Antes codiciadas y necesarias, tanto por su función social como por su potencial como herramienta electoral, hoy las cooperadoras asistenciales parecen haber perdido el encanto de otra época reciente y entre provincia y municipio se la pelotean sin hacerse cargo, ni poder dar respuesta a los casi 300 empleados que ven tambalear sin rumbo su fuente laboral.
Ayer fue una nueva jornada protesta para los trabajadores, en este caso en frente del Centro Cívico Municipal, ya con la certeza de que se dieron de baja 28 contratos de planta política, tal como les informó la directora de la institución, Adriana Portal.
Según explicó Rodrigo Godoy, uno de los delegados de los empleados, la funcionaria les dijo que los contratos habían finalizado el 10 de diciembre y que desde entonces no deberían haberse presentado a trabajar. Pero ante la falta de una notificación oficial los trabajadores continuaron con sus tareas, e inclusive les fue liquidado el sueldo del mes completo de diciembre, lo que entendieron como un gesto para la renovación.
Ahora quedaron en medio de la incertidumbre sobre su futuro porque si bien ya tiene la confirmación oficial de que no siguen, no pierden las esperanzas que la decisión se revierta y en ese sentido continuan acompañando las protestas que se vienen haciendo todos los trabajadores.
El plantel de la cooperadora cuenta con 145 empleados de planta permanente, 110 temporarios y 28 agrupamientos políticos, que son los que fueron dado de baja, y 14 más contratados como locación de servicio.
Cómo ente autárquico estos organismos tienen autonomía y capacidad para nombrar personal. El manejo ejecutivo estaba en manos de los intendentes pero los fondos que recibían eran de índole provincial producto del impuesto específico que se recaudaba. De ahí que se interprete que los trabajadores tengan una mayor relación con la provincia.
Tuya, mía, de los dos
En las últimas 24 horas se dio un enredo de declaraciones de funcionarios provinciales, en primer lugar habló el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes, que hasta noviembre fue presidente de la cooperadora, y se mantuvo firme en la postura mostrada en estos días sobre que van a desaparecer esas instituciones.
Sin embargo llevó tranquilidad solo a los empleados de planta permanente, al asegurar que serán reubicados en otras dependencias y funciones. También expresó que continuarán los programas financiados por la provincia que se ejecutaban por la cooperadora y el más importante, la Copa de Leche, será sustentada totalmente con fondos provinciales.
Mientras, casi en paralelo, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, decía a los medios que la municipalidad era la encargada de ver que se hace con los empleados, porque era la intendenta capitalina, Bettina Romero, la que debía decidir el futuro de la cooperadora y como trabajar la ayuda social.
Finalmente en una entrevista en Canal 11, el gobernador Gustavo Sáenz, zanjó la polémica con una posición intermedia, al garantizar que los trabajadores no serán la variable de ajuste “porque nos son los culpables de una decisión política que terminó con el impuesto que financiaba a las cooperadoras”.
Pero el primer mandatario no explicó con detalles como se ejecutará esa garantía, basicamente porque deben primero reunirse los de provincia y municipio para hacer el reparto de empleados. Al respecto confirmó que instruyó a sus ministros a abordar esta tarea, y del lado del municipio se anunció para hoy a las 9 una conferencia de prensa de los coordinadores jurídicos y de planificación, Daniel Nallar y Bernardo Racedo Aragón en la que seguramente se referirán a este tema.
Sáenz, que recordó haber sido tres veces presidente de la cooperadora, también señaló que continuarán todos los planes y tareas de asistencias que presta ese organismo, pero sin dar mayores precisiones de como se aplicará, porque seguramente será otro de los temas que deberán acordar ambos gobiernos.
Por último comparó la situación con lo que pasó con el Fondo Soja que llegaba a los municipios para obra: “Cuando cortaron de Nación el Fondo Soja a nadie se le ocurrió disolver Obras Públicas y echar gente, esto es lo mismo”.
Emergencia Social en Chicoana
El intendente de Chicoana, Esteban Ivetich, adelantó en conferencia de prensa que llamará a sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante para que se declare la Emergencia Social en el municipio ante el desfinanciamiento de la cooperadora.
El jefe comunal señaló que así podrá disponer de la herramienta necesaria para reacomodar partidas que se destinarán a suplir los fondos que no llegarán para los abonos sociales de colectivos, el funcionamiento del transporte municipal, plan pan casero y demás ayuda que prestaba la cooperadora. Igualmente advirtió que en muchos de esos casos ya se solventaban con fondos municipales.
“Nosotros aprobamos un presupuesto en noviembre, pero las circunstancias cambiaron y obligan a tomar este tipo de medidas”, explicó.
El año pasado la cooperadora de Chicoana recibió unos 2.500.000 pesos que ya no llegarán en el 2020, por eso Ivetich adelantó que se afectará a otros items, como la obra pública: “Quizás no podamos poner un nuevo alumbrado o pavimentar una calle, pero lo otro es asistencia urgente que no podemos dejar de brindar”.
Además anunció que junto con todo el gabinete dispusieron donar el 15 por ciento de sus sueldos para paliar en parte el desfinanciamiento y adelantó que con Nación articularán nuevos programas tanto a nivel asistencial como de infraestructura.
El intendente de Chicoana fue uno de los que expresó su preocupación cuando se anunció el fin del envío de fondos para las cooperadoras y en la semana se viralizó la foto de un cartel pegado en el muncipio en el que culpaban al Gobierno provincial por su cierre.
