Desde el Juzgado Federal de Orán se ordenó a EDESA, GASNOR y Aguas del Norte mantener la prestación del servicio a los usuarios que presentaron un amparo. La orden sostiene que las empresas no pueden suspender la prestación por falta de pago.

La disposición, indica la resolución, se extenderá “hasta que se resuelva definitivamente la acción de amparo presentada, bajo apercibimiento de que si así no lo hicieren serán pasibles de sanciones de astreintes que se graduarán oportunamente de ser el caso”.

La resolución es del juez Gustavo Montoya, quien recibió la causa luego de que la justicia provincial sostuviera que era de competencia federal por estar la empresa de gas involucrada en el reclamo y ser esta una prestataria interjurisdiccional en el norte del país.

La amparo se presentó el 24 de octubre pasado, de la mano del ex secretario de Gobierno de Orán y ex candidato a diputado provincial por ese departamento, Javier Tártalo. Hubo vecinos que entendieron que la presentación tuvo tinte electoralista. Con esta nueva resolución, Tártalo aseguró que continuará con las actuaciones necesarias para evitar que haya usuarios que se queden sin los servicios públicos por falta de pago debido a los altos costos de las tarifas. Sin embargo, reconoció que precisará de la ayuda de los legisladores e intendentes del departamento norteño para continuar con las actuaciones.

La presentación del amparo tiene por objeto que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de las tarifas impuestas por EDESA, GASNOR y Aguas del Norte porque se tornaron “de imposible cumplimiento estas tarifas por su elevado monto en conjunto con la situación económica reinante en nuestro país”.

Soluciones y multas

Una de las soluciones encontradas por vecinos de una zona donde el calor, incluso a la noche, a veces supera los 40 grados en el verano, fue “engancharse” de la luz, o modificar la lectura de los tableros. Desde EDESA se denunció a los técnicos que realizaban estos trabajos y se dispusieron multas contra quienes recurrían a estas prácticas. En algunos casos, las facturas llegaron a ser de 70 mil pesos. Desde la empresa se explicó que allí se incluía la multa.

Si bien los amparistas reconocieron que podría haber una irregularidad, entendieron que antes de multar, el caso debería pasar por la Justicia.

Algunos vecinos terminaron sin medidor, pues la empresa se los sacó tras detectar la irregularidad. Para la reinstalación del medidor “tienen que pagar la multa o gran parte de ella”, explicó Tártalo.

En contrapartida, dijo que el servicio no llega a tener 220 voltios en algunos lugares. Esto afectó incluso a una escuela de la localidad de Colonia Santa Rosa “en donde por esfuerzo de la comunidad educativa se compró un aire acondicionado y no lo pueden usar”, por la falta de la potencia necesaria.

Aunque Tártalo no recordó el número de reclamantes (fue por cada plaza de los pueblos principales del departamento difundiendo la presentación), entendió que a algunos ya les sacaron el medidor durante estos meses. Estimó que ante ello deberán conocer cómo siguen adelante con la orden judicial, dado que algunos usuarios precisarían de la reinstalación del servicio.

En cuanto a Aguas del Norte, aseguró que hay facturas de 3 mil pesos a usuarios que incluso (como suele suceder en Orán), deben juntar el agua por la noche porque no hay suficiente presión en el día.

En el caso de GASNOR, explicó que la rotura de un caño de gas implica un problema porque la empresa “anula toda la instalación”. El usuario debe entonces hablar con un gasista matriculado y “solo para arrancar, te cobran 10 mil pesos”.

Una solución sería contar con un subsidio del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP). Pero, indicaron en la demanda, para ser beneficiaria, una persona debe ganar por debajo de los 2500 pesos.