Representantes de pueblos originarios de la provincia de Salta reclamaron la aplicación de leyes sobre salud intercultural, agricultura familiar y acceso al agua. También, el cumplimiento de la ley 26160, que ordena relevar la propiedad comunitaria indígena, y la entrega de los títulos comunitarios de sus territorios.
Estas exigencias surgieron como conclusión del Primer Congreso de Políticas Públicas Indígenas Propias realizado el 15 y 16 de este mes en la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín y del que participaron representantes de los pueblos chulupi, tapiete, chane, chorote, guaraní, wichi y toba.
Los asistentes debatieron en torno a tres ejes: social, territorial e institucional.
En la emergencia, con tres niños muertos por causas vinculadas a la malnutrición, la cuestión social se impuso en el inicio del intercambio. De entrada nomás hubo acuerdo en que es hora de que el Estado habilite la "participación de las comunidades y organizaciones indígenas en las decisiones de las políticas públicas que (las) afecten", en cumplimiento del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Concretamente, sobre las falencias en la atención de la salud, estuvieron de acuerdo en exigir la reglamentación y aplicación plena de la ley provincial 7856, que crea una “Red de apoyo sanitario intercultural e interinstitucional para los Pueblos Originarios Sumaj Kausai (buen vivir)”, que busca “garantizar una adecuada y equitativa atención médica y accesibilidad a la alta complejidad médica” de integrantes de comunidades originarias “en el marco de un ambiente de respeto a sus valores culturales y ancestrales”. Esta ley, que también prevé la existencia de facilitadores interculturales bilingües en los hospitales, fue sancionada en noviembre de 2014 y publicada en diciembre de ese mismo año, sin embargo, sigue sin reglamentarse.
Los congresistas también coincidieron en que debe reglamentarse la ley nacional 27118, que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena y crea un régimen de reparación histórica para ese sector. Esta norma fue sancionada en diciembre de 2014 y promulgada en enero de 2015.
El último punto del ámbito social fue sobre el acceso al agua, y, bajo la consigna "sin agua no hay vida", hubo coincidencia en que deben darse soluciones de fondo.
Títulos comunitarios
En cuanto al territorio, los referentes comunitarios no necesitaron de mucho intercambio para acordar en que debe cumplirse la ley 26160, que declara la emergencia de la propiedad comunitaria indígena y dispone un relevamiento territorial con el objetivo de regularizar la ocupación ancestral.
Esta ley fue sancionada a fines de 2006 con una vigencia de cuatro años en los que se debían realizar las tareas dispuestas para cumplir con su finalidad. Sin embargo, todavía no se concluyó con el relevamiento y la situación de emergencia de la propiedad comunitaria indígena es cada vez más acuciante, debido a la presión de empresas que buscan expandir la frontera agropecuaria.
Por estos motivos, la 26160 ya se prorrogó tres veces, en 2009, 2013 y 2017, esta última vez mediante la ley 27400, que tiene vigencia hasta noviembre de 2021. En el Congreso de Tartagal los pueblos originarios presentes concluyeron que debe aprobarse urgente una ley de entrega de títulos comunitarios de los territorios indígenas.
Instituto indígena, intervención estatal
En el eje institucional, los congresistas analizaron la situación del Instituto de Pueblos Originarios de la Provincia de Salta (IPPIS) y coincidieron en exigir que se haga la "elección de los vocales dentro de los 60 días solicitados por representantes de Tartagal y Santa Victoria Este".
Es que en las comunidades provocó malestar la decisión del gobierno de Gustavo Sáenz de prorrogar por otros seis meses la intervención del organismo. Mediante el decreto 56, del 10 de enero, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia prorrogó la no normalización con el argumento de que "subsisten los motivos que generaron originariamente la intervención" porque "no han podido subsanarse las observaciones señaladas por la Sindicatura, no encontrándose las autoridades del IPPIS en condiciones de asumir la correcta conducción del ente”.
El IPPIS es un órgano estatal, pero su conducción está a cargo de un directorio indígena de nueve miembros (uno por cada pueblo oficialmente reconocido), uno de ellos (elegido por el directorio) es promovido a la presidencia.
Los congresistas también estuvieron de acuerdo en exigir la modificación y actualización de la ley 712, de "Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Salta".
Hubo un capítulo dedicado a considerar la situación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dado que las comunidades pretenden que se elijan a los representantes al Consejo de Participación Indígena (CPI), por el cual se promueve la institucionalización de la participación indígena, una decisión que tuvo gran incidencia en el territorio, con la presencia de los consejeros o "Cepeís", como los llaman. En las conclusiones del Congreso se añadió sobre este particular que "se respete la reglamentación del INAI"
Asimismo, las siete pueblos participantes del Congreso proponen la "Creación de un organismo provincial manejando por un equipo de dirigentes y profesionales jurídicos de pueblos originarios con capacidad de fiscalizar y hacer respetar los derechos indígenas".
Embarcación pide espacio
A pedido de la delegación Embarcación, se hará un segundo congreso en esa localidad, en fecha a determinar.
Las comunidades originarias que habitan en Embarcación vienen planteando una zonificación del IPPIS, por entender que la cantidad de habitantes originarios y la complejidad de las cuestiones que les atañen ameritan una representación zonal en el Instituto Indígena de la provincia.
De hecho, en estos momentos los referentes comunitarios de esta zona analizan la posibilidad de iniciar una medida de fuerza en reclamo de la pronta regularización del IPPIS y de la instalación de una oficina de este organismo en Embarcación.
El Primer Congreso tuvo sus antecedentes en otros encuentros o asambleas realizados en Embarcación, Santa Victoria y Tartagal. La decisión de realizarlo en esta última ciudad se refrendó el 13 de enero, en un acta firmada por representantes de los pueblos chorote, chulupi, chane, tapiete, guaraní, wichi y toba.
