Bajo la modalidad de “gestión social”, pensada como herramienta para reponer la presencia del Estado en los territorios devastados por la crisis de 2001, la organización Tupac Amaru creó en Jujuy cuatro establecimientos educativos modelos, desde el nivel inicial hasta terciario. La matrícula creció hasta alcanzar en 2015 a cinco mil alumnos. Los estudiantes de la primaria Bartolina Sisa, enclavada en el barrio Alto Comedero, corazón territorial de la organización, escribían en sus trabajos prácticos cómo construir sus casas y pensaban y desarrollaban planos de obras en las que las mujeres obreras tenían enorme participación. Ese universo ilustrado, otro de los mundos posibles de Milagro Sala, ahora parece también entrar en su fase terminal. El gobierno de Gerardo Morales emitió la resolución 4483 por la cual declaró “la caducidad de la incorporación a la enseñanza oficial” de todos los centros educativos de la Tupac. Los establecimientos -alumnos, docentes y edificios- pasarían a ser gestionados por el gobierno provincial en unas horas. La decisión, fundada en una supuesta suspensión de la personería jurídica, que en realidad no existe porque está apelada, se conoció ayer, mientras el presidente Mauricio Macri corría a refugiarse a tierras del radical para escapar del paro que movilizó docentes en todo el país, las autoridades de la provincia se presentaron en las escuelas sin la nota oficial, pero con una copia en sus aparatos celulares.

La resolución tiene fecha del 24 de febrero de 2017. Pero cuenta con una circular fechada ayer, aunque difundida el fin de semana. El primer párrafo señala: “Declárese la caducidad de la incorporación a la enseñanza oficial de la Escuela de Gestión Social Bartolina Sisa, del Colegio Secundario Olga Márquez de Arédez, del Instituto de Educación Superior Tupac Amaru y del Centro de Educación Integrada para Jóvenes y Adultos Germán Abdala, de propiedad de la suspendida Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva Tupac Amaru a partir del inicio del ciclo lectivo 2017”. Luego dice: “Dispónese la conservación de las instituciones educativas nombradas como instituciones de gestión estatal, ad reférendum del poder ejecutivo provincial, las cuales funcionarán en los mismos edificios escolares en los que se venia realizando el servicio”. Y luego agrega que habrá continuidad del personal docente y no docente y autoriza a la Secretaría de Gestión Educativa a “conformar los gobiernos educativos”, es decir, a poner sus directivos. 

Para los integrantes de la organización, la decisión es totalmente arbitraria, ilegítima e ilegal. Juan Manuel Esquivel fue director durante años del Terciario y ahora es diputado del Partido por la Soberanía Popular de la Tupac. “Lo que está diciendo la resolución técnicamente es que la Tupac pierde el manejo de las escuelas. Se las estatiza, pero a la vez señala van a seguir funcionando en nuestros edificios escolares. Es decir, no sólo se quedan con la institución, sino también con las construcciones”. Políticamente “vienen ahora por lo único que nos quedaba en pie como organización: al no tener cooperativas, ellos están manejando de facto las fábricas, destruyeron los polideportivos, no dieron trabajo para nadie y ahora van a poner una banderita del gobierno en la puerta de la escuela. Y a la Tupac no le queda nada”.

Los resultados de la resolución se verán en las próximas horas. La organización va a abrir dos canales para apelar. Uno administrativo, al ministerio de Educación, para frenar esta decisión. Y otro judicial, en el fuero contencioso administrativo, que es donde está las apelaciones previas. Esto es porque en los considerandos, la ministra de Educación, Isolda Calsina, explica que la decisión se tomó en el marco de las causas que abrió el gobierno desde enero de 2016 para retirar y suspender la personería de la Asociación Tupac Amaru. La organización apeló esas decisiones. Recordó que este tipo de medidas no puede tomarlas el Estado provincial en un trámite administrativo, sino que en todo caso deben ser canalizadas a través de la vía judicial. Que esto está establecido en la constitución provincial. Y que es en el marco de un juicio donde una asociación puede defenderse. Esto aún no está resuelto en Jujuy porque los recursos están en este momento en consideración del Superior Tribunal de Justicia. La ministra tomó esa decisión porque el proceso judicial está demorado: en los considerandos dice que “teniendo en cuenta el tiempo transcurrido del proceso judicial (…) con la consiguiente dificultad que ello genera en el cumplimiento de las disposiciones (…) corresponde proceder a la caducidad”. 

