Ricardo Nissen está en condiciones de quedar al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ), un organismo clave en el control de sociedades comerciales que ya dirigió entre 2003 y fines de 2005, y donde desarrolló una gestión que se caracterizó por poner límites al desembarco de sociedades off shore en el país a través de resoluciones que luego dejó sin efecto el gobierno de Mauricio Macri, que promovía exactamente lo contrario. La llegada de este experto en derecho societario significará la reimplantación de aquella política, que molesta al mundo empresario, así como también la limitación de las llamadas sociedades por acciones simplificadas y la implementación de controles sobre los fideicomisos, entre otras tantas cuestiones.

El nombre de Nissen quedó ayer en el candelero cuando algunos portales destacaban con dato central su carácter de apoderado de Hotesur y de Máximo y Florencia Kirchner en algunos documentos judiciales. Es previsible que alguien que tiene su especialidad se haya desempeñado como abogado y apoderado en expedientes como algunos que atañen al patrimonio de la familia Kirchner, o en cualquier otro donde haya grandes sociedades implicadas. Cerca de Nissen explicaron que la lógica es que si luego le toca opinar o intervenir en el caso de una sociedad con la que haya trabajado, se excuse y pida a quien encabeza el Ministerio de Justicia que designe a otro funcionario para el caso en cuestión, que no es lo mismo que “delegar la firma”, como se hizo en ciertas ocasiones bajo el paraguas de la Oficina Anticorrupción de Cambiemos. Nissen fue, efectivamente, abogado de Hotesur hasta 2017, donde intervino en una asamblea donde la elección de autoridades para la administración terminó delegada en un juez; en otra ocasión apeló en nombre de Máximo y Florencia una multa por no presentar balances. Esa fue su actuación, según informaron sus colaboradores.

Pero el quid de la cuestión parece pasar por el perfil que podría adquirir este organismo con la designación de Nissen. Por lo pronto, la Inspección General de Justicia tiene a cargo el control de la constitución y funcionamiento de las sociedades comerciales, las sociedades extranjeras, las asociaciones civiles y las fundaciones que se constituyen en la Ciudad de Buenos Aires. A la vez puede reglamentar la implementación de la Ley de Sociedades, de ahí su importante incidencia, y establecer/ejercer mecanismos de control.

Durante el gobierno de Macri fueron suprimidas resoluciones que se remontaban a la gestión de Nissen. La que se refiere a la limitación de las off shore, es una central. Este tipo de sociedades son constituidas en otros países para burlar el régimen impositivo argentino y quizá sus verdaderos dueños ni figuren, pero el macrismo al eliminar la regulación anterior permitía que volvieran al país “disfrazados” como sociedad extranjera, y remesen sus ganancias a una cuenta de esa off shore en alguna otra parte, eludiendo impuestos. La resolución original de Nissen era la 7/2005, que luego fue actualizada en 2015. Macri intentó, pero no llegó a plasmar por lo escandaloso y porque le puso freno la fiscal Gabriela Boquin, una guarida fiscal en la Ciudad de Buenos Aires a través de un organismo específico.

El gobierno de Cambiemos también creo vía su IGJ un tipo societario nuevo, que en teoría estaba pensado para emprendedores, pero que muchos expertos alertaron que quedaban fueran de las normas societarias tradicionales, lo que implicaba la desprotección de terceros y la posibilidad de que se generen sociedades que sean un fraude. Son las sociedades por acciones simplificadas (SAS), que se pueden generar en 24 horas, y de las que en el ámbito del derecho se sabido que Nissen es crítico, por la desprotección que generan para terceros y accionistas minoritarios. El gobierno anterior, además, suprimió el objeto único en las sociedades, lo que permitiría a una sociedad no tener una tarea especifíca; y eliminó la exigencia de que el capital tenga relación con el objeto (que el capital sea acorde a lo que hará la sociedad). Todo esto podría ser revisado.

Luego hay todo un capítulo sobre la falta de controles durante le macrismo que pudo traer beneficios de distintos tipo: por ejemplo, a las fundaciones de políticos cuyo objetivo y actividad nunca estuvieron del todo claros y el control de los fideicomisos, como el famoso fideicomiso ciego de Macri, que era una especie de agujero negro donde ponía sus bienes para ser administrados por alguien supuestamente independiente. Con el tiempo se supo que ni la figura del fideicomiso ciego existía ni eran independientes sus administradores, pero no hubo controles oficiales. Hay razones para que muchos estén inquietos por este posible cambio en la IGJ.