El Gobierno prepara un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de jueces y personal del servicio exterior. El borrador está siendo trabajado en el Ministerio de Trabajo que conduce Claudio Moroni, quien fue titular de la Anses hasta el 2008. Sería el tema principal de las sesiones extraordinarias, previstas para el miércoles 29 de enero.
El texto final del proyecto no será enviado al Poder Legislativo hasta tanto no tenga el aval del presidente, Alberto Fernández, que estará durante la semana en Israel en su primer viaje oficial, y terminaría de pulir el sábado a su regreso.
“Él está muy encima de este tema”, afirmó a este diario un funcionario del Gobierno que está trabajando en la iniciativa. En el Congreso todavía no fueron conformadas las comisiones con sus autoridades, y hay diputados especializados en temas previsionales que se encuentran de vacaciones.
Privilegios
La modificación de las jubilaciones de privilegio fue una iniciativa del Presidente. Cuando se aprobó la Ley de Solidaridad Social en la Cámara de Diputados, Fernández publicó en su cuenta de Twitter: “Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y Cuerpo Diplomático”.
La media sanción había provocado una fuerte polémica porque la ley estableció la suspensión de la actual fórmula de movilidad por 180 días, y los aumentos se realizarán trimestralmente por decreto. Será una suma fija para la mayoría de los jubilados, que significará una mejora mayor de lo que hubieran percibido si se hubiera mantenido la fórmula aprobada en el gobierno de Macri.
Sin embargo, los regímenes especiales quedaron excluidos de esa suspensión, por lo que mantendrán la movilidad prevista. En los regímenes especiales que están bajo estudio se encuentran los jueces y el cuerpo diplomático.
Existe una fuerte disparidad entre el régimen general de los trabajadores del sector público y privado con el régimen especial. En el general, casi la mitad de los jubilados (3 millones de personas) perciben el haber mínimo, hoy en 14.068 pesos.
Mientras, la remuneración promedio de miembros del Poder Judicial es de 234.234 pesos, para 7334 jubilados y representan un costo fiscal de 1718 millones de pesos.
En el Servicio Exterior los montos son aún mayores. El promedio es de 334.139 pesos, para 688 jubilados y representan un costo fiscal de 257 millones de pesos al año. Así se desprende de un informe realizado por el CEPA, con datos de diciembre de 2019.
Proyecto
El objetivo del Gobierno es “achatar la pirámide” entre los ingresos del sistema previsional para establecer “un mecanismo más justo”.
El proyecto de ley para modificar los regímenes especiales está siendo trabajado en el Ministerio de Trabajo, en conjunto con el Ministerio de Economía y la Anses. “Moroni es el coordinador”, aseguró una fuente del Gobierno. A fin de esta semana estaría listo el borrador, que será leído por el Presidente el sábado cuando vuelva de Israel, y así podrá ser enviado al Congreso para tratarse en las sesiones extraordinarias del miércoles 29 de enero.
El Congreso deberá modificar la ley 18.464 de jubilaciones para funcionarios del Poder Judicial y la 22.731 para el personal del servicio exterior. Los cambios deberían aplicarse para los que todavía no aportaron, y en cambio a los que ya lo hacen se les debería mantener el mismo régimen porque se consideran “derechos adquiridos”, según opinó el abogado previsional Federico Bobrovsky.
Son diversos los cambios que podrían aplicarse dado que los empleados judiciales y los del servicio exterior tienen distinta edad jubilatoria y cálculo del haber, y en algunos casos no realizan aportes al sistema previsional.
“La jubilación del Poder Judicial se calcula a partir del 85 por ciento del salario del último cargo que ejercieron, por más que lo haya prestado por algunos meses. Distinto es la realidad de 6 millones de jubilados que su haber inicial es el 40 por ciento promedio del ingreso de los últimos 10 años de trabajo”, opinó el abogado Juan Pablo Chiesa.