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Desde Santa Fe
El pedido del Ministerio Público para mandar a juicio a la cúpula de la Policía Federal de Santa Fe que cayó en mayo de 2019 por sus “vínculos con el narcotráfico” volvió a dejar en evidencia a la ex ministra Patricia Bullrich. El fiscal federal Nº2 Walter Rodríguez firmó esta semana el dictamen de elevación a juicio de la primera de las causas que investiga al ex jefe de delegación local, Marcelo Lepwalts y cinco subordinados. Pero también decidió comunicar a la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic, que su antecesora en el cargo nunca respondió las alertas que le envió en 2017 y 2019 ante un foco de “corrupción” en la fuerza que operaba en Santa Fe, en lo que -ya entonces- calificó como una “situación de gravedad institucional”. En esos dos años, hasta que Bullrich cesó en el gabinete de Mauricio Macri, Rodríguez no recibió ninguna “respuesta formal” de la ex funcionaria, por lo que decidió notificar a Frederic los mismos hechos: que el “conjunto de episodios” que involucran efectivos de la Policía Federal de Santa Fe revelan un “patrón demostrativo de la aquiescencia estatal que obstaculizó el normal desenvolvimiento” de las investigaciones al narcotráfico en la provincia.
La trama incluye cuatro investigaciones, entre otras:
1) El viernes, el fiscal Rodríguez solicitó al juez Francisco Miño que mande a juicio oral a Lepwalts -que está detenido- y a cinco efectivos que estaban a su mando: su ex número dos Cristian Bogetti, Michel Arbildo, Carlos Gómez Navarro, Darío Duarte y Lucas Bustos. Más, el empresario al que protegían, Guillermo Kern, imputado por presunta “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, “cohecho” y “tenencia de arma de guerra”. A Lepwat, Bogetti, Arbildo y Gómez Navarro los acusó por supuesto “encubrimiento agravado”, “sustracción de pruebas”, “falsedad ideológica de documento público, “incumplimiento de deberes”, “abuso de autoridad” y “tenencia de estupefacientes”, entre otros cargos. Mientras que los otros dos, Duarte y Bustos, sólo por “tenencia simple”.
2) Ya el 3 de enero, el fiscal federal Nº 1 Gustavo Onel, había solicitado el juicio oral a tres de los policías del grupo: el inspector Bogetti y los cabos Duarte y Bustos también por supuesto “encubrimiento agravado” de una banda narco a la que debían investigar. Onel les reprochó una conducta que “favoreció” a los imputados, significó una “flagrante afrenta a la buena fe” del juez y el fiscal y metió la causa en “punto muerto”. En ese simulacro, descubrió que los policías tenían un “trato directo” y “cordial” con los vendedores de sustancias ilegales.
3) A principios de diciembre, el Rodríguez avanzó en una segunda causa contra Lepwalts y lo acusó como supuesto jefe de una “asociación ilícita” que integrarían Bogetti y los otros cuatro que ahora mandó a juicio por la primera causa: Arbildo, Gómez Navarro, Duarte y Bustos. Las pruebas –dijo el fiscal- revelan “un plan común que fue ideado, implementado, ordenado y controlado por los miembros” de la Policía Federal de Santa Fe, que “afectaba el comportamiento de los propios agentes” de la fuerza y derivó en un “sistema recaudación ilegal” y el reparto de “utilidades provenientes del narcotráfico”. El “objetivo principal” de las operaciones era el “lucro personal de cada uno de los integrantes” del grupo. Las indagatorias se realizarán en febrero.
Las pruebas revelan “un plan común que fue ideado, implementado, ordenado y controlado por los miembros” de la Policía Federal de Santa Fe
4) El 30 de diciembre, el juez federal Francisco Miño procesó al ex jefe de la Policía Federal en Santa Fe Mariano Valdés y al ex subjefe Higinio Bellaggio por supuesta “confabulación para el transporte de estupefacientes” agravado, “incumplimiento de deberes”, “sustracción de pruebas”, uso de bienes del Estado en “provecho propio” y “falso testimonio”; ratificó la prisión preventiva de ambos y les impuso un embargo de 500.000 pesos a cada uno. Valdés había reemplazado a Lepwalts –cuando éste fue detenido el 9 de mayo- y desempeñó el cargo cuatro meses: comenzó a caer cuando fue herido en el tiroteo de la autopista el 9 de setiembre y detenido en un allanamiento a la Policía Federal de Santa Fe, el 20 de setiembre. El juez consideró que Valdés y Bellaggio concertaron “un plan” y “actos preparatorios del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de transporte”.
En el pedido de juicio oral a Lepwalts y su grupo, el fiscal Rodríguez decidió enviar una copia del dictamen a la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic “a los efectos administrativos que correspondan”. Y recordó que la causa “formó parte” de la trama que señaló a su antecesora en el cargo, Patricia Bullrich, cuando la alertó sobre un “grave” foco de “corrupción policial” en Santa Fe. Los oficios a la ex ministras fueron enviados: el primero, el 3 de mayo de 2017 y el segundo, el 6 de setiembre de 2019, tres días antes de la balacera a Valdés.
Para ese entonces –insistió el fiscal- “no se encontraban en trámite” la investigación a Valdés y a Bellaggio por “infracción ley 23.737” de drogas y la “causa Coirón” como se llama a la acusación por supuesta “asociación ilícita” a Lepwalts y su grupo que detectó “un sistema de recaudación ilegal horizontal entre sus ejecutores materiales y orientado en sentido vertical y ascendente respecto de sus beneficiarios”, explicó. “Todo lo cual”, junto "a otros episodios adjudicados a integrantes de distintas fuerzas, constituye un patrón demostrativo de la aquiescencia estatal que obstaculizó el normal desenvolvimiento” de las investigaciones al narcotráfico en Santa Fe.
En las dos alertas a Bullrich, el fiscal Rodríguez la anotició sobre la “situación de gravedad institucional en materia de corrupción policial” en Santa Fe, le dijo que la Policía Federal y la Policía de la provincia “están sospechadas de tener fuertes vínculos con organizaciones narco criminales” y algunas de esas pruebas eran la “existencia de listas policiales con sujetos ‘autorizados’ para ejercer el comercio ilegal de drogas” y el reparto de “sumas de dinero” entre ambas fuerzas por un mecanismo al que llamaban “coparticipación”. Son hechos –le decía- que “afectan el normal desenvolvimiento” del Ministerio Público. Pero la ex ministra nunca le contestó.
