La Corte Suprema podría definir en su acuerdo de hoy si le pide o no opinión a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, sobre los reclamos para anular la detención de Milagro Sala. Los jueces no quieren dilatar mucho más una decisión en un tema que ya produjo pronunciamientos internacionales contra el Estado argentino. El expediente circula por todos los despachos al mismo tiempo, algo que no es habitual. Primero tienen que definir si aceptan los recursos extraordinarios. Luego, deben pronunciarse sobre dos cuestiones: si la banca en el Parlasur que tiene la dirigente le otorga inmunidad de arresto; si su privación de la libertad es arbitraria.

La Corte dio la semana pasada su primera señal de que se estaría ocupando de Sala cuando ordenó una evaluación de su estado de salud, de la atención que recibe en comparación con otras internas, y lo mismo respecto de las condiciones de detención. También pidió un informe del estado de las causas en trámite en su contra. Nada de eso había sido planteado por los abogados de la dirigente. Pero la medida del tribunal surgió después de que se conoció que se había autoagredido con una tijera en el abdomen, tras una discusión con otra interna y al enterarse de que le iban a notificar tres nuevas causas penales. La Corte le dio intervención al juzgado federal 1 de Jujuy para tramitar el informe y requirió datos al Servicio Penitenciario local, con plazo hasta mañana.

La lógica indica que un informe médico completo debería incluir el parte de la psicóloga María Laura Aguirre, que alertó que Sala se había provocado una lesión y que no debía ir a una audiencia judicial. Por escrito dijo que atravesaba una “crisis de angustia” y “sintomatología depresiva”, lo que incluía “llanto recurrente, palpitaciones, ansiedad generalizada, sensación de ahogo e ideación suicida”. Concluía: “la paciente NO se encuentra apta psicológicamente para asistir a las audiencias previstas”. Las mayúsculas son del texto original. A pesar de la contundencia, fue llevada a tribunales para la notificación de nuevas causas. El auxiliar de la fiscalía dijo que fue por decisión del fiscal general Sergio Lello Sánchez, quien le debe su cargo al gobernador Gerardo Morales. Ahí le informaron que había tres acusaciones nuevas, aunque nadie se las explicó en forma acabada ni sus abogados tuvieron acceso al expediente, pero les dieron a entender una imputación insólita: inducción a las amenazas. Por ejemplo, un vecino de la Túpac Amaru que dice que pasó un auto y el conductor gritó alguna advertencia en nombre de Milagro Sala.

Para el gobierno nacional a esta altura que Sala siga detenida es un problema con consecuencias en el plano internacional a raíz de que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria pidió su liberación y advirtió sobre la arbitrariedad de la situación. En el Ministerio de Justicia están exasperados con la posición inflexible de Morales y ruegan que la Corte deje a Sala en libertad o al menos allane el camino.  

Para que la Corte admita un recurso extraordinario tienen que darse requisitos formales, como que sea un tema equiparable a una sentencia definitiva o que el escrito tenga 40 páginas de 26 renglones. Si la Corte no admite el recurso, el expediente vuelve a la provincia, y ahí la imputada puede insistir con uno de queja. Si los supremos lo aceptan, tienen margen para ver qué analizan. Hay dos planteos sobre los que debería tomar posición:

  • Uno de ellos señala que por la ley que regula la elección de parlamentarios del Mercosur (27.120), los representantes argentinos son “asimilados en el derecho interno a diputados nacionales”. Así, Sala tendría inmunidad de arresto. Contra ese argumento, en otro caso en 2015 la Cámara Electoral dijo que las inmunidades o fueros parlamentarios los establece la Constitución y no una ley.
  • El otro pide anular la detención por ser “arbitraria”. Según la defensa de Sala, el supuesto peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación no fue fundamentado por jueces y fiscales en Jujuy, que además acudieron a un criterio en desuso que es encarcelar cuando está en juego un delito con expectativa de pena alta. Pero los abogados dicen que no hay razones para que no pueda ejercer el derecho de esperar el juicio en libertad, y se aferran al informe de la OEA, que señaló la arbitrariedad de la detención. Es excepcional que los supremos analicen casos de arbitrariedad, pero éste es peculiar. Las (no) pruebas pueden llegar a pesar en la decisión, y quizá los informes de detención y salud.

Milagro Sala ya no está presa por el acampe frente a la gobernación, que fue el motivo original. Son dos causas. Una es por supuesta tentativa de homicidio: en un tiroteo es herida una niña; el acusado, Jorge Rafael Páez, pasa siete años prófugo, de pronto vuelve y dice que quien lo mandó a atacar fue Sala. Ella fue acusada, él sobreseído. La otra es por asociación ilícita y extorsión en el presunto desvío de dinero destinado a cooperativas para viviendas sociales.