaban a un familiar de un policía. Robles es sobrino de uno y cuanto lo identificaron lo hicieron subir a una camioneta sin identificación que era conducida por el policía Carlos Cruz. 

Sergio Durán, que conducía la moto. 

“Lo llevaron atrás del cementerio local y ahí lo empezaron a golpear, a patearlo, lo desnudaron, lo fotografiaron y le apuntaron con la pistola en la cabeza amenazándolo todo el tiempo”, denunció Tolaba. Los policías pretendían que el joven les diera el nombre de una persona que había cometido un robo. “Él no tiene conocimiento” de ello, insistió su madre.

Nely contó que los policías "dejaron desnudo” a su hijo. "A metros le dejaron la ropa”. El joven se fue a la casa de su abuela, donde vive, y recién al día siguiente informó a su madre: “Me dice al otro día que estaba muy adolorido, me lo dejaron moreteado por todos lados. Le digo que vamos a hacer la denuncia porque es un abuso de autoridad”, relató la madre.

“Fue secuestro, abuso, ¿qué habría pasado si lo hubieran matado?”, cuestionó la madre, quien relató que finalmente radicaron la denuncia en la Comisaria 40 de Salvador Mazza y luego llevaron a su hijo al Hospital, donde estuvo hasta las 18 del viernes 3. “Lo atendió una médica, pero no le quiso firmar el certificado. Le hizo la constancia del golpe y de todo lo que se veía”, contó.

De regreso en la Comisaría le informaron que debía dirigirse al médico policial de Tartagal. “Ahí le dijeron que no lo podían atender y que espere al médico legal que ya iba a venir. Eran a las 12 de la noche y nadie lo atendía”, afirmó Tolaba, quien agregó que finalmente, ese día su hijo se volvió a Salvador Mazza.

Ese mismo viernes la Fiscalía de Penal de Derechos Humanos de Tartagal citó al joven para el lunes 6, pero cuando se presentó le dijeron que no había llegado ningún expediente de la comisaría 40. “Le dijeron que lo iban a llamar de nuevo”, cosa que hasta ahora no ocurrió. 

La madre insistió en que seguirán con su marido para que “esto no quede en la nada”. “Tengo entendido que no es la primera vez que agarran a chicos inocentes que los golpean salvajemente y no los llevan a la comisaría como tienen que proceder. Los torturan a golpes, pero nadie denuncia nada por temor”, aseguró Tolaba.

La familia esperará hasta que finalice la feria judicial porque “no puede ser que hagan lo que han hecho”, manifestó la madre.