En una carta dirigida a las autoridades del Banco Central, damnificados por los créditos UVA para la compra de automotores solicitaron que se los tenga en cuenta, al igual que a los deudores hipotecarios, porque entienden que quedaron “afuera” de los afectados comprendidos en la Ley de Emergencia Económica. “En el artículo 60 de la ley se habla de los créditos hipotecarios UVA y de los ‘planes de ahorro’, pero no hay planes de ahorro UVA, son créditos prendarios UVA o préstamos personales UVA, que no son lo mismo”, explicó a Página/12 Daniela Funes, coordinadora del Grupo UVA AUTOConvocados del Sector Automotriz. Se estima que son 1,2 millones los perjudicados en todo el país por la compra de vehículos por esa línea de créditos indexados.
Otras dos integrantes del grupo, y el abogado que las representa, recordaron que los créditos UVA fueron promocionados por el gobierno de Mauricio Macri, quien aseguró en la campaña electoral de 2015 que “lo más fácil era bajar la inflación”. Muchos de los que compraron un vehículo “bajo esa falsa promesa, ya pagaron dos autos y todavía tienen que pagar otros dos” por las cuotas que les quedan pendientes, aseguraron los denunciantes.
El temor que expresan en su carta al Banco Central, firmada por 104 perjudicados, en representación de los casi dos mil que forman parte del grupo, es porque “el error al hablar de ‘planes de ahorro’ va a ser utilizado por los bancos, que dieron préstamos en efectivo y no planes de ahorro como sí hacen las concesionarias, a las que nosotros les pagamos en efectivo y no con un plan de ahorro”.
Berta Revilla vive en el barrio porteño de Soldati. Ella y su marido son “trabajadores” que se dedican a la “gastronomía familiar”. Su marido es “monotributista social, no tiene una categoría alta, hace pizzas, empanadas, facturas y salimos a las ferias a vender, no tenemos un negocio instalado”. Para facilitar la movilidad compraron “una camioneta para el traslado de las mercaderías”. Solicitaron “un crédito en cuotas fijas, pero la única posibilidad que teníamos era el UVA, que se indexaba por inflación; para convencernos nos dijeron textualmente: ‘es imposible que el paquete de arroz aumente el doble de un mes a otro, el incremento de la cuota va a ser mínimo’”.
Ahora están “desesperados” porque empezaron “con una cuota de 12.500 pesos en 2017 y hoy estamos pagando 27.900”. Como se atrasaron con las cuotas “ahora estamos pagando intereses, al punto de pensar en vender la camioneta, pero como es prendada, no podemos, de manera que trabajamos sólo para pagar la cuota”. Comentó que “muchos compramos el vehículo para trabajar y hay casos de personas que lo hicieron para facilitar el traslado de hijos diiscapacitados y somos más de un millón doscientos mil los argentinos que estamos en esta situación desesperante”.
María Isabel Lasala es abogada y vive en City Bell. Explicó que con el Grupo de Autoconvocados Automotor “no hemos tenido mucha visibilidad porque se ha contemplado sólo el caso de los deudores hipotecarios y no el de los UVA prendarios o de los préstamos personales para la compra de vehículos, que se rigen por los mismos valores indexatorios”. Recordó que hubo varios diputados, entre ellos Carlos Heller y Andrés Zottos, que durante la sesión en el Congreso cuando se aprobó la ley “tuvieron en cuenta nuestra situación y nos mencionaron durante el debate, pero luego no fuimos mencionados correctamente en el artículo 60 de la ley que fue aprobada”.
Ellos entienden que hubo “un error de redacción porque se incorporaron a la resolución los planes de ahorro, cuando se tenía que haber escrito UVA automotor y préstamos personales, que son otra cosa”. Lasala y su esposo sacaron un préstamo UVA en noviembre de 2017 y les aseguraron que era “el negocio del año y ahora nos consideramos estafados porque si bien somos responsables de haber tomado un riesgo, creemos que se pasaron todos los límites de lo que puede esperar una persona que toma un préstamo”. Comenzaron pagando “una cuota de 8.500 pesos y la última fue de 18.500 pesos”.
