La Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Mario Alfredo Sandoval, el represor de la ESMA que se había reciclado como profesor en Francia, de donde llegó extraditado hace 35 días. Los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens ratificaron su responsabilidad como partícipe necesario en el secuestro de Hernán Abriata, un militante de la Juventud Universitaria Peronista visto por última vez en ese centro clandestino en 1976, y le negaron la excarcelación por los riesgos de fuga (estuvo prófugo durante los últimos siete años) y de entorpecer la causa. “Churrasco” o “Churrasquito”, como se apodaba en la ESMA, seguirá detenido en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, dentro del predio militar de Campo de Mayo.

Sandoval nació en 1953 y, según su legajo en la Policía Federal, integró desde 1975 y con altas calificaciones el Departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), donde también funcionó un centro clandestino. En el primer año de la dictadura, con el grado de subinspector, fue destinado al célebre grupo de tareas 3.3.2 de la Armada con base en la ESMA. En agosto y en septiembre de 1976 hizo los cursos “antisubversivo” y de “informaciones”, y el 17 de noviembre de ese año fue recomendado por su actuación en “procedimientos antisubversivos”.

El secuestro de Abriata, de 24 años, fue el 30 de octubre a la madrugada, dos semanas antes de aquella “recomendación”. La patota fue primero a la casa de los padres, donde voló la puerta y se llevó al padre para que señalara el departamento de Elcano 3235 donde vivía Hernán y su esposa. Allí un oficial que se identificó como “inspector Sandoval, de Coordinación Federal”, le informó a la mujer que estaba a cargo del operativo y que se llevaban al joven “por una denuncia en la facultad”. Ya en la ESMA, al menos tres sobrevivientes declararon que lo vieron en la navidad de 1976. Abriata les contó que lo habían interrogado, que lo habían llevado a una quinta en un lugar que desconocía y que esperaba recuperar su libertad, apuntaron los jueces.

El principio del fin de la impunidad fue una nota de Página/12 publicada en 2008 que identificaba al entonces asesor de “inteligencia económica” del presidente Nicolás Sarkozy como ex miembro del G.T.3.3.2. El fiscal Eduardo Taiano recibió entonces los testimonios de familiares de Abriata, que recordaron a los represores como “jóvenes de entre 25 y 30 años” y describieron a Sandoval como de “estatura media, cabello castaño, tez blanca y contextura robusta”. Varios sobrevivientes de la ESMA, por su parte, recordaron a “Churrasco” o “Churrasquito” como un policía que oficiaba de agente operativo del grupo de tareas.

En 2012 el entonces juez federal Sergio Torres ordenó su indagatoria. Como Sandoval no se movía de Francia, lo declaró en rebeldía y pidió su captura internacional. Comenzó entonces el largo proceso de extradición. El ex policía apeló a todas las artimañas legales posibles para dilatarla. En 2017 la Cámara de Apelaciones de Versalles dictaminó a favor de su traslado para ser juzgado y en agosto de 2018 el primer ministro francés acordó la extradición para juzgarlo por el secuestro y las torturas a Abriata. Su última apelación fue rechazada por el Consejo de Estado de Francia el 11 de diciembre.

Sandoval llegó detenido a Ezeiza en un vuelo de Air France el lunes 16. Las primeras imágenes muestran a un hombre delgado que camina mirando el piso, con boina y anteojos de marco fino. Al día siguiente se negó a declarar ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que el viernes 20 lo procesó como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad de Abriata y lo embargó por un millón y medio de pesos.

Entre las ocurrencias para cuestionar su procesamiento Sandoval dijo que al  ser indagado estaba “bajo los efectos de medicación” y “no pudo comprender” la acusación. Los camaristas lo refutaron citando a la perito oficial que certificó su estado de salud y destacaron que estuvo en todo momento acompañado por su defensora Elena Rita Genise (integrante de una asociación de abogados de genocidas y a quien el gobierno de Mauricio Macri designó en 2018 en un cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, al que renunció cuando trascendió su perfil negacionista del terrorismo de Estado).

Irurzun y Llorens le negaron la excarcelación. Argumentaron que está procesado por un delito permanente pues se desconoce el destino final de la víctima por el silencio de los perpetradores y se explayaron sobre los riesgos procesales. Recordaron que Sandoval fue promovido al grado de subcomisario (R.O.) de la Policía Federal en 1999 y dos años después esa fuerza lo designó “asesor externo ad hoc y ad honorem en asuntos nacionales e internacionales en estrategias, modalidades y tecnologías aplicables a la función policial”, que desempeñó al menos hasta 2006. Esos datos sugieren que “cuenta con conocimientos y medios que le facilitarían evadir el accionar de la justicia”. El peligro de fuga se funda en que todos sus lazos están en Francia y en que estuvo prófugo más de siete años. El riesgo de que entorpezca la causa surge de los cargos que llegó a ocupar, los lazos que supo tejer y que podrían facilitarle “protección y/o medios de elusión” de la justicia. Su liberación facilitaría "el mayor acceso a estructuras formales o informales de poder" y aumentaría "el riesgo de presión sobre los testigos”.