Los programas de viviendas y de escuelas son dos ejes centrales de la construcción de la Tupac. Las almas del trabajo político de Milagro Sala. Y los espacios que Morales buscó doblegar desde que llegó al gobierno. Hace meses intentó clavar una estaca en el Cantri del Alto Comedero, el centro político de la Tupac Amaru. Allí, donde están las casas, sus tanques de agua, el templo de Kalasasayá y el parque acuático, la organización construyó además la primaria Bartolina Sisa, ladrillo por ladrillo. Morales entró al edificio a fines del año pasado para distribuir títulos de propiedad mientras su gente comenzó a ofrecer tours turísticos a periodistas amigos por el barrio.

La Bartolina es parte del universo de instituciones creadas desde 2003. Ese año, la organización fundó el Instituto Superior Germán Abdala en el centro de San Salvador. En 2006, el mismo edificio alojó al secundario Olga Márquez de Aredez y en 2010 al de Educación Superior Tupac Amaru. Mientras tanto, se inauguró la escuela del Alto Comedero en 2008 con primaria, nivel inicial y en la que también funcionaron anexos del secundario. El nivel inicial y los siete años de escolarización primaria se complementan, a contraturno, con talleres de carpintería, técnicas agronómicas, artes, deportes, danzas e informática.  

A diferencia de las escuelas privadas, los centros educativos no contaban con subvenciones sino con subsidios del Estado. Una fracción de presupuesto anual que se incrementó año a año con el aumento de la matrículas. Este modelo llamado “gestión social”, dice Esquivel, está encuadrado en lo que se conoce como Ley Filmus de 2007, ratificada por Jujuy en 2013, cuando la Legislatura aprobó la nueva Ley Provincial de Educación. “Este modelo nació como respuesta a la crisis –explica el profesor– con un concepto que se acuñó cuando empezaron a aparecer escuelas generadas por sindicatos, organizaciones sociales, clubes o espacios del tercer sector que al ver necesidades en sus espacios por la ausencia del Estado, crearon ofertas educativas, en algunos casos informal y en otros, formal. Y se acordó con los ministerios de Educación la entrega de títulos”.

Este universo es el que ahora está en jaque. 

“Pueden ir y tomar las escuelas, pero eso puede ser cuestionado”, dice Paula Alvarez Carreras, del equipo de abogados de la Tupac. “Nosotros tenemos un tramite judicial pendiente porque todavía no está definida la situación de la personería jurídica. El gobierno decidió sacar la personería jurídica a la Tupac en enero de 2016, pero para hacerlo dictó un decreto luego ratificado por la Legislatura. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución provincial hace falta una causa judicial para quitar una personería. Y eso es lo que no sucedió. Al leer los considerandos de esta resolución, es importante tener en cuenta que ellos mencionan expedientes que inició el gobierno para justificar la idea de que el trámite por el quite de personería está iniciado y que demora. Sin embargo, no menciona el recurso de amparo que nosotros interpusimos ni bien salió el primer decreto, en 2016, que es el que instruye el gobierno para iniciar el tramite judicial para retirar la personería jurídica a la Tupac”. 

¿Cómo se construyen las viviendas?, pregunta un trabajo de la maestra de 5A de la escuela Bartolina Sisa a una de sus alumnas. 

–¿Quiénes trabajan?

–Los que trabajan son hombres y mujeres obreras.

–¿Cuánto demoran?

–El tiempo que demoran en hacer las casas son tres semanas.

Y luego las preguntas siguen. Qué materiales utilizan, preguntas. Antes de invitar a los alumnos a dibujar e imaginar el plano de sus casas. Tal vez por todo esto, esas escuelas no deben continuar.