Desde Santa Fe
La Cámara de Diputados comenzó a cambiar de fase. El 30 de diciembre, archivó el pedido de Omar Perotti para declarar la emergencia en la provincia sin siquiera discutirlo en comisiones. Y ayer, veintidós días después del palo en la rueda, expresó su “compromiso institucional” de tratar las leyes sobre el mismo asunto que el gobernador reenviará a la Legislatura en la última semana de enero y hasta acordó una agenda de debate que incluirá la convocatoria al ministro de Seguridad Marcelo Sain, al presidente de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez y al jefe del Ministerio Público de la Acusación Jorge Baclini. El ejecutor de ambos operativos es el mismo: el presidente de la Cámara, Miguel Lifschiz, quien en tres semanas pasó de decirle que no a Perotti, a interrumpir el receso parlamentario y reunir a 34 diputados, la mayoría de ellos del bloque que festejó el archivo de la emergencia. Lo apuró la escalada en Rosario: 20 homicidios en 20 días, entre ellos un asesinato al voleo en el City Center. Pero también la acción política del centroizquierda que lo puso a la defensiva: el presidente del bloque Igualdad Rubén Giustiniani le pidió que convoque a una sesión extraordinaria –este jueves 23- para tratar la crisis. Lifschitz citó a la reunión de ayer. Giustiniani planteó que el abordaje de la “emergencia en seguridad” debía incluir la convocatoria a Sain, Gutiérrez y Baclini. El documento que aprobó la Cámara admite que “las organizaciones criminales ponen en peligro la convivencia pacífica de los santafesinos” y llama “a los tres poderes del Estado a actuar de manera enérgica y coordinada frente a esta situación”. “Estamos en emergencia” económica y en seguridad, dijo Giustiniani y le metió más presión política a Lifschitz: “Cuando el gobierno envíe las leyes debemos tratarlas lo más rápido posible”.
La Legislatura está cerrada hasta el 1º de febrero. Pero ayer, entre tachos de pintura, Lifschitz interrumpió las vacaciones, abrió su despacho y reunió a la comisión de Seguridad, que aún no se sabe quiénes la integran. Le respondieron 34 legisladores. A su derecha, ubicó el ex ministro del ramo Maximiliano Pullaro y a la izquierda, a otro radical y socio político de Pullaro, Juan Cruz Cándido.
Al final, salió por unanimidad un documento sobre “la situación de violencia e inseguridad en la provincia”. Es la gran autocrítica al operativo de diciembre. Porque admite que las "organizaciones criminales" que operan en Rosario "ponen en peligro la convivencia pacífica de los santafesinos" y convoca "a los tres poderes del Estado para actuar de manera enérgica y coordinada frente a esta situación".
"La violencia, el narcotráfico y la inseguridad -agregó- son fenómenos complejos que tienen múltiples causas y sólo pueden ser abordados con éxito en el marco de políticas de Estado sostenidas en el tiempo, sobre la base de amplios consensos políticos e institucionales". Precisamente, lo que planteaba el ministro Sain en el proyecto que el Senado le recortó a la mitad y el bloque de Lifschitz mandó al archivo el penúltimo día de 2019.
"Tenemos que dar una respuesta fuerte de unidad desde la dirigencia política en la Cámara ante las bandas criminales" Giustiniani
La Cámara expresó su "total predisposición" a "colaborar con el gobierno" de Perotti y hasta se declaró lista para tratar "cualquier proyecto que contribuya a generar herramientas idóneas para enfrentar" la "emergencia" que la "violencia " y la "inseguridad" han producido en la provincia. Y reveló el mismo espíritu para considerar las otras leyes que el gobernador había pedido en diciembre: la emergencia social, alimentaria y sanitaria, que Lifschitz y sus diputados mandaron al archivo. El compromiso legislativo omite la emergencia económica. No parece un olvido.
Giustiniani interpretó lo mismo que sus colegas, que Lifschitz llamó a la reunión de ayer porque su bloque -que integra con la diputada Agustina Donnet- le pidió una sesión especial este jueves para tratar la "emergencia en seguridad". "Tenemos que dar una respuesta fuerte de unidad desde la dirigencia política en la Cámara ante las bandas criminales que han escalado en Rosario a una situación inédita de matar al voleo” en el City Center, dijo. Y consideró muy positivo que el ministro Sain “coordine la política de seguridad con el gobierno nacional y los municipios". “Es fundamental la coordinación de los tres niveles del Estado. Y también de los tres poderes del Estado”. Por eso, él propuso convocar al ministro de Seguridad, al presidente de la Corte y Baclini a la Legislatura para darle volumen político a la sanción de las leyes.
“Es fundamental una respuesta unitaria de la política”, dijo Giustiniani. “Es necesario que todos actuemos en una misma dirección. El tironeo que vimos en diciembre nos lleva a un punto de suma cero. Es bueno el diálogo, por eso rescato que nos hayan convocado desde el Ministerio de Gobierno, nos parece positivo que definamos una agenda para tratar los proyectos, tanto de emergencia en seguridad como la emergencia económica. Y que ambas Cámaras trabajemos en febrero en este sentido para que el Ejecutivo tenga las herramientas que necesita para abordar la emergencia y sancionemos las leyes que requiere la provincia”, concluyó.