Ante tantas turbulencias que debieron pasar los empleados públicos del gobierno provincial y en varios municipios salteños, la Cámara de Diputados parecía ser un oasis, porque, a pesar del cambio de autoridades, los trabajadores no habían sufrido mayores consecuencias, y solamente hubo sustituciones lógicas a nivel jefatura en algunas áreas.

Pero esa tranquilidad tuvo su fin ayer cuando notificaron a 24 empleados de planta permanente que se les revocaba esa condición y que arbitrariamente 8 volvían a sus antiguos Agrupamientos Políticos (AP), mientras que los 16 restantes serán degradados a un contrato de locación de servicios, para el cual deberán facturar, por lo que se tendrán que inscribir como monotributistas, con la consiguiente pérdida de la obra social del IPS.

Estos 24 trabajadores habían alcanzado la planta permanente mediante dos decretos presidenciales firmados por Santiago Godoy con fecha del 7 de octubre y del 6 de noviembre. La decisión de darlos de baja la tomó el actual titular de la Cámara, Esteban Amat, que argumentó vicios en esas designaciones, invocando la Ley provincial 8091, que adhiere a la Ley nacional 27.428, sancionada en el marco del pacto fiscal, y que prohíbe a las provincias aumentar el gasto corriente permanente en los seis meses previos al fin del mandato.

El propio Amat reconoce en las consideraciones para dar de baja los decretos que desde los años 2003 a 2019 la planta permanente se redujo, porque inclusive con estos nuevos nombramientos se mermó de 257 hace 16 años a los 226 empleados que había hasta ayer.

Pero señala que eso no justifica que se necesiten nuevos nombramientos y que se hicieron sin justificativo y trámites formales, como un informe por escrito del jefe de área, que avale tal decisión ya que, señala, “no se le asignan a los agentes designados tareas”, lo cual es redundante teniendo en cuenta que todos los empleados ya venían cumpliendo tareas desde hace varios años en la Legislatura.

A nivel gastos corrientes, en su momento Godoy justificó las designaciones en que no representaban un aumento en ese rubro ya que se encuadraba dentro del presupuesto que ya tenía asignada la Cámara.

Distinta vara

Si bien la ley nacional comprende solamente a los gobiernos provinciales, un antecedente de designación de planta permanente es la que realizó el gobernador Gustavo Sáenz, jefe político de Amat, que dejó en noviembre pasado, a días de concluir su mandato, a 551 empleados en planta permanente de la municipalidad, elevando el plantel de 2300 trabajadores a 2851.

Para alcanzar esa cifra, que orginalmente iba a ser menor, el por entonces intendente flexibilizó los requisitos normativamente exigidos, por ejemplo, se permitió designaciones a personas con menos de dos años de contrato, también a los que no acreditaban el secundario completo y a los mayores de 45 años. Por lo que tomando el “criterio Amat”, a todos esos trabajadores se les deberían revertir sus designaciones, algo que la intendenta Bettina Romero ni siquiera insinuó hacer por considerarlo un derecho ganado por los trabajadores.

En una reunión con los empleados afectados, el presidente de la Cámara Baja señaló como otro de los motivos para dar de baja el decreto que entre los 24 designados había una persona “que tenía muchos años de antigüedad pero que no iba nunca a la Legislatura” y otro que con menos de 6 meses de trabajo ya fue nombrado de planta. 

Amat no tomó en consideración que los otros 22 empleados tienen por lo menos 4 años y en algunos más de 10 trabajando en la Cámara, y que seguramente se los cruzaba a diario por los pasillos del edificio, o por lo menos los martes, que era prácticamente el único día de la semana en que iba a la Legislatura antes de ser elegido presidente.

Toma de rehenes

Estas últimas idas y venidas, despidos y amenazas a los empleados, tanto en la provincia como en varios municipios tuvo un factor común, la esperanza de la reincorporación. El modus operandi utilizado por los nuevos jefes es el de despedir o no renovar el contrato a los agentes pero les dejan flotando la posibilidad de que cuando la transición termine quizás los volverán a llamar, de esta manera amansan cualquier tipo de protesta que pueda hacerse dejando al despedido como un rehén hasta nuevo aviso.

En Diputados, Amat explicó a todos los empleados que esta degradación iba a ser temporal, ya que en un par de meses a los contratados los iban a volver a poner como AP y que en unos 6 meses volverían a ser de planta permanente. Esta inexplicable calesita planteada así no tiene mucho sentido, ya que no generaría ahorro más que en unos pocos meses y solamente representa una tortura psicológica para los empleados que pasaron de una estabilidad laboral como planta a prácticamente una rampa de despido al ser locación de servicios.

El botín de los AP

La explicación a semejante maniobra ejecutada por Amat, aunque se rumorea que no directamente pergeñada por él, sino por una orden directa de la Casa de Gobierno en el Grand Bourg, es que el objetivo es poder contar con los 24 AP que se habían diluido con el pase a planta para poder disponer de ellos y nombrar, o “contener” como se dice en la jerga, a personas que hayan trabajado en la candidatura de Sáenz o de algunos de los diputados de peso en la Legislatura.

De esta manera, y para evitar un escándalo mayor que significaría despedir a la gente, recurrieron a crear contratos de locación, cuyos costos al no tener aportes ni obra social son menores, pero son costos al fin, y en los números representan una erogación mayor para Diputados que tendrá en definitiva por ahora 16 empleados nuevos, pero más precarizados.