El abogado Adrián Albor es presidente del Grupo de Litigio Estratégico, una asociación civil que brinda asesoramiento jurídico gratuito en causas de interés público. Recordó que cuando Macri asumió como presidente “prometió que iba a otorgar un millón y medio de préstamos y aseguró que lo más fácil de resolver era la inflación, pero con la devaluación de la moneda en un 60 por ciento generó una bola enorme de inflación a la que nunca pudo parar y que llegó a más del 50 por ciento en su último año de gobierno”.
Albor señaló que los que compraron viviendas por el UVA “comenzaron pagando la mitad de lo que pagaban por alquilar y hoy están pagando el triple del costo de un alquiler y lo van a tener que seguir pagando por 30 años”. Aclaró que, de todos modos, “es mucho peor el caso de los que compraron un vehículo, porque la casa, el ladrillo, tiene un valor permanente, se lo puede disfrutar toda la vida, pero el vehículo va perdiendo su valor cada año”.
“Algunos de los afectados compraron el auto para unirse al Uber, pero no pueden bancar la cuota, más el seguro, más el combustible, más la patente, al punto que terminan vendiendo el auto, pero se quedan con la deuda”.
El abogado dijo que ante el error en el texto de la ley la soluciona se puede dar “con el decreto reglamentario o con una circular del Banco Central que incluya los prestamos prendarios y personales UVA para la compra de un vehículo automotor”.
María Isabel solicitó un préstamo “por 320 mil pesos y hoy debo 404 mil pesos, luego de haber pagado 26 cuotas y todavía me falta pagar 18 cuotas”. Cuando termine de abonar, si el problema no encuentra otra salida, puede llegar a pagar “600 y hasta 800 mil”, ya ni lo quiere pensar. Albor comentó que es como “haber pagado dos autos y que te falten pagar otros dos”.
En el caso de Berta, solicitaron un préstamo por “420 mil pesos en 48 cuotas, ya pagamos 24 cuotas por un total casi de 650 mil, más los 240 mil que aportamos de entrada y ahora tenemos que seguir pagando 24.700 pesos durante dos años, todos los meses, si es que no sube más la cuota”. Berta se quiebra y debe parar porque está a punto de llorar.
Luego finaliza: “Vamos a terminar pagando un millón trescientos mil pesos una camioneta que no tiene ese valor, de manera que nos sentimos estafados por el Estado y por la Justicia, porque nos están rechazando todos los amparos que hemos presentado”.
El texto de la Carta al Banco Central
“La finalidad de nuestro comunicado es solicitar que seamos evaluados por el BCRA
¨Todos los créditos UVA, no sólo los hipotecarios.
“Nuestra solicitud (estuvo) en la voz de los diputados Pastore, Zottos, Heller, y Martínez, el día del tratamiento de la ley 27.541 de solidaridad social y de reactivación productiva en el marco de la emergencia pública.
“En la sesión los mencionados proponen y concuerdan en incorporar junto a los hipotecarios, también a los créditos prendarios y no prendarios UVA, para adquisición de un vehículo automotor, sometida a votación resulta aprobada, más se comete una equivocación.
“En el texto de la ley publicada en el Boletín Oficial bajo el Título VIII Créditos Uva, el artículo quedó redactado de la siguiente manera"...y los sistemas de planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotor..."
“Consideramos que hubo un equívoco al mencionarse los planes de ahorro, pues éstos no se rigen por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA)
“Nosotros entendemos que la ley dice Créditos UVA y los créditos UVA para adquisición de vehículos automotor son los personales, prendarios y no prendarios. Por lo tanto, solicitamos que, de ser correcta nuestra interpretación de la ley, se hagan las correcciones pertinentes.
“Queremos dejar en claro que nuestra intención es pagar, pero que sea bajo un régimen que lo haga posible, contemplando la situación que estamos atravesando todos los argentinos.
“Nosotros los deudores de créditos UVA, nos encontramos muy perjudicados, las cuotas duplicaron el valor, en algunos casos hasta un poco más, y mientras van siendo pagas el capital va aumentando; quedamos presos de un sistema que no termina nunca, y que alteró considerablemente en forma negativa nuestro sustento económico para vivir, para subsistir”.
El documento está firmado por 104 afectados de distintas provincias.