Frente a una larga lista de obstáculos todavía vigentes, el autocultivo de cannabis en Argentina está finalizando su gran década madurativa. Fueron diez años en los que, incluso ante la ilegalidad y la persecución recurrente, la jardinería cannábica para uso medicinal o recreativo dejó de ser una práctica aislada para convertirse en un modo cada vez más generalizado de abastecimiento, tanto en jóvenes como en adultos. Diez años en los que proliferaron por miles los grow shops, que en todo el país se convirtieron en centros de información y de divulgación para un cultivo más eficaz y de calidad, y para un consumo enfocado en su efectividad terapéutica y medicinal.

Diez años, también, en los que la madurez del debate interno sobre sus múltiples propiedades, ya no solo para beneficio de humanos sino también de mascotas, se coronó con la primera Expo Cannabis Argentina de octubre pasado, un evento multitudinario que reunió a cultivadores de todo el país y el mundo, y que celebró –nada más y nada menos que en La Rural, epicentro simbólico del conservadurismo argentino– el avance de un debate social que sólo espera por una legislación a la altura.

Para la marihuana, la década que se va empezó el 25 de agosto de 2009 con el fallo Arriola, en el que la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes (N° 23.737), que castiga la tenencia para consumo personal con penas de prisión que van desde un mes a dos años (sustituibles por medidas educativas o de tratamiento). Ese fallo, que se recuesta en eso de que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”, parecía venir a correr de una vez por todas el eje de la disputa en la política de drogas, apuntando a los responsables del negocio clandestino en vez de cargar contra usuarios y autocultivadores.

Pero nada de eso cambió. De hecho, durante los últimos cuatro años de gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, se apostó a la estigmatización y a la persecución de usuarios y de cultivadores, desplegando operativos irrisorios –muchos de ellos para decomisar solo un par de plantas y algún picador vacío–, con el objetivo de alimentar el márketing de una campaña vacua contra el narcotráfico diseñada para repercutir en las urnas.

El cannabis volvió a ser medicina

Según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, tan solo entre 2017 y 2018, en los tribunales federales aumentaron el 23 por ciento las causas vinculadas con la tenencia de estupefacientes para consumo personal, con un promedio de 22 expedientes iniciados cada 24 horas. En estos últimos años se multiplicaron casos como los de Adriana Funaro, detenida por cultivar para producir aceite buscando mitigar los dolores de la artrosis, o el de Damián Raña, que se trataba dolores producto de un accidente y estuvo preso cinco meses.

“La misma policía actúa de acuerdo con la ley, y si no hay delincuentes los crea, convierte en delincuentes tanto a cultivadores como a usuarios. Y suman puntos. Y los dejan adentro para que se haga cargo la Justicia”, le dijo Raña en diciembre pasado a la revista THC, poco después de lograr la prisión domiciliaria. “Pero esto va a cambiar: somos muchos quienes cultivamos, veo que cada vez somos más los que queremos cultivar y los que estamos pidiendo lo mismo.” Y así como las razones del cultivo, también fueron mutando las formas de uso, con el aceite de cannabis como tendencia, el vaporizador como compañero y el rosin como el próximo paso.

Como en aquel 25 de agosto de 2009, el comienzo de 2020 vuelve arrojar un poco de lucidez y esperanza sobre el tema, de cara a otra nueva década. El presidente Alberto Fernández dispuso estudiar “la posibilidad de regular el consumo y el autocultivo“. En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud, Daniel Gollán, dijo que “debería despenalizarse el uso del cannabis, tener alguna regulación como en Uruguay”; y el de Seguridad, Sergio Berni, vaticinó que ”la marihuana será el reemplazo del tabaco” y propuso ”estudiar la legalización y la comercialización para el uso personal”.

Incluso la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró que el costo para el Estado invertido en la persecución de usuarios de marihuana es altísimo, una estrategia torpe e inviable. “Muchos de quienes consumen lo hacen con fines recreativos, además del consumo para fines medicinales”, apuntó Frederic, cristalizando su postura. “Ese consumo recreativo sabemos que produce menos daño que el consumo de alcohol, y no vamos a convertir el alcohol en ilegal“.