Los desafíos que tiene la nueva administración son de enorme magnitud y profundidad tanto en el campo económico-social como en el político-cultural. Es un momento histórico clave para demostrar(nos) que es posible avanzar hacia un modelo de desarrollo que se autosostenga a la vez que lograr justicia distributiva.

En términos prácticos, ese proceso de desarrollo es impensable si no se tiene en cuenta seria y respetuosamente al conjunto de lxs trabajdores estatales que son la cara material de las políticas públicas que el Ejecutivo pone en acción. Es preciso recuperar y jerarquizar el aparato estatal tanto en lo que refiere a sus funciones y misiones, como en lo que refiere a sus recursos humanos. 

No es una novedad que lxs trabajdorxs estatales de las áreas nacionales (aunque también provinciales y municipales), fueron objeto específico del desarme que Cambiemos se propuso respecto de la estructura estatal. Ello se tradujo en miles de despidos, eliminación de políticas públicas fundamentales, tercerización de tareas hacia consultoras amigas así como privatización de servicios fundamentales. 

Ese avance sobre la injerencia y áreas gubernamentales se llevó adelante con la premisa de que la gestión que permaneció en el período 2003-2015 despilfarró recursos o, simplemente, se los robó. Tales sospechas se trasladaron asimismo a quienes allí trabajaban, siendo señalados como cómplices de aquellos mecanismos.

Si bien fueron muy nocivas esas acciones que impulsó la gestión de Cambiemos y que llevará cierto tiempo revertir, es oportuno mencionar que lxs trabajadores estatales vienen siendo objeto de transformaciones desde la década de los noventa, momento en el que, bajo las premisas del dogma neoliberal se impulsaron modificaciones en el mercado de trabajo privado para desandar derechos consagrados bajo el argumento de que era necesario bajar “el costo argentino”. 

Esas modificaciones alcanzaron también al sector público bajo el paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP) que propugnaba trasladar criterios y lógicas propias del sector privado al ámbito público. En ese marco, bajo el decreto 92 de1995 se fomentó la incorporación de personal profesional y técnico con contratos anuales y renovables, lo que constituía toda una novedad ya que hasta ese momento, el personal que ingresaba al Estado lo hacía por tiempo indeterminado. Esa modificación fue nodal para inaugurar e instalar muy exitosamente la precariedad laboral en las dependencias estatales.

La introducción de relaciones laborales precarias en el Estado implicó que sus trabajadorxs quedaron sujetxs a una situación de continua incertidumbre en relación a la duración del empleo, ya que el contrato que se firmaba trimestral, semestral o anualmente, podía no ser renovado al momento de su vencimiento y, en caso de que cayera, no había derecho a indemnización ni reclamo alguno. Esta modalidad traía otra novedad que radicaba en que el acceso a la protección y seguridad social quedaba a cuenta de cada trabajadxr, que, de contar con el ingreso suficiente debía pagar en forma privada por cobertura de salud y aporte jubilatorio.

En el período 2003-2015 se llevaron adelante algunas acciones destinadas a modificar aquella situación, eliminado los contratos temporales (generalmente gestionados a través de organismos internacionales) y, transfiriendo dichas relaciones contractuales a una modalidad que homologaba los derechos de esxs trabajadores con lxs de planta permanente en relación a la seguridad social y a la escala salarial, pero no en cuanto a la estabilidad en el puesto. Es decir, lxs trabajadores estatales permanecieron firmando contratos anualmente. 

Se encausaron procesos de llamados a concursos pero éstos no sólo no fueron masivos sino que, además, comenzaron tardíamente. En definitiva, si bien en el período de la gestión que se extendió durante los años 2003-2015 mejoraron las condiciones laborales de lxs trabajdores estatales faltó darle entidad a la estabilidad, y por ello, quedó el camino allanado para los miles de despidos que dispuso la gestión de Cambiemos.

Actualmente, las distintas dependencias estatales cuentan con equipos altamente profesionalizados, muy experimentados e identificadxs con la noción de servicio público y del rol que debe cumplir el Estado en relación a la sociedad y que permanecen más allá de las diversas gestiones. 

Para encarar un proceso de desarrollo económico-social es prioritario considerar este punto: no sólo es necesario y urgente mejorar las condiciones laborales (en cuanto a la estabilidad, el nivel salarial y la carrera administrativa), sino tener en cuenta a la hora del diseño e implementación de las políticas el know how que constituyen y aportan sus propixs trabajadorxs. 

Para ambas cuestiones (las condiciones laborales y los diseños e implementaciones) es fundamental hacerlo con lxs trabajadorxs, escuchando y tomando nota de su palabra, experiencia y opiniones, tratando de no reproducir viejos esquemas de delinear esquemas o pensar modificaciones sobre su propia situación de modo extemporáneo. No es sobre ellxs, sino con ellxs.

La importancia acerca del rol que cumple o debe cumplir el Estado como expresión política del pacto social que la sociedad deposita en esa entidad, comprende también la importancia de contar con lxs mejores para el despliegue de las políticas. No hablamos aquí de lxs funcionarixs que llegan y se van con las gestiones de turno para desempeñar puestos de carácter “político”. Es muy grande el esfuerzo que realiza la sociedad al formar a cientos de trabajadorxs estatales a lo largo de los años y las gestiones, como para permitirse no tener una política de recursos humanos que se proponga consolidar núcleos de agentes estatales profesionales y comprometidos con lo público estatal, con la capacidad e idoneidad de repensar la práctica cotidianamente.

Las experiencias internacionales de países que han sido exitosos en la administración de los asuntos público-estatales dan cuenta que una variable muy significativa (aunque no única por supuesto pero sí inevitable) en ese proceso, es la consolidación de un incentivo cotidiano y sistemático hacia sus trabajadores quienes deben construir su identidad a partir del reconocimiento de la sociedad sobre las labores que desempeñan cotidianamente.

 

Al fin de cuentas, las políticas públicas llegan a los territorios y a lxs ciudadanxs a través de las personas que las ponen en acción todos los días en cada ventanilla, en cada trámite y en cada rincón del país. Reconocer, jerarquizar y poner en valor ese trabajo cotidiano de lxs trabajdorxs estatales es uno de los tantos e importantes retos que se abrieron a partir del 10 de diciembre, con la particularidad de que cumplir con ese impactará muy positivamente sobre el resto de los demás objetivos económicos y sociales que es necesario desplegar. Si ese es el desafío, hagámoslo posible.

* Doctora en Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales.